Los españoles afincados en Venezuela piden a Rajoy contundencia con Chávez

El gobierno de Hugo Chávez está endureciendo las medidas contra intereses económicos extranjeros en el país y las propiedades españolas no se están librando.

Este fin de semana la Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve) ha remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un documento en el que solicita la intervención de España ante lo que consideran «expropiaciones ejecutadas ilegalmente». De todo ello ha hablado con este diario Roberto León, presidente de la asociación de consumidores venezolana Anauco. Para él, la lucha contra la libertad económica en su país llega a límites preocupantes, y también puede afectar a España.

Intervención de Rajoy

«El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy debe buscar una relación con Venezuela distinta», dice León, quien piensa que si no se afronta el problema acabará estallando. «Hay muchas empresas españolas en Venezuela, en sectores como las telecomunicaciones, aerolíneas, petroleras…».

Por ello pide al presidente español «que plantee una negociación para garantizar la vida de estas empresas en mi país, que está amenazada porque el Estado venezolano cada vez tiene más control de las fuentes de producción». De igual modo, también alerta sobre la expropiaciones chavistas de tierras y negocios, que están afectando a residentes españoles en Venezuela.

León continúa asegurando que «la relación –entre Gobierno venezolano y empresas españolas– no es muy diplomática. Chávez decide, amenaza y toma decisiones, pero las empresas tienen fortaleza y los procesos contra ellas son más lentos porque son grandes. Pese a todo, la amenaza es latente y el Gobierno español tendrá que buscar mecanismos de convivencia».

Grandes empresas españolas ya han tenido problemas en Venezuela, como el Banco Santander cuya filial en el país fue nacionalizada en el verano de 2008.

El control de los precios

Por otra parte, León también alerta sobre la ‘Ley de Costos y Precios Justos’ que recientemente ha implantado el gobierno bolivariano y que «busca controlar los precios tanto de productos como de servicios, por lo que el Estado decidirá cuánto debe ganar una persona por lo que hace y no un libre mercado.

Entró en vigencia en noviembre de 2011 y ha congelado los precios de 18 productos a la espera de fijarles un precio definitivo en enero», asegura León, quien destaca que «Venezuela es el único país de Latinoamérica que está tomando estas medidas cuando los demás liberalizan. Incluso en Cuba están abriendo la mano con ciertos productos dejando que productores y compradores negocien los precios entre ellos».

Sin embargo, tanto el representante de los consumidores como otros agentes en el país coinciden en una cosa: cuando Chávez ha intentado controlar el precio de un bien, automáticamente ha llevado a la escasez del mismo. Las empresas dejan de fabricar este producto por tener un precio regulado y a los ciudadanos se les hace muy difícil obtenerlo.

La inflación, especialmente de los productos básicos, es un problema en el país caribeño. Como prueba, el IPC del 25% entre enero y octubre de 2011. Los salarios suben por ley un mínimo del 10% por lo que esta espiral de encarecimiento de los bienes y servicios del país no se frena.