La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una comparecencia el pasado viernes. De las diez principales empresas morosas con Hacienda, nueve son del sector inmobiliario. /EFE/Emilio Naranjo

La trampa del Gobierno para saltarse ahora el déficit en el Congreso

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El Ejecutivo tambien evitará explicar las subidas fiscales que planea para no entorpecer la negociación de los Presupuestos con sus socios

Nuria Val

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una comparecencia el pasado viernes. De las diez principales empresas morosas con Hacienda, nueve son del sector inmobiliario. /EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 06 de octubre de 2020 (06:55 CET)

El Gobierno no piensa llevar esta semana a votación en el Congreso la senda de déficit escudándose en la desaparición de la regla de gasto (la cual se diseñó para que los ayuntamientos no pudieran consumir el superávit de sus cuentas).

Con el propósito de sortear la falta de apoyos en el Congreso, el Gobierno recurrirá a una trampa que consiste en presentar a votación la eliminación de la regla de gasto para contentar a los alcaldes y ahí “informar” a las comunidades y al Congreso de una “referencia” de déficit porque “la senda ha quedado desfasada”.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que prometía presentar a votación “en las próximas dos semanas” la revisión de la senda de déficit, antesala de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya no está dispuesta a hacerlo alegando que “es una previsión y no un objetivo como tal”.

La iniciativa, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros junto al techo de gasto, se comunicó este lunes de manera formal a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Con este trámite, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ahorra dejar en evidencia que no tiene los apoyos suficientes para superar la votación y gana tiempo para la negociación de las cuentas públicas. Evita, además, dar a conocer las subidas de impuestos que pretende para evitar discrepancias con sus socios de investidura.

El Ejecutivo se ampara, específicamente, en el artículo 135.4 de la Constitución, nunca utilizado para este asunto, el cual contempla que los límites de déficit y deuda pueden superarse "en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".

"Circunstancias excepcionales"

La ministra explicó que el texto que llevarán al Congreso contendrá las “circunstancias excepcionales, derivadas de la pandemia sanitaria", una medida "algo excéntrica", pero obligada por "seguridad jurídica", declaró.

Fuentes conocedoras aseguran que esta “maniobra” podría ser de dudosa legalidad y sostienen que el Ejecutivo pretende “alargar la tramitación de los Presupuestos porque va a tener que aprobar la senda fiscal, y la presentación del anteproyecto necesita primero del refrendo de las dos Cámaras -Congreso y Senado- de los objetivos de déficit y de deuda pública”.

Montero explicó que la idea del Gobierno es hibernar la senda de déficit del plan de estabilidad “en tanto no se aclare el panorama económico” y utilizar, mientras tanto, unos objetivos de déficit orientativos para facilitar a las diferentes administraciones la elaboración de sus presupuestos. Unas explicaciones a las que los expertos consultados añaden la de rebajar la preocupación a los inversores y calmar a los mercados ante la crisis que se viene.

Una maniobra para eludir la reducción del déficit

Así, el Gobierno evitará tener que presentar ahora ante el Parlamento sus planes de reducción de déficit para el período 2022-2024. Es decir, su hoja de ruta sobre los ajustes o las subidas fiscales a realizar para intentar estabilizar las cuentas, un asunto nada baladí que podría condicionar la negociación de los Presupuestos con los socios del Gobierno de coalición.

La maniobra no ha gustado a la oposición. Precisamente este lunes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, exigió al Gobierno “claridad” a la hora de cuál va a ser la evolución de las cuentas públicas durante los próximos años y que la hoja de ruta se someta a la evaluación y votación del Parlamento.

Desde el PP ya advierten que darán batalla: "En ningún artículo de la ley de Estabilidad Presupuestaria se dice que la 'cláusula de escape' (el artículo que esgrimen de la Carta Magna) exima al Gobierno de someter al Congreso la actualización de los objetivos de estabilidad".

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