Los profesores cargan contra la Generalitat: “El peso de la desobediencia no debe recaer en los trabajadores”

El sindicato USTEC pide a la conselleria de Educación "un acto de responsabilidad y de garantía jurídica" con la centralización de los proyectos lingüísticos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; junto al vicepresidente, Jordi Puigneró (i); y el conseller de Educación, Josep González-Cambray, en la reunión para abordar la sentencia que tumba definitivamente la inmersión lingüística. Foto: Jordi Bedmar

Aunque el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha lanzado repetidas llamadas a la calma a los docentes de los centros con la desobediencia a la sentencia del 25% de castellano en Cataluña, lo cierto es que su posición intranquiliza, y mucho, al profesorado, cuyos directores son los responsables en última instancia del modelo lingüístico de las escuelas e institutos.

Los profesores se sienten incómodos con el mensaje de la Generalitat, y temen represalias judiciales si se animan a desobedecer el 25%. La portavoz del sindicato de profesores USTEC, Iolanda Segura, ha explicado a Economía Digital que “cuando hay una sentencia no te quedas nunca tranquilo del todo”.

Segura insiste en que “no tiene que recaer sobre los trabajadores y trabajadoras el peso de la desobediencia”: “No puede ser que pase como ha pasado hasta ahora que con el rollo de la autonomía de centros se mire hacia otro lado, que no es que hayan mirado del todo hacia otro lado, pero no se han responsabilizado como tocaba”.

Para evitar las consecuencias que podría tener una desobediencia en cada centro del 25% de castellano en los proyectos lingüísticos, Segura ha pedido a la Generalitat “un acto de responsabilidad y de garantía jurídica” que centralice el modelo lingüístico para evitar represalias a docentes.

Centralizar los proyectos lingüísticos

USTEC, que rechaza la sentencia del 25% y cree que la Generalitat debería mantener el sistema de inmersión lingüística, explica que la indefensión se debe a que el modelo catalán ha hecho recaer en los centros la última palabra sobre cómo se distribuyen las horas de cada lengua, partiendo de la base de la catalana como centro de gravedad.

“¿Por qué ha pasado esto? Porque se ha dejado la elaboración de los proyectos a los centros. Los proyectos tienen que venir ya regulados desde el departamento de Educación y que no haya diferencias, y que la flexibilidad sea muy pequeña”. Segura considera que en una situación así estará claro que la única responsabilidad legal sería del Govern.

Las entidades en defensa de la conjunción de catalán y castellano en la enseñanza insisten en los responsables de las escuelas e institutos. Desde Asamblea por una Escuela Bilingüe han explicado a este medio que la responsabilidad de que se cumpla la ley es “compartida” entre la Generalitat y los directores de los centros.

“El director que tenga un proyecto sin el 25% incumple la sentencia”, remarcan desde la organización que ayuda a los padres a acceder a la educación bilingüe. Además, la desde la entidad han defendido que “el modelo que vienen aplicando [la inmersión lingüística] es totalitario, se basa en la asimilación“.

Una posición que también ha expresado su presidenta, Ana Losada, en una entrevista a Economía Digital, donde hizo una primera valoración del fin de la inmersión lingüística: “Los directores se enfrentarán a proyectos lingüísticos que son ilegales. Cada cual sabrá a lo que se quiere enfrentar”.

La Generalitat insiste: “No se está exponiendo a los directores”

Desde el departamento de Educación de la Generalitat han insistido a este medio en que los profesores y los directores están fuera de todo peligro: “No tienen que sufrir, pueden actuar con toda tranquilidad”. Además, se remiten a la entrevista del conseller Josep González-Cambray en RAC1 este miércoles.

El máximo titular de Educación explicó en el programa que “no se está exponiendo a los directores de los centros, no les traspasamos ninguna responsabilidad”. El conseller defendió que cualquier denuncia recaería sobre él, y que los colegios no quedarían afectados: “Las escuelas no tienen que decidir nada, la sentencia no les afecta en nada”.

El conseller remarcó que, en caso de que llegaran denuncias por incumplimiento de la sentencia, la situación se gestionará directamente por su departamento. Además, destacó que sólo ha habido 80 familias que hayan pedido escolarización en castellano desde el año 2005.

Sergi Ill