La exabogada de Podemos que destapó el caso niñera denuncia “represalias” del partido

Mónica Carmona, la exabogada de Podemos que destapó el caso niñera, asegura que Podemos “activó la maquinaria” contra ella cuando comenzó a investigar posibles delitos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el acto de cierre de campaña a la presidencia de la Comunidad de Madrid que Unidas Podemos celebra hoy domingo en el barrio madrileño de Vicalvaro. EFE/David Fernández.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, estudia reformar la ley del aborto. Foto: EFE/David Fernández.

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Mónica Carmona, la exabogada de Podemos que destapó el caso Niñera, ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que sufrió “represalias” al investigar las presuntas irregularidades de la formación morada. Carmona y su compañero José Manuel Calvente mostraron sus sospechas de corrupción en el partido, lo que derivó en el caso Neurona, del que se abrieron otras líneas de investigación.  

En el recurso presentado ante la justicia catalana, al que ha tenido acceso El Confidencial, Carmona asegura que Podemos “activó la maquinaria” contra ella cuando comenzó a investigar posibles delitos, como el uso de una asesora del Ministerio de Igualdad como cuidadora de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias o el aprovechamiento de un escolta de la actual ministra para fines personales no relacionados con la seguridad. 

“Sin duda alguna, la medida empresarial constituye una represalia por el hecho de haber dado cumplimiento a sus obligaciones e investigar la posible comisión de delitos, y advirtiendo de la posible comisión de los mismos”, dicta el texto.  

Los hechos se remontan al 2 de diciembre de 2019. Ese día Carmona fue destituida de su cargo de responsable de Cumplimiento normativo después de que tan solo seis días, tal y como se refleja en el recurso, pidiera información ante un posible incumplimiento de la Ley de Seguridad privada. 

Carmona fue destituida de su puesto seis días después de pedir información ante un posible incumplimiento de la Ley de Seguridad privada

“Por tanto, estas peticiones de información sobre esos hechos podríamos decir que no fueron del agrado de la dirección del partido político demandado, a juzgar por la reacción que tuvo para los dos empleados implicados en ellas, recordemos el despido de Calvente y la remoción de la actora del cargo de responsable de Cumplimiento Normativo y reducción de su jornada a la mitad”, apunta el documento.  

Para sacar a Carmona de su puesto, Podemos justificó la pérdida de confianza en ella. Sin embargo, a Calvente le acusaron de acosar a una compañera, unos hechos que acabaron archivados, según recuerda el citado diario.  

Carmona dice que actuar con Calvente motivó su «caída en desgracia»

La exabogada insiste en que su actuación con Calvente fue lo que motivo su “caída en desgracia” y entiende que se vulneraron sus derechos “de forma flagrante”. No obstante, la magistrada Carmen Briones, del juzgado de Granollers que estudió el caso en primera instancia, apuntó que, “no se apreció indicio alguno de vulneración de derechos fundamentales”, basándose en que la dirección del partido no tenía constancia de que existiera una investigación por parte de Carmona.  

Tras ser sustituida de su puesto de responsable de Cumplimiento normativo, Carmona y Podemos fueron a juicio en noviembre de 2020. La abogada reclamaba hasta 75.000 euros por vulneración de sus derechos después de que se redujera su jornada laboral a 20 horas.

No obstante, en este sentido la magistrada de Granollers le dio la razón y apuntó que el partido había incumplido el Estatuto de los Trabajadores al reducirle la jornada. Podemos tuvo que colocar a Carmona en su antiguo puesto y le indemnizó con menos de 15.000 euros. 

Montero, investigada por administración desleal

Ahora, la polémica continúa. La semana pasada el titular del juzgado de instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, abrió una investigación contra la ministra de Igualdad por el caso niñera.  

El magistrado ve diligencias por un “presunto delito de administración desleal”, tanto por parte de Montero como de la supuesta cuidadora, Teresa Arévalo, según ha adelantado El Confidencial. “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal“, dicta el auto. 

Además, en el marco de esta causa, Escribano también quiere tomar declaración como testigo a la exescolta para saber si fue obligada a realizar funciones que no le correspondían en su puesto de trabajo.  

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