Jordi Pujol Ferrusola cuando compareció en el parlamento catalán en 2015.  / EFE/Andreu Dalmau

Pujol reclama al juez que aparte a Grand Tibidabo de la acusación

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La familia Pujol Ferrusola argumenta ante la Audiencia Nacional que Grand Tibidabo no puede acusarles porque se trata de una sociedad en liquidación

Josep Maria Casas

Economía Digital

Jordi Pujol Ferrusola cuando compareció en el parlamento catalán en 2015. / EFE/Andreu Dalmau

Barcelona, 27 de agosto de 2019 (04:55 CET)

Jordi Pujol Ferrusola ha solicitado al juez José de la Mata, del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que aparte a Grand Tibidabo de la acusación en el caso Pujol.

En un escrito dirigido al juez instructor el 6 de agosto pasado, los abogados del primogénito de la familia Pujol argumentan que Grand Tibidabo no está legitimada para ejercer la acusación popular porque se trata de una sociedad mercantil disuelta y en proceso de liquidación.

La representación legal de Grand Tibidabo, el bufete barcelonés Miralbell Guerín, se querelló contra el expresidente de la Generalitat y su primogénito por el supuesto cobro de una comisión relacionada con la venta, en 1991, de la sede del Consorcio Nacional del Leasing (CNL) a la Generalitat. En aquel momento, este edificio era propiedad de Grand Tibidabo, que presidía Javier de la Rosa.

El pasado julio, los abogados de Grand Tibidabo se dirigieron al juez De la Mata para suplicarle que interrogara de nuevo, como investigado, a Jordi Pujol junior. Además, solicitaron la práctica de otras dos diligencias: que se tome declaración a Antoni Parramon, que fue director general de Patrimonio de la Generalitat a principios de los noventa; y que se aporte documentación del caso Grand Tibidabo. En 2008, De la Rosa fue condenado a tres años de cárcel por la descapitalización de la compañía.

En un escrito de oposición presentado en la Audiencia Nacional, la defensa de Jordi Pujol jr advierte que Grand Tibidabo no está legitimada para ejercer de acusador popular porque, desde el pasado mayo, se encuentra en fase de liquidación.

La defensa argumenta que, tal como dispone la ley de sociedades de capital y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las funciones de los liquidadores se limitan a la extinción de la compañía. Por este motivo, solicitan al juez De la Mata que aparte a Grand Tibidabo de la acusación en el caso Pujol.

El juez instructor envió el escrito de la acusación a la Fiscalía para que emita un informe al respecto. Es de suponer que hará lo mismo con el de la defensa. El fiscal del caso todavía no ha tomado una decisión.

El edificio del CNL

Respecto a la venta del edificio del CNL, por un importe en pesetas equivalente a más de 25 millones de euros, la UDEF mantiene en su último informe que se desvió una comisión de 1,5 millones de euros a Acie, una sociedad del propio De la Rosa. La mayor parte del importe fue a parar a Coterma, controlada por LLuis Prenafeta, y una pequeña parte, de menos de 60.000 euros, a Catalana de Mitjans de Comunicació, una editora situada en la órbita convergente. La UDEF apunta a que esta última habría ingresado un importe similar en una de las cuentas andorranas del primogénito de los Pujol.

No obstante, el informe de la UDEF presenta lagunas. En la documentación elaborada por el Ministerio de Economía que aportó Grand Tibidabo a la Audiencia Nacional se apunta que estos 60.000 euros (concretamente, 9,36 millones de las antiguas pesetas) corresponden a un crédito para Set Dies, el suplemento que publicó el extinto diario El Observador. Entonces, el director del rotativo era Vicent Sanchis, que en la actualidad está al frente de TV3.

Según esta documentación, el dinero sirvió para poner en marcha el mencionado suplemento de El Observador, un rotativo que contó con el impulso de Prenafeta. Fuentes próximas a la familia Pujol insisten en que este dinero no tiene nada que ver con un ingreso que se efectuó en una cuenta andorrana de Pujol junior. Los importes ni siquiera cuadran.

La Fiscalía ejerce la única acusación en el caso Pujol. En su momento, desistieron la formación política UPyD, por falta de fondos, y Manos Limpias, después de la detención en 2016 de su secretario general, Miguel Bernard. Hace unos meses, Grand Tibidabo se convirtió en acusación cuando el juez De la Mata aceptó su querella.

El pasado mayo, una junta extraordinaria de Grand Tibidabo acordó la disolución y liquidación de la sociedad. Eso supuso el cese de los miembros del consejo de administración y el nombramiento de liquidadores.

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