Ada Colau, imputada por concesión irregular de subvenciones a entidades afines

El juez cita a declarar el 4 de marzo a la alcaldesa de Barcelona por el reparto de ayudas públicas a organizaciones afines entre 2014 y 2021

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Barcelona. EFE/Quique García

Ada Colau tendrá que testificar en calidad de investigada por la concesión de subvenciones públicas del Ayuntamiento de Barcelona. El juez ha citado el 4 de marzo a la alcaldesa para que responda ante una presunta entrega irregular de las ayudas a entidades afines a su partido entre los años 2014 y 2021.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia que ha interpuso la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra la líder de los comunes con el objetivo de que diera explicaciones sobre el proceso de selección de las subvenciones, según ha publicado Antena 3.

La querella ha atribuido a Colau los supuestos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas como consecuencia de la tramitación de las ayudas públicas. Los denunciantes acusan a la alcaldesa de saltarse los criterios del proceso, como la justificación del interés público, para entregar discrecionalmente el dinero.

La Asociación para la Transparencia ha puesto el foco en las ayudas que se entregaron durante las dos últimas legislaturas a organizaciones afines a los comunes como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la que Ada Colau se hizo un nombre como activista antes de saltar a la política institucional.

El Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras o la Alianza contra la Pobreza Energética son otras de las entidades con las que la alcaldesa tuvo algún tipo de relación personal o laboral y que los denunciantes consideran que han recibido las subvenciones públicas de manera arbitraria.

La Fiscalía ya archivó la causa hace seis meses

El juez ha reabierto así un caso que la Fiscalía decidió archivar hace apenas seis meses. Entonces, el ministerio público acordó abandonar la investigación contra Ada Colau y varios miembros de su partido, como Jaume Asens o Gerardo Pisarello, después de no detectar ningún indicio de delito en el proceso de entrega del dinero público.

La denuncia en este caso respondía a la documentación presentada por los Abogados Catalanes por la Constitución que habían calculado la concesión de 3,4 millones de euros en subvenciones a entidades con algún vínculo con los comunes. Aunque finalmente, los fiscales decidieron archivarlo.

La imputación de Colau ha provocado una reacción inmediata entre las formaciones de la oposición, que ya han solicitado abiertamente su dimisión para cumplir con el reglamento de Barcelona en Comú. «¿Cuándo se dignará a asumir responsabilidades?«, se ha preguntado el popular Josep Bou.

En la misma línea se han manifestado desde Ciudadanos, que han pedido la renuncia inmediata de Colau. «Es inaceptable que siga un día más en su cargo estando imputada por delitos tan graves como prevaricación y fraude en la contratación», ha clamado en Twitter la presidenta del grupo municipal, Luz Guilarte.