El campo estalla: sale a las calles la próxima semana para protestar por los recortes de la PAC y Mercosur
Las protestas de los agricultores arrancarán el lunes 26 de enero y se alargarán hasta el próximo viernes 30 de enero
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Los agricultores tomarán las calles la próxima semana con el objetivo de protestar por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur. Con el objetivo de expresar su descontento, si bien el acuerdo de Mercosur está paralizado a raíz de un pacto alcanzado en el Parlamento Europeo, sacarán los tractores desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 30 de enero.
Las concentraciones que están promovidas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Protestas y tractoradas
A pesar de que las concentraciones se llevarán a cabo a lo largo de toda la semana, la jornada más destacada será el 29 de enero. El motivo es que la mayor parte de las manifestaciones y tractoradas programadas están previstas para ese día, unas acciones reivindicativas que se llevarán a cabo en más de 25 provincias de la geografía española.
ASAJA, COAG y UPA son las entidades que han promovido las protestas que tendrán lugar la próxima semana
En Madrid se realizarán movilizaciones y se prevé un ‘cocido reivindicativo’ en plena Puerta del Sol, mientras que se protestará a través de diversas tractoradas en Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca.
«Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo», destacó el secretario general de UPA, Cristobal Cano.
Las demandas de los agricultores
A través de las diversas protestas protagonizadas por agricultores y ganaderos por todo el territorio nacional, se proponen trasladar a las administraciones la urgencia de escuchar los problemas reales del sector agrario y adoptar decisiones «valientes y acertadas» que garanticen la viabilidad económica y social.
Los agricultores lamentan el recorte del 23% del presupuesto previsto en la reforma de la PAC y lo califican de inadmisible
Uno de los factores que ha motivado el descontento entre el sector agrícola español es el recorte del 23% del presupuesto previsto en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), una reducción que consideran «inasumible» para miles de explotaciones familiares.
Entre las demandas de los agricultores también figurará el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y publicación oficial de los costes medios de producción, así como la aprobación de una Ley Emergencia por daños de fauna salvaje y adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias.
Contra el acuerdo de Mercosur
También pretenden trasladar su rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar. En este sentido, han advertido que permiten la entrada de productos agrarios sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos.
La tramitación del acuerdo de Mercosur está paralizada después de que el Parlamento Europeo haya decidido denunciar la propuesta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que implica un retraso en la tramitación.
La propuesta de pedir un dictamen jurídico sobre el tratado al Alto Tribunal Europeo, formulada por grupos de izquierda ante las dudas por la compatibilidad del derecho comunitario, prosperó con una diferencia de apenas diez votos.
El Parlamento Europeo dio luz verde a la propuesta con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. A pesar de que en la práctica la resolución implica la suspensión del proceso de ratificación del pacto, no conlleva necesariamente su aplicación provisional, puesto que la posibilidad depende de la Comisión Europea.
