Podemos, PSOE y Ciudadanos piden la devolución de la indemnización para el Castor

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Todos los grupos parlamentarios, con la única excepción del PP, votan a favor del desmantelamiento del almacén de gas natural, mediante una solución que no sea costosa para las arcas públicas

Una de las plataformas del proyecto Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón) antes de que dejara de operar

Barcelona, 29 de marzo de 2016 (19:51 CET)

Podemos, PSOE y Ciudadanos se han puesto de acuerdo este martes en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para exigir el desmantelamiento definitivo del almacén subterráneo de gas natural Castor y para reclamar a la concesionaria, Escal UGS, la devolución de la indemnización de más de 1.350 millones de euros que le concedió el gobierno del PP.

La propuesta de En Comú Podem, con enmiendas del PSOE y de Ciudadanos, se aprobó con 28 votos a favor y 15 en contra. Todos los grupos apoyaron la iniciativa, excepto el PP.

Exigen un calendario sobre el desmantelamiento de las instalaciones

En esta iniciativa, se insta al futuro gobierno a establecer un calendario, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos afectados, para el desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural Castor, situado frente la costa de Vinaroz (Castellón). El desmantelamiento debe incluir un plan de restauración ambiental.

También se propone impulsar las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal UGS, la empresa concesionaria participada por la canadiense CLP, Enagas y por el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez.

En la moción se argumenta que la concesionaria "incurrió en dolo o negligencia imputable y que, por tanto, la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones".

El diputado Josep Vendrell sitúa el rescate de Castor en 4.700 millones

"El rescate con recursos de los ciudadanos de una inversión privada que ha terminado en fiasco", ha constatado el diputado Josep Vendrell, de En Comú Podem, que calcula que este proyecto le ha costado a la ciudadanía más de 4.700 millones de euros.

Los grupos parlamentarios han acordado colaborar con las acciones legales para establecer responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS por los más de 1.000 movimientos sísmicos que se produjeron como consecuencia del almacén de gas natural.

También proponen impulsar modificaciones legislativas para impedir que, en un futuro, vuelvan a ser las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio.
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