El ministro de Colau acusa al castellano de “envenenar” la convivencia escolar en Cataluña

Manuel Castells cree que la LOMLOE restaura el modelo anterior a la reforma del PP y cierra filas con la ministra de Educación "sin ninguna excepción"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, interviene durante el pleno del Senado / EFE

El Ministro de Universidades, Manuel Castells, ha salido a socorrer el pacto entre el Gobierno y ERC para suprimir la vehicularidad del español como lengua de enseñanza en toda España. El representante de Ada Colau en el Ejecutivo ha asegurado que el castellano “envenena” la convivencia escolar en Cataluña y ha defendido el modelo de inmersión lingüística. 

“Antes de 2013 [cuando entró en vigor la LOMCE] no había una indicación legal en ningún sitio de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña”, ha asegurado en una rueda de prensa. Manuel Castells ha añadido que la LOMLOE –más conocida como Ley Celaá– restaura la situación previa a la reforma PP en materia lingüística. 

Castells cierra filas con Celaá: “Totalmente de acuerdo”

Para Castells, la convivencia lingüística “fue alterada por una serie de iniciativas” como la Ley Wert, que “envenenaron el clima de convivencia en una situación en que no había todos esos problemas”. El ministro de Universidades no solo ha defendido la inmersión lingüística, sino que ha cerrado filas con la norma al estar “totalmente de acuerdo” con “todo el contenido de la Ley sin ninguna excepción”.

“Cada proyecto de ley de cada ministerio es un proyecto del Gobierno, aquí sí, como ministro, quiero dejar claro mi total solidaridad y apoyo con todo el contenido de la ley sin ninguna excepción, porque se aprobó en Consejo de Ministros y, por tanto, todos los ministros apoyamos lo que aprobamos”.

Entidades pro-bilingüismo: “La exclusión del castellano tiene un fin político”

La Ley Celaá ha causado verdadero estupor entre las asociaciones escolares en defensa del bilingüismo escolar. Asamblea por una Escuela Bilingüe denunció en un manifiesto conjunto con las asociaciones constitucionalistas Societat Civil Catalana, S’ha Acabat! e Impulso Ciudadano un manifiesto a favor de la libertad de elección de centro. 

El texto rubricado por las cuatro entidades denunciaba que “la reforma de la Ley Orgánica de Educación traslada, además, un claro mensaje de desamparo a todos aquellos que en Cataluña defienden el respeto a la Constitución y una escuela bilingüe para una sociedad bilingüe“.

La exclusión del castellano en Cataluña tiene un fin claramente político que sirve al proyecto nacionalista que pretende separar Cataluña del resto de España rompiendo todos aquellos vínculos que unen a los catalanes con el resto de los españoles”, lamentaron. 

“Ninguna política, legítima, de protección a la riqueza y diversidad lingüística española ha de convertirse en instrumento para denigrar la condición del español de lengua común de los españoles”, concluyeron en el texto. Las entidades firmantes únicamente aspiran a que las dos lenguas se impartan en proporciones razonables. 

Los que sí que la aplaudieron fueron los de Plataforma per la Llengua, la entidad que espió a alumnos en el recreo para saber qué lengua usaban en sus comunicaciones interpersonales y grupales fuera de las horas lectivas. En un comunicado, la entidad pedía que se usara la norma para “dinamizar en catalán los espacios que forman parte del proceso educativo, como el patio o el comedor escolar, o las actividades educativas y deportivas“.

Las sentencias judiciales obligan a la enseñanza en castellano

La jurisprudencia, que tiene fuerza de ley, ha dado la razón a las entidades a favor del bilingüismo contra de la voluntad de socavar la libertad lingüística que impone la Ley Celaá. El Tribunal Constitucional certificó en 2010 con su sentencia sobre el Estatut que el modelo lingüístico en las escuelas tenía que ser el de “conjunción lingüística“, donde el catalán fuera el “centro de gravedad” pero que el castellano también pudiera ser vehicular

También lo hizo el Tribunal Supremo, que instó a la consellera de Ensenyament de entonces, la convergente Irene Rigau, a establecer un porcentaje de asignaturas en castellano. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) quien impuso un mínimo del 25% de las asignaturas en castellano.