Quim Torra, a la derecha, con su vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès. EFE/Toni Albir

Torra se encamina a un nuevo fracaso en el Parlament

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El govern intentará ahora tramitar el decreto de los alquileres como proyecto de ley porque la oposición en pleno le ha dado la espalda a la iniciativa

Iván Vila

Economía Digital

Quim Torra, a la derecha, con su vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès. EFE/Toni Albir

Barcelona, 26 de junio de 2019 (04:55 CET)

Se veía venir. El decreto ley con el que el gobierno de la Generalitat pretendía regular el precio máximo de los alquileres en determinadas zonas, presentado en plena campaña electoral y tras superar un encontronazo previo aireado a los cuatro vientos entre Junts per Catalunya (JpC) y ERC, no cuenta con apoyos para su necesaria convalidación por parte del Parlament, prevista para este miércoles. Es un nuevo revés para el ejecutivo de Quim Torra justo después de un nuevo choque entre los dos socios que integran su gobierno, esta vez, a raiz del portazo a una iniciativa legislativa popular que proponía recuperar la declaración de independencia, portazo que fue posible gracias a la abstención de Esquerra.

La convalidación, preceptiva en el primer mes tras la aprobación de un decreto ley, está programada en los primeros compases del pleno de esta semana, que se celebra hoy y mañana jueves. Pero el govern ha llegado hasta aquí sin apoyos. Ayer martes, todos los partidos de la oposición, incluidos los comunes y la CUP, dejaron claro que no darán apoyo al texto, y pidieron la retirada de la votación del orden del día, aunque el ejecutivo insistía en que negociaría hasta última hora.

El decreto, aprobado cinco días antes las municipales y europeas del 26-M, fue también objeto de un dictamen desfavorable del Consejo de Garantías Estatutarias, que consideró que el núcleo duro de la norma invadía competencias y vulneraba el Estatut y la Constitución, pero pese a todo, el ejecutivo catalán anunció que lo llevaría al Parlament igualmente, porque los informes del órgano consultivo que supervisa la adecuación de cualquier nueva norma a los preceptos estatutarios y constitucionales es preceptivo pero no vinculante.

Este martes, con la expectativa ya inminente de una sonora derrota, la portavoz del govern, Meritxell Budó, abrió la puerta a la posibilidad de renunciar a la convalidación, una votación pura y dura, y tramitar en cambio el texto como un proyecto de ley, lo supondría iniciar un proceso de enmiendas y de negociación con todos los grupos, con vistas a una aprobación más a largo plazo.

Una mayoría independentista estéril

La situación evidencia una nueva paradoja. Al renunciar finalmente a su escaño los diputados suspendidos de JpC Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, JpC ha reactivado tres votos que hasta ahora no se utilizaban, y con ellos también ha recuperado la mayoría absoluta de la cámara el independentismo, que vuelve a contar con 68 votos (siguen sin usarse los del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, que aún no han renunciado a sus escaños al no poder tomar posesión como europarlamentarios).

Pero esa mayoría de poco le sirve al govern de Torra, porque cuatro de esos votos son de la CUP, que esta legislatura ha dado la espalda a JpC y ERC, como se vuelve a constatar ahora con el decreto de los alquileres.

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