La justicia estrecha el cerco sobre Santi Vidal

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Un juez de Barcelona acepta una denuncia contra el exsenador, quien había afirmado que la Generalitat recoge ilegalmente información de los contribuyentes

Santiago Vidal, ex senador por ERC, en una imagen de archivo. / EFE

Barcelona, 09 de febrero de 2017 (19:00 CET)

El exsenador Santi Vidal (ERC) será investigado por la justicia. Declaró que la Generalitat recoge información fiscal de los catalanes, una recopilación de datos que admitió que es "ilegal". El juzgado de instrucción 13 de Barcelona admitió a trámite la denuncia contra el político, que fue presentada por un particular y le investigará por los supuestos delitos informáticos y de revelación de secretos.

Además, el magistrado ha enviado un requerimiento al Senado para que certifique si Vidal sigue siendo miembro de esta Cámara o si por el contrario, ha abandonado el escaño y en qué fecha. El político independentista anunció que había renunciado a su escaño pocas horas después que las informaciones periodísticas revelaran sus afirmaciones, realizadas en una conferencia en noviembre del 2016.

La investigación que ha abierto el juzgado de Barcelona transcurre en paralelo a las diligencias que abrió la Fiscalía Superior de Cataluña para indagar, a raíz de las manifestaciones de Vidal, si el gobierno catalán cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos al apoderarse ilícitamente de datos fiscales reservados.

No obstante, en caso de que las dos investigaciones coincidan, el ministerio público debería dejar las diligencias en manos del juzgado de instrucción, al estar bajo la tutela judicial. Las diligencias del ministerio público se centran también en averiguar si la Generalitat elaboró informes relativos a la ideología de los jueces que ejercen en Cataluña, como dijo en sus conferencias el exsenador de ERC.

Nueva querella

Por otra parte, el TSJC también está pendiente de resolver si admite a trámite una querella que el partido Vox presentó contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consejeros Oriol Junqueras y Carles Mundó, a raíz de las manifestaciones del exsenador.

El 3 de febrero, la fiscalía pidió al Constitucional que desestimara la admisión a trámite de la querella de Vox, al considerar "prematuro" emprender acciones penales contra los miembros del gobierno catalán mientras no se compruebe la veracidad de las declaraciones de Vidal.

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