Seprotec acusa a la Comunidad de Madrid de contratar ilegalmente a traductores

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La polémica empresa de los traductores que no saben idiomas asegura que antes de haber ganado el contrato, la Comunidad de Madrid usaba a intérpretes sin permiso de trabajo y sin alta en la Seguridad Social

Una imputada por asesinato, asistida por su intérprete.

Madrid , 01 de junio de 2016 (01:00 CET)

Seprotec, la polémica empresa que ofrece los servicios de traducción e interpretación en los juzgados de Madrid, ha acusado al gobierno regional de haber trabajado con traductores e intérpretes que no tenían permiso de trabajo y que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.  

Seprotec está en el ojo del huracán por la contratación de personal sin titulación y poco cualificado para trabajar como intérpretes en los juzgados españoles. La compañía no verifica la titulación universitaria ni los conocimientos de los intérpretes antes de contratarlos, lo que ha facilitado que cualquiera trabaje en los juzgados y en la policía como traductor de tribunales.  

Acusaciones a la competencia

Para demostrar que la empresa contrata a cualquiera como traductor, un periodista de este diario solicitó trabajo como intérprete de árabe. El periodista fue contratado y se le asignó un juicio, a pesar de no saber ni una sola palabra en esa lengua.

Para defenderse de las críticas de los profesionales del sector y a los trabajadores judiciales, que acusan a Seprotec de prestar un servicio con intérpretes que no saben idiomas, la compañía ha asegurado que, antes de haber ganado el contrato en Madrid, los traductores eran contratados de forma ilegal, muchas veces sin permiso de trabajo y sin estar de alta en la Seguridad Social.  

"Antes de que SeproTec se hiciese cargo de estos servicios, dichos intérpretes no contaban con ninguno de los derechos laborales que por ley les asisten, ya que trabajaban en situación  irregular, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, y muchos de ellos ni siquiera contaban con permiso de trabajo", explica la empresa Seprotec en un comunicado emitido este lunes.

"Había un gran número de intérpretes que actuaban como falsos autónomos, e incluso en algunos casos, facturaban a nombre de terceros con el consiguiente perjuicio que esto supone no sólo para estos trabajadores, sino también para las  administraciones públicas y la sociedad en general", añade la empresa.  

Las acusaciones de Seprotec ponen en tela de juicio la vigilancia del servicio que debería haber ejercido el gobierno regional entre las empresas subcontratadas. 

Desde 2007, Seprotec ha gestionado a los traductores judiciales salvo en el período 2013 y 2014, cuando Atlas, una filial de Adecco, le ganó el contrato a la polémica empresa. Tres empresas dominan el mercado de las traducciones e interpretaciones judiciales y de la policía: Seprotec, Atlas y Ofilingua.

Traductores sin Seguridad Social 

La polémica empresa acusa a su competidor de no dar de alta correctamente a los traductores y, de forma subrepticia, a la Comunidad de Madrid de haber asignado un contrato a una empresa que fichaba a traductores e intérpretes al margen de la legalidad.  

Hasta 2007, los servicios de traducción e interpretación eran gestionados directamente por la Comunidad de Madrid. Entonces los traductores ganaban 40 euros por jornada.  

Pero en 2007 el gobierno regional decidió externalizar el servicio. Entonces el servicio comenzó a ser gestionado por Seprotec, que comenzó a percibir 40 euros por hora de traducción, según ha podido comprobar este diario en los pliegos de contratación.  

A pesar de las continuas quejas de trabajadores judiciales, la empresa asegura que cuenta con un porcentaje de incidencias inferior al 1%.
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