El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra /EFE
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El Gobierno rechaza una reunión para abordar la situación judicial de los políticos presos. "Sería inaudito", dice Carmen Calvo

Barcelona, 06 de junio de 2019 (12:49 CET)

Pedro Sánchez se siente con más fuerza que nunca para ignorar a Quim Torra y, en particular, para huir de sus intentos por abordar la situación judicial de los presos. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, respondió de forma contundente a la petición de Torra de celebrar una reunión con Sánchez. El jefe del Ejecutivo "no recibirá" al titular de la Generalitat, tal y como éste había solicitado por carta.

El presidente de la Generalitat quería verse cara a cara con Sánchez para "sentarse a hablar sobre el poder judicial" y abordar la "represión" en Cataluña, a raíz de la publicación de un informe de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se pedía la liberación y compensación del los líderes independentistas presos. 

"A nadie se le ocurre que el presidente del Gobierno de una democracia se siente a hablar de sentencias de los jueces, de situación de ciudadanos que puedan estar inmersos en algún proceso", subrayó Calvo, que consideró que esta circunstancia daría lugar a un encuentro "inaudito, inconcebible". 

En su misiva, Torra insistía en el carácter urgente de esta cita, y asegura que tiene disponibilidad absoluta para verse con Sánchez. El presidente de la Generalitat remarca que, una vez transcurridos los comicios del 26-M, ambos dirigentes deberían reunirse para hablar de asuntos "más candentes que nunca". 

Un grupo de trabajo de la ONU pide la liberación de los presos

Entre esas cuestiones se encuentra la situación de los líderes soberanistas en prisión preventiva, que siguen a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. El Govern ha reconocido la validez del estudio del grupo de trabajo de la ONU, que apoya la decisión de retirar los cargos a los presos, ya que aseguran los expertos internacionales, se trata de un juicio "arbitrario" con magistrados "no imparciales". 

Por su lado, el gobierno critica la falta de conocimiento de los miembros del grupo de trabajo sobre la cuestión catalana, y han pedido a la organización internacional la dimisión de dos de los miembros del equipo. 

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