El pago por uso de las autovías divide al Gobierno

Las radiales de Madrid y alguna autopista deficitaria como la de la T4 del aeropuerto de Barajas o la de Cartagena-Vera están produciendo más de un dolor de cabeza, no sólo en el Gobierno, sino en todo el sector de infraestructuras. La previsión y actuación a la hora de realizar los proyectos de estas autopistas de peaje tienen al Gobierno entre las cuerdas porque debe decidir en un mes qué hacer con este problema de casi 4.000 millones de euros.

El Ministerio de Fomento está estudiando varias alternativas para afrontar este problema. Una de ellas es la creación del pago por uso en las autovías que posee el Estado, es decir, en las principales vías de acceso a Madrid. El Ministerio maneja la posibilidad de instalar varios puntos de peaje en esas autovías a través de una serie de arcos que ficharían el paso de cada vehículo, de tal manera que el conductor pague por cada paso que realice en cada punto.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, se ha reunido en varias ocasiones con los principales actores del sector, concretamente con las empresas concesionarias de estas autopistas deficitarias entre las que se encuentran Abertis, Cintra (Ferrovial), Sacyr, Globalvía, OHL o Ploder, entre otras, a las que les ha explicado que la solución pasa por el pago por uso de las autovías. Se trata de una vía de ingresos que ayudaría a reducir la deuda de casi 4.000 millones de euros que tienen las cuatro radiales de Madrid, algunos tramos de la M50, autopistas como la de Madrid-Toledo, en concurso de acreedores, o tramos inviables de la AP7 como los de Alicante-Cartagena o Vera-Cartagena.

Voces contrarias

Esta medida tiene a varios detractores dentro del seno del Gobierno que ven peligroso que se cree una alarma social con esta iniciativa. Fuentes del Ejecutivo piensan además que esta propuesta que está sobre la mesa podría no causar el efecto deseado ya que no se sabe con certeza cómo actuarán los conductores, sobre todo, de Madrid, por lo que las cuentas podrían descuadrar. Es por ello, que Fomento esté trabajando en otro tipo de vías de ingresos que ayuden a reducir la alta deuda generada en estos proyectos.

Otra medida que se está manejando en el Gobierno es la creación de un nuevo impuesto, el denominado céntimo verde, que el Ministerio de Hacienda está estudiando y que, según fuentes del mercado energético, es muy probable que salga adelante. Esta sería otra medida que repercutiría en el contribuyente, además de la del pago por uso.

Las cuentas no salen

Esta medida que tiene en mente Fomento ayudaría a reducir la deuda, por lo que los bancos acreedores, prácticamente la totalidad de las entidades españolas y buena parte de las extranjeras, ven con buenos ojos la propuesta. Otra cosa es lo que piensan algunas de las compañías concesionarias que aseguran que el problema no se resuelve solo con esto.

“Si deciden quedarse con estas autopistas, el Gobierno tendrá que dar algo a cambio para que cuadren las cuentas de las concesionarias”, aseguran fuentes del sector que creen que la falta de previsión a la hora de realizar estos proyectos han producido esta situación de ahogo en las compañías y en las entidades que han financiado los proyectos. “¿Nos quitan la deuda, vale, pero quién nos paga las fuertes inversiones que hemos realizado?”, se preguntan desde una concesionaria.

En busca del ‘mix’ idóneo

Otro problema añadido a ello es saber qué va a hacer Fomento con estas autopistas y cómo va a conseguir que sean rentables. Fuentes del sector hablan de una nacionalización de estas autopistas deficitarias a cargo del Gobierno, algo que podría suceder siempre y cuando las empresas concesionarias quieran o consigan algo a cambio. El hecho de participar en la implantación de los posibles peajes en las autovías estatales podría mitigar las débiles cuentas de las concesionarias, pero no sería suficiente.

Fuentes del sector aseguran que se trata de un problema muy complicado y que posiblemente las medidas que adopte el Gobierno no contenten a todos los afectados. Fuentes cercanas al Gobierno indican que se tratará de buscar una solución lo más equitativa posible, una combinación de medidas que aporten soluciones a todos los implicados, Estado, ciudadanos, concesionarias y bancos acreedores.