El Constitucional enmienda la gestión de la pandemia de Pedro Sánchez

El tribunal considera que el Ejecutivo tendría que haber aplicado el estado de excepción y no el de alarma. El fallo supone un varapalo para la gestión del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa. Foto: EFE

El Tribunal Constitucional declaró este miércoles inconstitucional el confinamiento general de la población acordado por decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2020, tras establecer el primer estado de alarma por la Covid-19.

El Ejecutivo limitó la libertad de circulación y ningún ciudadano pudo salir a la calle más que para situaciones regladas, como salir a trabajar o a hacer la compra. El fallo supone un fuerte varapalo y una enmienda a la gestión de la pandemia de Pedro Sánchez.

El tribunal asegura que fue una auténtica suspensión, y no mera limitación, del derecho fundamental a la circulación, por lo que el Gobierno debería de haber decretado estado de excepción y no estado de alarma, el instrumento legal que escogió el Ejecutivo. Un decreto diseñado por el entonces secretario general de Presidencia y desde este lunes nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La actual ‘mano derecha’ de Pedro Sánchez.

El enfado del Gobierno

El Ejecutivo enseguida se encargó este miércoles de transmitir «sorpresa» y malestar ante la ponencia presentada por el magistrado Pedro González-Trevijano. En un primer momento, fuentes gubernamentales manifestaron su «sorpresa por su carácter inédito» y advirtieron de que es una decisión «sin precedentes».

La excusa de Moncloa es que unos cuantos países realizaron el mismo procedimiento que España y a ninguno se le ha sancionado. Desde el Ejecutivo manifestaron que estudiarán la resolución del TC, adoptada por una mayoría de seis votos contra cinco, «lo que da a entender el debate interno que ha suscitado este fallo», apostillaron.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, interviene en Moncloa. Foto: EFE/Chema Moya

El asunto se habría zanjado aquí por parte del Ejecutivo, sin embargo y al ver el tono incendiario de la oposición, Moncloa decidió que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, saliera a comentar la sentencia.

Una decisión inédita por parte del Ejecutivo que sorprendió a propios y extraños, ya que rechaza siempre realizar cualquier tipo de comentario sobre fallos judiciales y siempre se limita a responder con la ya manida coletilla: «Este Gobierno respeta las decisiones judiciales».

El mensaje de Llop continuó las anteriores palabras del Ejecutivo asegurando que el Gobierno «analizará la resolución» porque la «respeta pero no la comparte». La ministra citó a la OMS y al resto de países europeos que «enseguida actuaron en la misma línea» que el Ejecutivo español porque «el deber era tomar medidas inmediatas, urgentes y determinadas para defender la salud de nuestros compatriotas».

En una comparecencia sin permitir preguntas de los periodistas, la titular de Justicia aseguró que el Gobierno «considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido los cinco magistrados» de este órgano que votaron a favor (tres de los cinco próximos al PSOE).

«El fracaso de Sánchez con la gestión de la pandemia»

A falta de que se publiquen en estos próximos días los detalles de la sentencia, la oposición cargó contra el Gobierno aseverando que «el TC constata el fracaso de Pedro Sánchez con la gestión de la pandemia».

Cabe señalar que el alto tribunal estimó el recurso de Vox y que el partido de Santiago Abascal ha sido el único en llevar el primer estado de alarma del Gobierno a los tribunales. El líder de la formación pidió la «dimisión inmediata del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones» tras conocer la decisión del Constitucional.

El Partido Popular salió en tromba por las redes sociales para destacar que el Gobierno «excedió con creces su alcance Constitucional» y «las comunidades autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus», destacó el secretario general, Teodoro García Egea.

Los populares arriman el ascua a su sardina y ven ahora claro que el Gobierno necesitó la Ley de Pandemias que Pablo Casado propuso a Sánchez en el Congreso. Así lo comentó el secretario de Justicia e Interior del partido, Enrique López, asegurando que «Sánchez fue irresponsable y negligente por no impulsarla».

La oposición no se queda ahí y recalca que «toda la gestión del Ejecutivo sobre la pandemia merece una enmienda en las urnas». Tanto en el PP como en Vox recuerdan «los líos con las cifras de fallecidos, con las compras de mascarillas y Epis, los respiradores retenidos en Turquía, las residencias…».

El Gobierno repetía día sin otro que para todos los países era una especie de ‘ensayo-error’. El fin del confinamiento estricto nos llevó a un escenario de restricciones y alivios en el que llevamos viviendo desde hace meses.

El caos jurídico amenaza, de nuevo, a las CCAA

Sin embargo, los contagios se vuelven a descontrolar y las comunidades vuelven a solicitar toques de queda, con el consiguiente caos jurídico al tener que decidir los Tribunales Superiores de Justicia de cada territorio. De ahí que se hayan tumbado las restricciones nocturnas en Canarias tras aceptarlas en Valencia, mientras Cataluña y Cantabria también piden permiso para aplicarlas.

Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la Uned, ya defendió en su día que algunos derechos suspendidos durante el primer estado de alarma podrían ser suspendidos y también consideraba que se tendría que haber decretado un estado de excepción y no de alarma.

Con el tiempo, la Justicia le ha dado la razón frente a las críticas y ahora expone que «habrá que estudiar bien el fallo del tribunal para modificar la normativa y que en un futuro ya tengamos listo el instrumento claro a aplicar».

«Hasta ahora hemos entendido el estado de excepción para el orden público, como algo relacionado con el Ministerio del Interior y en aplicación de asuntos de terrorismo, por ejemplo, o violencia callejera. Pero ahora veremos si el tribunal abre esta figura a otro tipo de asuntos como, por ejemplo, ante el bloqueo de los servicios sanitarios», señala Vidal.

«Tampoco hubiera pasado nada si el Gobierno hubiera decretado los primeros días estado de alarma y luego decretar estado de excepción viendo que la situación se alargaba en el tiempo. Así habrían cubierto una atención rápida. El fallo del TC determinará el instrumento jurídico adecuado para posibles casos en el futuro», zanja Vidal.