Un coche de Uber.

Revés de los asesores de la Generalitat por 'expulsar' a Uber y Cabify

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El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considera que los 15 minutos de precontratación vulneran la libertad de empresa

Barcelona, 25 de febrero de 2019 (19:03 CET)

Pasan los días desde la aprobación del decreto anti-Uber en Cataluña y cada entidad que se pronuncia desmonta la regulación que provocó la salida de Uber y Cabify. El último organismo en echar por tierra la normativa impulsada por el conseller Damià Calvet ha sido el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), encargado de examinar si las normas con rango de ley del Govern se ajustan al Estatuto de Autonomía y a la Constitución. 

El CGE, tras analizar la nueva normativa, considera que los 15 minutos de precontratación obligatoria de un servicio VTC (autorización que utilizan los coches de Uber y Cabify) no son "razonables" y atentan contra la libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución).

"Entendemos que el establecimiento de un intervalo mínimo de 15 minutos sí que vulnera determinados principios y derechos constitucionales. Llegamos a la conclusión, como ya acabamos de indicar, de que la introducción de este tiempo de espera, aunque eventualmente podría actuar como un mecanismo de control preventivo, no es razonable", explica el Consell de Garanties Estatutàries en su resolución. 

Considera, asimismo, que este punto del decreto catalán "dificulta" la actuación de los VTC y tiene un "carácter desproporcionado por su elevado grado de potencial perjuicio".

El 'decreto anti-Uber' de Calvet es anticonstitucional, según el Consell de Garanties Estatutàries

En sus conclusiones, el CGE también considera que el decreto catalán que impulsó Calvet vulnera la libertad de empresa en su disposición adicional, en la que permite que los entes locales puedan incrementar el intervalo del tiempo fijado. 

Este segundo punto fue vital para que el taxi pusiera fin a la huelga indefinida en Cataluña. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), organismo metropolitano que siempre se mantuvo favorable al taxi en sus protestas y que está presidido por Ada Colau, se mostró dispuesto a utilizar esta disposición adicional para incrementar el tiempo de precontratación hasta una hora.

El CGE se pronuncia después de que Ciudadanos presentara un escrito para que esta entidad, que vela por la adecuación de las normas con rango de ley del Govern y el Parlament al Estatuto de Autonomía y a la Constitución, emitiera un dictamen sobre la medida gubernamental.

El CGE, tras los reproches de Competencia

El dictamen negativo del Consell de Garanties Estatutàries sobre el decreto anti-Uber sigue la línea que los organismos de Competencia trazaron hace semanas. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), en un comunicado enviado el pasado 21 de enero, afirmó que “el establecimiento de la obligación de precontratar el servicio con una anticipación determinada (sean 15 minutos o una hora) supone la introducción de ineficiencias artificiales e injustificadas".

El mismo organismo, que equivale a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en Cataluña, añadió que estas medidas introducidas por la Generalitat, entre las que también están la prohibición de hacer uso de sistemas de geolocalización, "perjudican a los usuarios”.

La Autoridad Catalana de la Competencia ya advirtió en julio de los peligros de limitar la actividad de las nuevas plataformas de movilidad como Uber y Cabify, cuando el AMB quiso imponer una licencia VTC extra.

La Generalitat hace caso omiso a las advertencias

Pese a todo, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado este lunes que mantienen el calendario de convalidación del decreto de las VTC para esta semana en el Parlament. 

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Artadi ha recordado que esta resolución, como el resto de pronunciamientos del CGE, no es "vinculante".

Artadi ha explicado que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad está analizando el contenido del dictamen, pero por ahora el Govern va a seguir con "el curso" de validación de este decreto, previsto para el jueves por la mañana en el Parlament.

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