Delgado exige la rebaja de las penas por delitos de odio en plena crisis de disturbios

Siete días después de que se desencadenaran los altercados violentos por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, el debate sobre las penas de cárcel por delitos relacionados con la libertad de expresión continúa creciendo. La última en sumarse ha sido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha planteado una rebaja de las condenas judiciales por emitir mensajes de odio.

La responsable del ministerio público ha hecho un alegato para que los delitos de odio contemplen penas de prisión inferiores a las que actualmente se están imponiendo en los tribunales o que incluso se puedan sustituir por el pago de multas, la pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad.

Delgado ha defendido en una comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado que las leyes deben ajustarse a la “proporcionalidad de las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes y contenidos”.

Delgado busca fórmulas para la reinserción de los condenados

La fiscal general considera que hay que enjuiciar este tipo de conductas que promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, pero que es necesario tener en cuenta el contexto en el que se han expresado los comentarios. “Por su contenido, por la ausencia de reiteración o incluso por las circunstancias personales del autor, se pueden considerar de menor entidad», ha indicado.

Delgado apuesta por esta fórmula para facilitar la reinserción social de los autores de estos delitos, mediante tareas sociales que les permitan «comprobar directamente cuál es el daño que pueden generar a las víctimas».

La fiscal general del Estado ha incluido esta propuesta en la memoria anual de la institución que contempla la reforma de los delitos de odio que figuran en el artículo 510 del Código Penal. El texto explica que estas acciones están castigadas con penas de cárcel de hasta cuatro años.

La Fiscalía reabre el rebate en plena pugna entre Unidas Podemos y el PSOE

Las declaraciones de Delgado se han producido en un escenario en el que las penas por los mensajes difundidos a través de las redes sociales han acaparado todos los focos. Precisamente, los textos publicados por el rapero Pablo Hasél han sido uno de los motivos que le han forzado a entrar en prisión para cumplir condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Unidas Podemos ya ha registrado una propuesta en el Congreso para reformar el Código Penal y derogar algunos de estos delitos, desmarcándose de las intenciones de sus socios de gobierno que llevan semanas planteando también la necesidad de modificar las leyes. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha desmarcado públicamente de la propuesta de la formación de Pablo Iglesias, pero todavía no ha presentado su propia iniciativa.

Los socialistas han tratado de desvincular esta previsible reforma legal del clima de confrontación que ha tomado las calles de las principales capitales españolas en la última semana. Solo en Barcelona, se han producido más de un centenar de detenciones por los enfrentamientos entre grupos radicales y los agentes de policía.

Mientras, el bloque de la oposición ya ha mostrado su rechazo rotundo a una reforma que permita exonerar a condenados como el cantante Pablo Hasél. El Partido Popular ha acusado a Unidas Podemos de intentar legislar en beneficio de sus seguidores.

Delgado se abre a revisar el sistema de nombramiento del fiscal general

La figura de Delgado ha acaparado los titulares en la última semana, después de que el Partido Popular exigiese su relevo como una de las tres condiciones que ha planteado a Pedro Sánchez para negociar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una reivindicación que llevan planteando desde que tomó posesión de su cargo.

La que fuera ministra de Justicia ha defendido que la elección del puesto por parte del Gobierno es un mecanismo habitual en los países europeos, pero ha abierto la puerta a incorporar algunas medidas de control adicionales para garantizar la independencia de la Justicia.

La existencia de varios candidatos para el puesto o la participación de la población civil en el proceso de elección son dos de las propuestas que la fiscal general ha puesto sobre la mesa para dotar a la elección de mayor transparencia. Unos cambios que llegarán después de que ella misma haya accedido al cargo por designación de Pedro Sánchez.