Varios alumnos se dirigen a clase con sus respectivas mochilas para el inicio de un día lectivo / EFE

Plataforma per la Llengua aplaude la Ley Celaá por amparar el control lingüístico en el recreo

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La ONG que espiaba en patios de colegios por razón de lengua insiste en que la LOMLOE da amparo jurídico a la imposición lingüística en horas no-lectivas

Barcelona, 19 de noviembre de 2020 (17:42 CET)

Mientras la escuela concertada o las entidades en defensa del bilingüismo están en pie de guerra contra la LOMLOE –conocida también como Ley Celaá–, otras entidades de corte muy distinto celebran la aprobación de esta reforma educativa. Plataforma per la Llengua, la ONG de catalán que espiaba la lengua de los niños en el recreo, celebra que se permita vigilar en qué lengua hablan los alumnos en el patio o en el comedor. 

La entidad aplaude que la Ley Celaá obliga a los gobiernos autonómicos a impulsar "instrumentos de control, evaluación y mejora" que permitan que las competencias educativas de las lenguas oficiales, para lo que los centros podrán adoptar "medidas necesarias para compensar las carencias que pueda haber en cualquier lengua". 

En un comunicado, la entidad defiende que "este nuevo texto permitiría trabajar estos aspectos también fuera de las horas estrictamente lectivas en las aulas, como podría ser el dinamizar en catalán los espacios que forman parte del proceso educativo, como el patio o el comedor escolar, o las actividades educativas y deportivas".

Una ONG regada de dinero por la Generalitat

Plataforma per la Llengua entiende que la reforma educativa permite que esta imposición lingüística durante las horas no-lectivas, y lo justifica como algo necesario para que los alumnos "dispongan de ambientes reales de prácticas de la oralidad de la lengua catalana, porque haría aumentar la confianza de los alumnos para hacerla servir".

La organización insiste en que la salud del catalán es muy mejorable, pese a no estar clasificada como una lengua en peligro de extinción por la UNESCO como sí que lo están otras como el bretón o el occitano.

Además, usa su polémico estudio basado en el espionaje a alumnos para defender que solo un 14,6% de las conversaciones de los alumnos de la ESO en zonas urbanas eran en catalán, y un 35% en Primaria. 

La entidad está regada de dinero público por la Generalitat, puesto que recibió más de 3,7 millones de euros en subvenciones pública entre los años 2012 y 2018. Los convenios los rubricó el gobierno de Artur Mas, con Ferran Mascarell como consejero de Cultura por CiU una vez abandonado el PSC.

Casos extremos de discriminación del español en la escuela

La ley abriría la puerta a prácticas que coartaran la libertad de niños y adolescentes en el uso del idioma. La presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, denunció en una entrevista reciente a Economía Digital un "juego fascista" en un centro de Terrassa (Barcelona) donde se premiaba a los alumnos que se reprimían de usar el castellano

"Era un juego de unas bolas. Cada clase partía con un número de bolas a principio de curso y para conservarlas y ganar no podían usar el castellano. Si lo usaban, perdían bolas y llegaba un momento que esos niños, por ejemplo, se podían quedar sin la excursión de final de curso". Además, el lugar donde se almacenaban estas pelotas estaba justo al lado del despacho del director. 

Un manifiesto por un "modelo de convivencia" lingüística

La asociación de Losada; conjuntamente con las entidades constitucionalistas Societat Civil Catalana, S'ha acabat! e Impulso Ciudadano; han impulsado un manifiesto donde se rechazaba la Ley Celaá y se pedía que tanto el catalán como el castellano fueran lenguas vehiculares en igualdad de condiciones. 

"Frente a ese modelo nacionalista y discriminador nosotros defendemos un modelo de convivencia en el que la escuela sea reflejo de la sociedad, en la que catalán y castellano convivan de igual forma que lo hacen en Cataluña castellanohablantes y catalanohablantes", recogía el texto conjunto. 

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