La justicia investiga los contratos de la fundación privada de Sant Pau

La última línea de investigación de las presuntas irregularidades en el Hospital de Sant Pau toma fuerza. El fiscal Emilio Sánchez Ulled y el juez Juan Emilio Vilá Mayo han empezado a husmear en la relación entre la fundación de gestión sanitaria y la fundación privada y su incidencia en la insolvencia del centro sanitario.

El fiscal avala el informe que los peritos de Hacienda remitieron hace un mes, donde se detectaba que los fondos de la fundación privada se destinan al pago de sueldos y de operaciones externas (la mayoría en el sector inmobiliario) y no a labores que tengan que ver con el día a día del hospital.

Los trabajadores del Sant Pau, que abrieron el melón de esta causa con varias denuncias, sospechan que ese dinero se dedica a usos irregulares. Algunos indicios apuntan a contratos ficticios e incluso negocios fuera del ámbito sanitario.

Por ahora, el juez, a petición de Sánchez Ulled, ha requerido a la Seguridad Social la lista completa de trabajadores de la fundación privada y sus datos. Fuentes judiciales aseguran que probablemente se soliciten más diligencias después de que los técnicos de Hacienda ratifiquen su informe en la declaración ante el juez prevista para el 4 de noviembre.

Organización del Sant Pau

La estructura del Hospital de Sant Pau es compleja. El centro sanitario se divide en tres fundaciones. La privada, que gestiona el ingente patrimonio proveniente de donaciones a la entidad; la de gestión, que se ocupa del día a día del hospital; y finalmente la de investigación. Las tres se encuentran entrelazadas e incluso comparten patronos.

La plantilla, a través de su abogado Vicente López Mourelo, asegura que la situación crítica en que se encuentran las finanzas del hospital de Sant Pau no se corresponde con la riqueza que se acumula en la fundación privada. La dirección lo había negado hasta ahora. El demoledor informe de la Agencia Tributaria tumba esa afirmación.

El fiscal, según recoge el juez en su auto, constata que los ingresos de la fundación provienen de la actividad immobiliaria. “Es esta la partida que no aparece destinada a un fin sanitario, sino al pago de sueldos y actuaciones externas”, indica el escrito. En este contexto, Sánchez Ulled pide la relación de trabajadores entre los años 2009 y 2014 para poceder a investigar los cargos que se estimen relevantes.

Delitos y límites de la investigación

Vilá Mayo quiere evitar que esta causa se convierta en una investigación universal. Pide contención procesal pero señala que las pesquisas hechas hasta ahora son correctas. “Las diligencias que pide el fiscal son procedentes porque guardan relación directa con el objeto procesal; efectivamente, dentro de los límites razonables, ha de conocerse el destino dado al activo de la fundación privada».

Tal y como está la investigación ahora, el juez considera que se podría haber incurrido en delitos de abuso de bien social previstos en los artículos 205, 297 y 296.2 del Código Penal. Tampoco descarta un delito societario ni que se realice una ampliación de denuncia para incluir delitos fiscales.

Otras investigaciones

El fiscal también ha considerado sospechosa una operación inmobiliaria frustrada en la que participó Sant Pau y en la que acabó perdiendo dos millones de euros en favor del Grup Med Corporatiu –vinculado al Colegio de Médicos de Barcelona–. La operación de Can Masdeu, destapada por Economía Digital tras un análisis de un informe de la Sindicatura de Comptes, acabó en un desastre y en una indemnización a este grupo de empresas.

La acusación particular presentó una denuncia en la que señalaba posibles delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho.