Patronales y sindicatos cargan contra la reforma de la renta mínima de la Generalitat 

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TIJERETAZOS

Los 'consellers' Pilar Fernández Bozal (justícia), Francesc Xavier Mena (empresa) y Josep Lluís Cleries (familia) / EFE

18 de agosto de 2011 (16:37 CET)

La reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI), conocida popularmente como pirmi, ha recibido este jueves un duro varapalo en el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Los grandes sindicatos, patronales y los expertos reunidos en la institución presidida por Josep Maria Rañé han aprobado por unanimidad un dictamen donde dejan claro que la “decisión unilateral” tomada por el Gover de Artur Mas de modificar este subsidio “sin abrir ningún ámbito de diálogo social […] pone en peligro la cohesión social”.

“El ahorro que comporta su aplicación podría verse superado por unos costes sociales materializados en forma de sufrimiento directo de las personas afectadas, sobresaturación de las entidades e instituciones que prestan la atención social y desequilibrios en el orden de nuestra sociedad”. Asimismo, recuerdan que la “finalidad” de la RMI es “cubrir las necesidades básicas y favorecer la reinserción social y laboral de las personas que tengan que ser atendidas”.

Los representantes de UGT, CCOO, Foment del Treball, Pimec, Unió de Pagesos, la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Societats Laborals de Catalunya y varios expertos, han señalado tras reunirse a lo largo de tres días que “en momentos de recesión económica como el actual, cuando muchas personas están en situación de vulnerabilidad, es cuando más se necesitan programas como el de la RMI y cubrir las necesidades de la ciudadanía”.

Una cuestión de “voluntad política”

Al salir del encuentro, los dos grandes sindicatos han coincidido en destacar la facilidad en la que se han puesto de acuerdo las distintas instituciones que conforman el CTESC para firmar el dictamen. “Cuando hablas de personas que cobran de media unos 400 euros al mes no es demasiado difícil llegar a la unanimidad”, ha afirmado la vicepresidenta del consejo a Economía Digital, Aurora Huerga (CCOO).

El portavoz de la UGT, Miquel Àngel Escobar, ha recordado que cuando una unidad familiar vive a lo largo de 30 días con estos ingresos “es muy difícil imaginar una relación laboral que esté menos remunerada”. Precisamente, uno de los argumentos que el Ejecutivo catalán ha puesto encima de la mesa para justificar la reforma del pirmi: que provocaba que muchas personas rehusaran entrar en el mercado laboral porque ingresaban más con el subsidio. “En esta cuestión, el Govern ha hablado demasiado en genérico sin aportar datos concluyentes”, sentencia Escobar. “Una Administración tiene recursos necesarios para hacer frente a los casos puntuales de fraude que surjan”.

Huergo ha cargado contra la otra grande justificación de la reforma, la imposibilidad de las arcas catalanas de hacer frente al pago de la RMI en octubre. “Aquí estamos delante de un problema de voluntad política. Hace dos meses la Generalitat renunció a ingresar 150 millones de euros anuales en concepto de impuesto de sucesiones, cuando el pago del pirmi cuesta 50 millones”.

Comparecencia en el Parlament

Los miembros del CTESC esperan que sus consideraciones no caigan en saco roto. Por el momento, los consellers de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, y el de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, comparecerán en la Diputación Permanente del Parlament (el órgano que suple a la institución en vacaciones) el próximo 26 de agosto. Tal como ha avanzado la presidenta de la cámara, Núria de Gispert, allí darán “toda la información” sobre la polémica modificación.

Se trata de una comparecencia que solicitaron los tres partidos de izquierdas -PSC, ICV-EUiA y ERC- en la que también se buscará aportar más luz sobre la forma en la que se han realizado los cambios, que también ha levantado polvareda. Los ayuntamientos se quejan de que no les avisaron con suficiente antelación de las reformas y de que muchas familias se han quedado colgadas por la decisión, que tachan de “precipitada”, tal como han señalado varios profesionales de la asistencia social consultados por ED.
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