Sánchez negocia con la UE sortear el Congreso para recibir los fondos

Moncloa ya negocia con las autoridades europeas las exigencias y los puntos de referencia que tomará la Comisión para aprobar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de Pedro Sánchez envió hace dos semanas a Bruselas. El Ejecutivo espera conseguir en julio los 9.000 millones que recibirá España como primer anticipo de los 70.000 aprobados para el período 2021-2023.

Fuentes conocedoras de estas negociaciones avanzan que el Gobierno estaría tratando de sortear que las autoridades europeas pusieran como ‘conditio sine qua non’ la aprobación de los proyectos en sede parlamentaria para desbloquear los 16.000 millones correspondientes a esta primera fase.

El Gobierno ya ha advertido a Bruselas del «extraordinario» y «difícil» momento político por el que atraviesa España, habiendo superado dos procesos electorales, para hacer ver que las diferentes formaciones políticas podrían no aprobar sus planes en el Congreso de los Diputados.

En Moncloa son conscientes de la debilidad por la que atraviesa el Gobierno de coalición y que un bloqueo o rechazo amenazaría con retrasar el reparto de los fondos a 2022. Por ello y desde el área económica del Gobierno insisten a la Comisión en que dé luz verde a la conformidad de haber aprobado las reformas en Consejo de Ministros.

Es decir, sin la aprobación del resto de partidos y como sí han hecho otros países como Italia, que también tiene previstas las elecciones en 2023 como España. El Plan del primer ministro italiano, Mario Draghi, contó con el respaldo del 86% de la Cámara. No es de extrañar que la voz del italiano se haya convertido en autoridad en Bruselas, recibido en Francia y escuchado por Merkel, tras asumir la gestión de la pandemia y los asuntos económicos del país.

Las posibilidades de introducir cambios en el Plan a posteriori son posibles con «cierto margen de maniobra», según explican fuentes europeas a Economía Digital. Es decir, son de obligado cumplimiento las reformas estructurales impuestas a España (reforma laboral, de pensiones y reforma fiscal). Pero no se podrá cambiar la dirección del Plan, advierten.

Se podrían modificar ciertos aspectos por mayoría cualificada del Consejo, apuntan las mismas fuentes. Es decir, que el 55% de los estados miembro votase a favor (15 de los 27 miembros) o que los países que hayan votado favorable representen al menos el 65% de la población total de la UE. Por eso es importante, resaltan fuentes comunitarias, «que los planes sean sólidos» y que «recaben el mayor número de apoyos posible».

El ‘giro’ de Ábalos no sería casualidad

De todo ello se deduce que el Gobierno habría podido dar un pequeño ‘giro’ esta semana en lo que a algunas medidas respecta, como por ejemplo, el proyecto de pago por uso para sufragar el coste de mantenimiento de la red de carreteras del Estado.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dio este martes marcha atrás en sus exigencias y aseguró que aparcaría su propuesta si no consigue el apoyo parlamentario suficiente, por mucho que tenga el respaldo de la Comisión.

La oposición se ha echado en bloque sobre este asunto en el Congreso. «¿Hasta cuándo pensaba ocultar a los españoles que tendrán que pagar peajes por circular en carretera?», preguntó el portavoz de Transportes del PP, Andrés Lorite, al ministro Ábalos este miércoles en la sesión de Control al Gobierno.

Pero no sólo el PP y Vox se oponen al cobro en todas las autovías a partir de 2024, como ha presentado el Gobierno en Bruselas, los socios de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, también se oponen señalando que se trata de «un impuesto que pagarán las clases medias». Los morados se revuelven contra el ministro asegurando que la medida «penaliza a la gente trabajadora y tiene un carácter regresivo» y amenazan con votar en contra en la Cámara Baja.

La subida de impuestos presentada en Bruselas también ha traído consecuencias al Gobierno esta semana. El PP ve en este retraso una «intencionada estrategia de confusión», recordando la «supuesta errata» referida a la supresión de las deducciones por tributación conjunta en el IRPF. Así lo ha manifestado en la interpelación urgente dirigida a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para que explique las subidas de impuestos y «recortes» comprometidos a Bruselas, y de la que se derivará una moción en el próximo Pleno.

Partidos e instituciones critican la opacidad de los fondos

El Gobierno aúna el enfado de todas las formaciones parlamentarias por no haber discutido, ni siquiera presentado detalladamente, las reformas presentadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insistió esta semana en llamar al consenso político, ya que «los problemas estructurales requieren reformas estructurales», y el carácter estructural solo se puede lograr con permanencia en el tiempo y si son consensuadas. De lo contrario, se experimentarán reversiones de esas políticas siempre que haya un cambio de signo político, según indicó.

También los empresarios, autónomos y sindicatos han expresado su enfado respecto a esta situación a pesar de las negociaciones que mantienen en estos momentos con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en las reformas más sensibles, que el Gobierno apenas ha detallado a Bruselas y que la Comisión exige al Ejecutivo profundizar.

Fuentes del Gobierno consultadas se muestran satisfechas asegurando que España «pasará el primer corte» consistente en que la Comisión apruebe el Plan de Recuperación para recibir los primeros 9.000 millones en julio. Pedro Sánchez se encargó de vender este miércoles la recuperación económica asegurando que «la economía española está a punto de relanzarse gracias al Plan de Recuperación».

Moncloa ya ha trasladado a Bruselas que espera que la recuperación económica llegue para continuar avanzando con las reformas estructurales. Veremos si la Comisión Europea aprueba este primer trámite del Gobierno y si permite a Pedro Sánchez que sus reformas no sean consensuadas con el resto de partidos políticos en España.