Los Sanahuja, de nuevo ante el juez (y la fiscalía pide cárcel)

La Audiencia de Barcelona juzgará a Román Sanahuja Escofet por cuatro supuestos delitos fiscales, por los que se solicitan tres años y ocho meses de prisión

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La Audiencia de Barcelona juzgará el próximo lunes a Román Sanahuja Escofet y a su socio Enrique Viñas por cuatro presuntos delitos fiscales relacionados con promociones inmobiliarias. El fiscal pide penas de once meses de cárcel por cada uno de los supuestos delitos, o sea, tres años y ocho meses en total, además de una indemnización millonaria.

Román Sanahuja Escofet es uno de los hijos de Román Sanahuja Pons, que hace una década irrumpió en los listados de los más ricos de España cuando se hizo con el control de Metrovacesa. Desde entonces, diversos miembros de la familia Sanahuja han sido objeto de investigaciones de la Fiscalía.

En el banquillo de los acusados se sentará Román Sanahuja júnior y Enrique Viñas, responsables de la promotora inmobiliaria Prosavi, así como dos proveedores a los que se acusa de emitir facturas falsas para que los primeros pudieran inflar costes. Así podían deducirse posteriormente el IVA y el impuesto de sociedades.

Prosavi vendió entre los años 2003 y 2005 dos promociones por cerca de 79 millones de euros: Las Chapas, con 102 pisos en el litoral alicantino; y Camoján, con otros 110 pisos en las proximidades de Marbella. Según el escrito del fiscal, sólo pagaron 3,4 millones de euros al erario público.

La Fiscalía acusa a Román Sanahuja júnior de cuatro delitos fiscales

La Fiscalía considera que los responsables de Prosavi simularon una serie de operaciones para disminuir “de una forma artificiosa el beneficio realmente obtenido”. Les acusa de inflar los gastos en cerca de 4,8 millones de euros en connivencia con los proveedores. A estos últimos se les juzgará como colaboradores en la trama.

La cuotas defraudadas en concepto de impuesto de sociedades entre 2003 y 2005 se elevarían a más 1,75 millones de euros. A este importe se sumarían otros 490.000 euros por el IVA supuestamente defraudado en 2005.

Además de las penas de cárcel, el fiscal pide que los acusados abonen una indemnización de más de 2,2 millones de euros y multas por otros 1,45 millones de euros. No sería la primera vez que un Sanahuja afrontase responsabilidades civiles. En alguna ocasión, incluso las pagaron en especies, con activos inmobiliarios y acciones. 

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