La detención de Antxon Alonso agita el tablero político: la UCO lo arresta en la misma operación que llevó a prisión a Leire Díez
Una investigación que se amplía y pone bajo el foco nuevas conexiones empresariales y políticas
El socio de Servinabar 200, Joseba Antxon Alonso Egurrola, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’. Foto: Jesús Hellín / Europa Press
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La detención de Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha provocado un terremoto político de gran magnitud. Su arresto se produjo durante un operativo desarrollado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que también fue detenida Leire Díez, antigua militante socialista, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en contratos públicos. La operación, que llevaba semanas gestándose, apunta a una red que, según fuentes próximas a la investigación, habría operado en distintos ámbitos institucionales y empresariales. Las autoridades insisten en que los movimientos detectados obligaban a actuar con rapidez para evitar la destrucción de información clave y proteger la documentación intervenida.
La aparición del nombre de Alonso, una figura que había mantenido un perfil discreto pese a su cercanía con Cerdán, elevó la relevancia pública de la operación. Los investigadores consideran que su papel podría haber sido más influyente de lo que inicialmente se pensó, motivo por el que la UCO incluyó su detención en el mismo dispositivo que afectó a Díez. Fuentes consultadas aseguran que las conexiones empresariales del entorno investigado han sido determinantes para ampliar el alcance de las pesquisas.
Por ahora, la Guardia Civil mantiene la máxima cautela, pero admite que la investigación está abierta y que no se descartan nuevas actuaciones. El caso ha adquirido notoriedad debido a la posible implicación de perfiles con presencia en el sector público, lo que ha añadido presión mediática y política a la evolución del procedimiento.
Los vínculos empresariales bajo lupa y el papel de Servinabar
Uno de los ejes de la investigación gira en torno a las empresas vinculadas al entramado en el que participaban algunos de los detenidos, especialmente aquellas relacionadas con servicios y subcontratas del sector público. Entre estas compañías se encuentran entidades conectadas con Servinabar, una firma que habría sido objeto de registros por parte de la UCO. Aunque los investigadores aún no han ofrecido detalles concretos, sí han confirmado que la documentación incautada podría resultar determinante en la reconstrucción de los hechos.
Según fuentes próximas al caso, los contratos que están siendo analizados podrían presentar anomalías en los procesos de adjudicación, con indicios que apuntan a posibles amaños, sobrecostes o utilización instrumental de sociedades para obtener ventajas económicas. Los agentes esperan que el análisis de correos, dispositivos electrónicos y expedientes oficiales permita trazar una línea clara entre los responsables de las decisiones y los beneficiarios directos.
El arresto de Alonso se suma al de otros nombres relevantes dentro del círculo investigado, lo que refleja, según expertos consultados, una estructura más compleja de la inicialmente prevista. La UCO ha destacado la importancia de mantener el secreto de las actuaciones mientras se continúa recopilando información, ya que todavía no se ha determinado el alcance definitivo de las responsabilidades.
La caída de Leire Díez y la implicación de Vicente Fernández
La detención de Leire Díez, exmilitante socialista, marcó el primer gran titular de la operación. Díez, según diversas fuentes, habría mantenido vínculos profesionales con empresas relacionadas con los contratos bajo sospecha. Su participación en determinadas gestiones está siendo revisada para determinar si actuó como intermediaria o como figura activa en la supuesta trama. La Guardia Civil considera clave el rol que pudo desempeñar, especialmente por su presencia en actos y reuniones que ahora forman parte de las diligencias.
A estas detenciones se sumó la de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Su nombre elevó el impacto de la operación, ya que se trata de una figura con amplia trayectoria en la administración pública y con responsabilidades significativas en el ámbito empresarial estatal. Su implicación, según los investigadores, estaría vinculada a la supervisión o intervención en procesos que ahora se encuentran cuestionados.
Este conjunto de detenciones, ejecutadas en un mismo operativo, refleja la dimensión transversal del caso, que combina elementos políticos, empresariales y administrativos. Los investigadores trabajan para determinar si se trató de actuaciones individuales o si, por el contrario, existía una coordinación destinada a manipular contrataciones públicas.
Repercusiones políticas y un silencio que habla por sí solo
El arresto de Antxon Alonso ha tenido un impacto directo en la esfera política, especialmente por su relación con Santos Cerdán, uno de los dirigentes más influyentes del PSOE en los últimos años. Aunque Cerdán no está investigado en este procedimiento, el hecho de que un socio empresarial se vea implicado en una causa de este nivel ha intensificado la presión sobre su figura pública. Desde su entorno se insiste en que no existe relación alguna entre su actividad y los hechos investigados, pero el eco mediático es inevitable.
En el PSOE reina el hermetismo. Fuentes internas aseguran que el partido prefiere esperar al avance de las actuaciones judiciales antes de pronunciarse, pero reconocen que la preocupación es evidente. La oposición, por su parte, ha exigido explicaciones al Ejecutivo y ha pedido transparencia total en el desarrollo de la investigación.
Mientras tanto, en círculos jurídicos se da por hecho que la operación no ha llegado a su fin. La complejidad documental y la implicación de diversas empresas apuntan a que las próximas semanas serán decisivas para esclarecer si se trató de irregularidades aisladas o de una estructura organizada para influir en procesos de contratación pública.
