La queja de Matilde, la presidenta de La Distribución Anged, patronal de El Corte Inglés, sobre las licencias de apertura

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La presidenta de La Distribución Anged, la patronal que representa a gigantes del comercio como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Fnac, Ikea o MediaMarkt, ha lanzado una seria advertencia sobre el impacto de la burocracia en el desarrollo del comercio minorista en España, que afecta directamente a todos estos comercios.

En declaraciones recientes a El Economista, la presidenta de la patronal, Matilde García Duarte ha denunciado que el proceso para obtener una licencia de apertura puede llegar a prolongarse entre 4 y 8 años, una situación que, según afirma, está asfixiando el crecimiento de las grandes superficies y generando un notable perjuicio tanto para las empresas como para los consumidores.

Anged denuncia que la burocracia paraliza el crecimiento comercial

“La normativa vigente está frenando en seco el desarrollo de nuevas superficies comerciales en nuestro país”, declaró García Duarte con firmeza. Lo que en otros países puede resolverse en unos meses, en España se convierte en una auténtica carrera de obstáculos administrativos. Esta lentitud no solo encarece la inversión inicial, sino que retrasa la generación de empleo y limita el acceso de los consumidores a nuevos espacios de compra más eficientes y sostenibles.

Una situación que, tal y como denuncia, es especialmente grave para el modelo de hipermercado, que ha sido objeto de críticas en los últimos años por parte de quienes creen que está en declive. Sin embargo, la presidenta de Anged defiende firmemente la vigencia del formato, destacando su capacidad para ofrecer variedad, sostenibilidad y precios competitivos. A su juicio, no es el modelo el que falla, sino el contexto normativo que impide su desarrollo natural.

Y es que desde Anged se insiste en que la verdadera víctima de esta fragmentación administrativa es el consumidor. Según datos que maneja la patronal, solo en España la falta de un verdadero mercado interior unificado le cuesta al país 35.000 millones de euros al año, en forma de pérdida de competitividad, encarecimiento de productos y ralentización del crecimiento económico.

“Estas barreras actúan como aranceles internos”, explica García Duarte, señalando que la falta de armonización entre normativas autonómicas y locales dispara los costes operativos y administrativos para las empresas que operan a nivel nacional. Esto, inevitablemente, se traslada a los precios finales que paga el cliente.

Las denuncias de Anged, en cifras

Recientemente, Anged ha presentado un nuevo observatorio económico en colaboración con Ceprede, desde donde se realizarán informes semestrales para monitorizar el comportamiento del sector. En la presentación, la economista jefe de la patronal, Yolanda Fernández, destacó que el comercio crecerá este año en torno a un 2% pese a las restricciones normativas existentes.

Según sus previsiones, el consumo privado será el principal motor del PIB, con un crecimiento estimado del 2,7% en 2025. Este impulso vendrá favorecido por la evolución positiva del empleo, la fortaleza del sector servicios, el aumento de las rentas familiares y el crecimiento de la población residente. No obstante, advirtió sobre una moderación en el ritmo de consumo de cara al segundo semestre, debido a la incertidumbre económica global.

Sin embargo, la patronal no solo ha centrado su denuncia en el retraso de las licencias. También se ha referido a impuestos específicos y cargas regulatorias que afectan de forma desigual a las grandes superficies respecto a otros formatos, como supermercados o tiendas pequeñas, lo que distorsiona la competencia.

Esta situación, lejos de ser anecdótica, coloca a España en desventaja frente a otros países europeos, donde el proceso de apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales es mucho más ágil y uniforme. De hecho, la Comisión Europea ha calculado que suprimir apenas un 10% de las barreras del comercio minorista en la UE podría suponer un impacto positivo de más de 111.600 millones de euros. En el caso de España, esta cifra rondaría los 9.550 millones, según los cálculos recogidos en la Estrategia de Mercado Único.

El futuro del comercio en España, repleto de incertidumbre

Desde Anged, el mensaje es claro: si no se abordan de forma urgente estas trabas administrativas, el país seguirá perdiendo competitividad. García Duarte ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que se avance hacia una homogeneización de normativas, se reduzca la burocracia y se apueste por un entorno más favorable a la inversión.

“Tenemos un modelo comercial con mucho potencial, que puede contribuir a generar empleo, impulsar la economía local y ofrecer al consumidor mejores servicios y precios. Pero necesitamos reglas de juego claras y ágiles”, concluyó García Duarte, dejando el desafío en manos de los legisladores, quienes deberán decidir si optan por facilitar el desarrollo del sector comercial o mantener un marco regulador que, en palabras de los principales actores del sector, ya no responde a la realidad económica del país.