Los jueces preparan acciones contra la ‘mordaza’ del Gobierno por la reforma del CGPJ

Los jueces podrían poner en aprietos al Gobierno llevando su queja ante la UE, lo que podría conllevar incluso sanciones económicas para nuestro país.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prepara ya una respuesta ante la negativa del Gobierno y del Congreso a solicitar sus informes y dar audiencia a distintos actores para valorar la reforma que afecta a sus competencias constitucionales.

El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha convocado un Pleno Extraordinario para este mismo jueves a las 12 horas, por petición expresa de 10 vocales jueces, para adoptar medidas ante la tramitación urgente de la Proposición de Ley para limitar las funciones del CGPJ cuando haya finalizado su mandato como en la actualidad.

Según ha podido saber Economía Digital, la convocatoria se produce después de que los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea registraran un escrito solicitando la celebración de un pleno extraordinario con ese orden del día.

Según lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, procede la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al presidente por cinco o más vocales del Consejo.

El orden del día de este Pleno Extraordinario, según trasladan fuentes del CGPJ a ED, consistirá en “debatir sobre la situación generada por la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados a solicitar informe del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión de Venecia, así como a dar audiencia a los restantes actores interesados, en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones” y “adoptar las medidas correspondientes en función de las conclusiones del debate”.

El Gobierno desoye a Europa

Estos magistrados consideran que el Gobierno “incumple las advertencias reiteradas de la Comisión Europea y del Consejo de Europa” y consideran que desde el CGPJ se debe de pedir una respuesta contundente ante la “usurpación” de las funciones de los jueces.

Las mismas fuentes avisan de que, si hubiera una respuesta unánime, el CGPJ podría poner en evidencia al Ejecutivo mediante la interposición de una denuncia ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa por la violación de los “estándares de Derecho” exigidos en la UE. Lo que podría conllevar, incluso, sanciones económicas para nuestro país. Los magistrados también quieren trasladar el asunto ante la Red Europea de Consejos de Justicia. 

Estas opciones serán debatidas en el Pleno Extraordinario. Desde otro punto de vista, algunos magistrados se muestran contrarios a la celebración de este Pleno y defienden el silencio del CGPJ ante la ‘mordaza’ del Gobierno a una reforma que les afecta directamente a ellos.

Según las fuentes consultadas, los vocales jueces ya trabajan en el texto que defenderán en el ‘cónclave’ de este jueves y su objetivo es conseguir un acuerdo de la Mesa que cuente, al menos, con el favor de 15 magistrados.

El aplazamiento de las elecciones en Cataluña al próximo 30 de mayo también afecta a la renovación del Poder Judicial. Fuentes del CGPJ se mostraban optimistas y añadían, días atrás, que tras los comicios, que en principio se iban a celebrar el 14 de febrero, PP y PSOE se pondrían de acuerdo y harían firme un pacto por la Justicia. Sin embargo, el aplazamiento a mayo dificulta un contacto entre ambas formaciones previo a los comicios. Y ya esperan al segundo semestre del año.

Es por ello que Lesmes continúa con los nombramientos previstos, tal y como está establecido para el pleno ordinario del próximo 28 de enero.

Los nombramientos pueden alcanzar a la presidencia de ocho Audiencias Provinciales, pero también pueden añadirse las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y del País Vasco, y una plaza de la Sala de lo Social en el Supremo.