Dos Mossos d'Esquadra salen entre aplausos de una escuela en Sarriá de Barcelona el 1-O. Foto: EFE/AE

Puigdemont ordenó a los mossos espiar a la Guardia Civil durante el 1-O

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La policía autonómica realizó "seguimientos" a agentes de otros cuerpos policiales para establecer "contramedidas"

Barcelona, 16 de septiembre de 2018 (11:00 CET)

El concepto de un cuerpo policial espiando y rastreando a otro cuerpo policial es insólito. Da la sensación de ser un fragmento del guion de un thriller hollywoodense, pero es la realidad que se desprende de las grabaciones policiales del 1 de octubre de 2017 durante el referéndum organizado por el Govern de Carles Puigdemont.

Las cintas policiales de aquella jornada y los registros de los agentes durante los días previos al 1-O corroboran que los Mossos d'Esquadra se dedicaron a espiar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para "establecer contramedidas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenían la misión de evitar la consulta. La policía autonómica desvió patrullas para "realizar seguimientos a agentes de otros cuerpos policiales".

Así lo acredita un informe de 1.000 páginas realizado por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y fechado el 27 de julio, del que este domingo da cuenta el diario El Mundo. El informe se basa en 2.000 grabaciones registradas el 1-O a través de las emisoras de radio de los Mossos y evidencia el marcaje realizado por la policía catalana a la española.

Los mossos no activaron los recursos para impedir el 1-O

La Guardia Civil afirma que desde la dirección de los Mossos se dieron instrucciones para que los agentes espiaran a los cuerpos policiales españoles e identificaran a los agentes policiales de paisano y las matrículas de sus vehículos. De esta forma enviaba "informaciones cruciales" a cargos de la Generalitat a los mandos del referéndum "que eran utilizadas para establecer contramedidas".

El informe acusa al mayor Josep Lluís Trapero de informar "de forma puntual y detalladamente a los responsables políticos de los Mossos de todas aquellas decisiones que, en el marco de las reuniones de coordinación, se llevaban a cabo con la finalidad de evitar el referéndum". Trapero será juzgado por delito de rebelión y está procesado por la Audiencia Nacional por, entre otras cosas, el "dispositivo engañoso" que dirigió el 1-O.

El informe de la Guardia Civil también contempla las llamadas telefónicas realizadas a la Sala Regional de Mando y al Centro de Coordinación que, junto con los audios de los Mossos, llevan a la conclusión de que la policía catalana no activó "los recursos" para impedir el referéndum ilegal.

"La realidad fue que el dispositivo policial diseñado por la Prefectura de los Mossos d'Esquadra aparentaba hacer cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para, con posterioridad, poder justificar su permisividad hacia los organizadores del referéndum y la pasividad con la que actuaron", dice el informe.

La inacción de los Mossos los días previos al 1-O

Basándose también en los registros de las llamadas telefónicas de los Mossos durante el 1-O, El Periódico revela otro informe que la Guardia Civil incluyó en el sumario de la causa. Esta documentación refleja la actuación de los Mossos las semanas previas a la consulta y explica cómo el Govern de Puigdemont indagó los movimientos de la Guardia Civil para sacar adelante sus planes.

El informe recuerda la jornada del 19 de septiembre de 2017, cuando los investigadores del instituto armado se personaron en la sede de la empresa Unipost sin saber que "el Govern de Carles Puigdemont les vigilaba, tenía controlados sus pasos", según el rotativo. 

El Ejecutivo catalán estaba al tanto de todos los movimientos del registro de Unipost porque el secretario general de Interior de entonces, César Puig, reenvió los partes de incidencias de los Mossos al entonces secretario general de Economía, Joep Maria Jové, hoy diputado por ERC en el Parlament y en aquel momento el "número dos" de Oriol Junqueras en la Generalitat.

El número de vehículos del instituto armado, la presencia de antidisturbios, la imposibilidad de que el secretario judicial entrara en la empresa, la presencia de la prensa y los manifestantes, y las incidencias ocurridas fueron algunas de las informaciones que los Mossos enviaron al Govern durante aquellas pesquisas que depararon en en la incautación de 45.000 certificaciones de notificaciones para los oficios de las mesas electorales.

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