La ‘Ley Castells’ abre la puerta a mayor impunidad en los ataques radicales de las universidades catalanas
Universitaris per la Convivència denuncia que el redactado surgido del Congreso de los Diputados "establece una gradación de la violencia" que da espacio a que ciertas actitudes puedan quedar sin sanción administrativa
Imagen de archivo del edificio histórico de la Universitat de Barcelona, durante su ocupación en septiembre y octubre de 2017, en plena efervescencia del procés independentista / Universitats per la República (Twitter)
Una de las reformas que prepara el Gobierno es la ‘Ley Castells’, conocida por Ley de Convivencia Universitaria. Una norma que pretende sustituir a la vigente, aprobada en 1954, pero que tiene algunas aristas que desde Universitaris per la Convivència temen que puedan servir para dotar de impunidad a los ataques radicales en algunos campus de Cataluña.
La asociación constitucionalista teme que, dentro del «contexto que vivimos», la ley acabe siendo un coladero para que los castigos a ataques como los que ha padecido la entidad juvenil S’ha Acabat! puedan quedar en nada, al establecer una «gradación» de la violencia que acaba implícitamente reconociendo que únicamente la grave es punible.
Una posición que defiende el portavoz de Universitaris per la Convivència y catedrático de Derecho Privado Internacional de la UAB, Rafael Arenas. «Que solo se sancione el ejercicio grave de la violencia es algo que me preocupa mucho», lamenta haciendo referencia al artículo 11 del proyecto de norma jurídica.
La gradación de la violencia en la ley
Este texto condena el «acoso o ejercer violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria». El problema está, según ha explicado Arenas a Economía Digital, que esa especificicación sobre un nivel de gravedad en la violencia da «margen de interpretación a las autoridades académicas».
«El hecho de que introduzcas el «grave» me parece muy perturbador, porque con independencia de estos problemas de interpretación, el ejercicio de la violencia siempre debe ser sancionable. Debería ponernos los pelos de punta», lamenta Arenas, tras preguntarse si la ley justifica cierto nivel de de violencia: «La leve no sale por ningún lado».
El portavoz de este colectivo de profesores critica que la ley debería «tener como objetivo ver cómo se puede poner fin al acoso y a la utilización de la violencia contra colectivos contra los que se discrepa. No solo con S’ha Acabat! Lo vemos también cada vez que hay una mal llamada huelga, donde se cometen objetivamente delitos, como coacciones que impiden ir a clase o al trabajo».
«Doble vara de medir»
Arenas se pregunta cuál es la diferencia entre lo que ha sucedido con S’ha Acabat! en la UAB y los hechos acontecidos en la librería Blanquerna de Madrid, donde un grupo ultra destrozó violentamente el acto y agredió a algunos asistentes en plena celebración de la Diada en la capital española: «¿Qué diferencia hay? Es el mismo delito».
También, el jurista critica que la ley deja la puerta abierta a que ciertas formas de violencia puedan ser expresadas o entendidas como libertad de expresión, y teme un criterio que pueda ser arbitrario: «Esa doble vara de medir». Otro tema son la poca dureza de las sanciones, con algunas faltas leves que no pasan de una «amonestación privada».
La ley se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de noviembre, con el rechazo del PP, Cs y Vox. La ley debería seguir su trámite parlamentario en el Senado, donde previsiblemente siga adelante con los votos de los dos partidos del Gobierno –PSOE y Podemos– y de los partidos independentistas.
