El Tribunal de Cuentas exigirá a Artur Mas que responda con su patrimonio por los gastos del 9-N.

Mas se ampara ahora en la Constitución para recurrir su inhabilitación

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Mas esgrime en su defensa que la condena vulnera preceptos de la Constitución

Barcelona, 21 de marzo de 2017 (19:01 CET)

Artur Mas se ampara en la Constitución para revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El expresidente invoca los derechos constitucionales a la participación, a la libertad ideológica y a la expresión en el recurso que presentará ante el Tribunal Supremo (TS). El fallo del TSJC condenó a Mas a dos años de inhabilitación por ignorar las indicaciones de la justicia al realizar el referéndum del 9 de noviembre de 2014. El expresidente ya comunicó que recurriría a la justicia europea si fuese necesario

Ahora, Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau anuncian formalmente que recurrirán la resolución judicial. El objetivo es lograr que se desestime el delito de desobediencia al Constitucional. Los encausados alegan que se han vulnerado hasta cinco preceptos constitucionales. En sus escritos para anunciar los recursos de casación hacen referencia la libertad ideológica y de expresión. Al mismo tiempo se acogen al derecho de participación en asuntos públicos.

Otros derechos que creen infringidos por la sentencia del 9N son los de igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, motivación y congruencia de las sentencias y presunción de inocencia, entre otros. De la misma forma, las defensas que desarrollarán en posteriores escritos ante el Supremo aducen que la sentencia vulnera derechos establecidos en el convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH).

La defensa de los tres encausados esgrimen errores de apreciación y valoración en las pruebas. En el caso de Artur Mas, la defensa señala una valoración incorrecta en el informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional, que fue aportado a la causa. Por su parte, la defensa de Ortega alega que varios documentos de la causa "demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios de igual o superior valor" mientras que el abogado de Rigau también ve "error en la valoración" de varias de las pruebas documentales presentadas.

Mas recurre.... pero la Fiscalía también

Los recursos de los exmandatarios no son los únicos que se han aportado a la causa. La Fiscalía Superior de Cataluña insiste en que se les condene por el delito de prevaricación del que quedaron absueltos. El ministerio público les solicita hasta ocho años de inhabilitación por esta presunta infracción.

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