Josep Rull y Jordi Turull, antes de entrar en prisión. EFE/Archivo

La restitución de los exconsellers presos bloquea la formación de gobierno

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El intento de Torra de nombrar consellers encarcelados convierte la formación de gobierno en un nuevo pulso con Rajoy, que no está dispuesto a consentirlo

Barcelona, 19 de mayo de 2018 (04:55 CET)

El primer pulso que Junts per Catalunya (JpC) planteó al gobierno y la judicatura fue el de la investidura, y se prolongó casi cinco meses. El segundo, el de la toma de posesión de Quim Torra, y el tercero, el que ahora está encima de la mesa, es el de la restitución de los exconsellers que Torra, con el visto bueno de su antecesor, Carles Puigdemont -o Puigdemont, con el visto bueno de Torra-, se ha sacado de la manga.

Claro que si JpC quiere hacer casus belli, también está dispuesto a ello el gobierno español, como advirtió este viernes el portavoz del ejecutivo, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, que apeló al “sentido común” para descartar la posibilidad de que el futuro gobierno catalán tenga consellers encarcelados.

Torra ya se encastilló con el formato de su toma de posesión y acabó saliéndose con la suya

Pero Torra, que ya se encastilló con el formato de su toma de posesión y acabó saliéndose con la suya, está empeñado ahora  en nombrar consellers a todos aquellos miembros del gobierno de Puigdemont que así lo quieran.

En realidad, por lo que respecta a los que están en prisión, la cuestión tan solo afecta al exconseller de Presidencia Jordi Turull y al de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull. El también postconvergente Joaquim Forn ya declinó la posibilidad de volver a asumir cargos públicos, y en ERC no están por la labor. Al contrario, los de Oriol Junqueras entienden que la batalla de la restitución, como antes la de la teleinvestidura, tampoco les ayuda en su estrategia de defensa.

El nuevo presidente catalán tiene previsto visitar a los encarcelados y plantearles la cuestión uno a uno el lunes

El nuevo presidente catalán tiene previsto visitar a los encarcelados y plantearles la cuestión uno a uno el lunes. La toma de posesión de los consellers es equivalente a la del propio Torra: primero, se emite  el decreto de nombramiento y luego se produce la toma de posesión, en la que el escogido ha de jurar o prometer el cargo.

El recurso, preparado

Méndez de Vigo advirtió que la única forma en que los políticos en prisión podrían tomar posesión de su cargo sería de forma presencial, es decir, si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena les autorizara a salir de la cárcel para asistir al acto institucional. Y no parece probable, teniendo en cuenta que Llarena ya ha denegado permisos para asistir a sesiones de investidura tanto a Turull como al expresidente de la ANC Jordi Sànchez. A este, en dos ocasiones.

El gobierno alegaría una vulneración de los derechos de los diputados de la oposición, que no podrían ejercer su función de fiscalización de los consellers en prisión

Si Torra persistiera en su intento, ya está preparado el argumentario de un eventual recurso al Tribunal Constitucional (TC). El recurso, cuya admisión a trámite supondría la suspensión cautelar automática de la toma de posesión -como ya pasó con la reforma de la ley de presidencia diseñada para avalar la teleinvestidura de Puigdemont- alegaría que la situación de prisión de Rull y Turull supondría una vulneración los derechos de los diputados de la oposición, porque no podrían ejercer su función parlamentaria de fiscalización de los consellers, argumentan fuentes del gobierno.

Ese mismo planteamiento podría ser de aplicación en el caso de que se nombrara a alguno de los exconsellers expatriados, a los que Torra también les ha hecho el ofrecimiento de restituirlos, aunque las mismas fuentes no han precisado si también se utilizaría si ese fuera el caso.

El 155, hasta que se forme gobierno

El nuevo pulso podría dilatar la formación del ejecutivo, que se supone que Torra quería nombrar de manera inmediata, pero para cuyo nombramiento el Estatuto de Cataluña no fija ningún plazo máximo.

Eso sí, según consta en el acuerdo del Congreso para la aplicación del artículo 155 que después ratificó el Senado, el levantamiento de la intervención no se producirá hasta que se haya formado el nuevo gobierno catalán, pese a que el despliegue del 155 empezó a desmantelarse el mismo día de la investidura de Torra, cuando el que ha sido el supervisor de los Mossos d’Esquadra desde la entrada en vigor de la intervención, Juan Antonio Puigserver, ya dejó su despacho en el departamento de Interior y se volvió a Madrid.

Lo mismo vale para esa primera reunión entre Torra y Rajoy, que, si hacemos caso de las afirmaciones de uno y otro, se supone que debería ser un primer gesto para destensar la situación e iniciar un diálogo institucional que el independentismo quiere “sin límites” y el ejecutivo apostilla que ha de ser “dentro de la ley”. Torra solicitó ayer viernes la cita a Rajoy por escrito, pero Méndez de Vigo precisó que el encuentro todavía no tiene fecha fijada porque todavía no hay un gobierno formado en Cataluña.

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