El PP combatirá la Ley de Vivienda en las comunidades donde gobierna
El PP advierte que llevará la norma al Tribunal Constitucional, como ya hizo con la ley catalana para regular el precio de los alquileres
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, en el Congreso. EFE
El Partido Popular combatirá en sus comunidades el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para regular los precios del alquiler. En el partido de Pablo Casado lo consideran «un ataque sin precedentes contra la propiedad privada y la economía de mercado» y ya advierten que llevarán la norma al Tribunal Constitucional, como ya hicieron con la ley catalana en 2020.
La orden ya estaba dada. Las comunidades y ayuntamientos del PP no solicitarán al Gobierno la declaración de las zonas de mercado de alquiler tensionado para intervenir el mercado. Fuentes de la dirección consideran esta medida «intervencionista» y se niegan de pleno a aplicar «recetas que ya han fracasado en otros países», señalan a Economía Digital.
El primero en salir a la palestra para expresar su rechazo ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificando la propuesta como un «ataque a la propiedad privada», inédito en la historia democrática de España.
«No se había producido un ataque a la propiedad privada en estos términos por parte del Gobierno de la nación prácticamente en ningún momento de nuestra democracia», dijo el regidor.
Almeida aseguró que el Gobierno pretende «limitar, regular, topar e intervenir» el mercado de la vivienda, con «experimentos fracasados que atentan contra derechos constitucionales», y concluyó: «El partido socialista no debería subordinar el mejor interés de España al de seguir gobernando con Podemos».
La normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad dedicadas al alquiler social. Almeida opinó que recargar el IBI de viviendas vacías también constituye un ataque a la propiedad privada, y además lo considera «inútil» porque «no ayudará a solventar un problema que existe». El alcalde ya avanza que no lo aplicará y «si le obligan» su ayuntamiento actuará para que «no repercuta a los madrileños».
Desde la Comunidad de Madrid también califican de «ataque sin precedentes» la medida y calculan que «habrá 60.000 viviendas menos de alquiler si el Gobierno limita los precios», señalan a este medio. Fuentes de la Consejería de Vivienda y Administración Local comentan que el mercado del alquiler abarca en el 23% en la región, aproximadamente 600.000 viviendas en alquiler.
La Comunidad teme que al menos 1 de cada 10 viviendas en régimen de alquiler podría retirarse del mercado «por no resultar rentable para sus propietarios”. Ciudades como Berlín o París, donde ya se aplicó la fórmula de limitar los precios del alquiler, «fracasaron, obligando incluso a la retirada en Francia de la Ley Alur que regulaba dicho mercado de alquiler», explican.
El consejero de Vivienda, David Pérez, ya avanzó meses atrás que la primera consecuencia de intervenir el mercado del alquiler podría ser un encarecimiento de los precios, debido a la disminución en la oferta, «así como un mayor fraude, ya que generará una economía sumergida en el alquiler de viviendas».
Otra situación que puede generarse es que mucho propietarios de inmuebles en mal estado opten por no reformar sus viviendas, pues «no les compensará la renta regulada que perciban, por lo que habrá un mayor deterioro del parque de viviendas», avanzó.
El PP llevará la norma al Constitucional
La norma se aprobará en este jueves en un Consejo de Ministros Extraordinario después de un año de discusión entre los socios gubernamentales. De hecho, Economía Digital ya publicó el abril que esta ley no vería la luz hasta octubre por expreso deseo del PSOE.
Y así ha sido, pese a los tiras y aflojas del exministro José Luis Ábalos con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien propuso limitar el precio de los alquileres al 30% de los ingresos medios en Madrid.
El pulso se ha mantenido en el tiempo entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Hasta el punto que las negociaciones pasaron a manos de Félix Bolaños, ministros de Presidencia y este martes, in extremis, al propio Pedro Sánchez, quien ha tenido la última palabra, según ha podido saber Economía Digital.
Para Podemos era esencial dar luz verde a un acuerdo en materia de vivienda antes de cerrar los Prespuestos Generales del Estado (PGE) y los socialistas no querían alargar más las negociaciones porque querían aprobar la norma antes del Congreso Federal del PSOE, del 15 al 17 de octubre.
El PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley catalana que regula los alquileres en 2020 y desde Génova ya avanzan que volverán a hacerlo con la actual. Para ello, el PP se sirvió del despacho de Albert Rivera para llevar el caso y podrían repetir el mismo procedimiento, según avanzan fuentes populares.
Casado ya avanzó que lo que provocará esa ley es que «los propietarios probablemente no pongan en el mercado sus pisos» y, como «habrá menos pisos en alquiler, los precios van a subir», como ya «ha pasado» en otros países con regulaciones similares.
En Cataluña, remarcó el líder del PP, «lo que hace falta es bajar impuestos» y suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, además de «ayudar a los jóvenes a que se emancipen». Por eso, las comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP no aplicarán las directrices que pretende aprobar este jueves el Gobierno de coalición.
