El ERE masivo de Amazon: ¿es legal cuando una empresa tiene beneficios?

El despido colectivo de más de 1.200 trabajadores en las oficinas corporativas de Amazon en España ha reabierto un intenso debate: ¿puede una empresa con beneficios millonarios justificar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)? Aunque la respuesta jurídica es clara —sí puede—, el plano social y ético plantea muchas más dudas. El caso del gigante estadounidense se suma a una lista cada vez más larga de multinacionales que, pese a registrar ganancias récord, deciden ajustar sus plantillas alegando razones organizativas, técnicas o productivas.

El anuncio de Amazon llega tras presentar un incremento del 38% en sus beneficios globales, un dato que contrasta con la decisión de despedir a más de un millar de empleados de sus oficinas en España. La compañía argumenta “una reestructuración interna para mejorar la eficiencia operativa”, una fórmula habitual en estos procesos.

Los sindicatos han mostrado su indignación al considerar que la medida no se justifica económicamente y responde únicamente a una estrategia de ahorro de costes y optimización de recursos humanos. “Amazon no puede hablar de eficiencia cuando sus beneficios baten récords. Esto es un despido ideológico, no económico”, señalan fuentes sindicales.

Desde la compañía, sin embargo, defienden que la decisión busca adaptar la estructura corporativa a las nuevas necesidades del negocio, especialmente en áreas automatizadas o donde la inteligencia artificial está sustituyendo tareas administrativas.

Qué dice la ley: cuándo una empresa puede hacer un ERE

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores regula los despidos colectivos en España. Según esta norma, una empresa debe tramitar un ERE cuando los despidos superan determinados umbrales:

10 trabajadores en empresas con menos de 100 empleados.
El 10% de la plantilla en compañías de entre 100 y 300 empleados.
30 o más trabajadores si la empresa supera los 300 empleados.

En el caso de Amazon, las cifras superan con creces estos límites, por lo que la vía del ERE es obligatoria.

Las causas que pueden justificar un despido colectivo no son únicamente económicas. La ley también contempla motivos técnicos, organizativos o productivos, como cambios en los sistemas de trabajo, procesos automatizados o variaciones en la demanda. Es decir, una empresa no necesita estar en pérdidas para despedir: basta con acreditar que los ajustes son razonables y tienen fundamento.

ERE con beneficios: legal, pero polémico

Aquí surge el principal conflicto. La legalidad no siempre coincide con la ética empresarial. Desde la reforma laboral de 2012, una empresa no necesita la autorización de la autoridad laboral para ejecutar un ERE. Basta con notificarlo y negociar un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

Esto significa que una compañía con beneficios millonarios puede justificar despidos si acredita que busca optimizar procesos o adaptarse a un nuevo modelo de negocio. Los tribunales solo intervienen si se demuestra fraude, abuso de derecho o falta de negociación de buena fe.

Expertos en derecho laboral explican que “la ley no prohíbe los ERE en empresas con beneficios, siempre que exista una causa organizativa o productiva real”. No obstante, matizan que “estos despidos suelen ser impugnados por los sindicatos y, en ocasiones, acaban siendo declarados improcedentes o nulos” si no se demuestra una necesidad objetiva.

El procedimiento: entre la negociación y la tensión

Antes de ejecutar el despido colectivo, la empresa debe comunicarlo por escrito a la autoridad laboral y abrir un periodo de consultas de hasta 30 días con los representantes de los trabajadores. Durante este tiempo, ambas partes deben buscar alternativas que reduzcan el impacto, como recolocaciones internas, prejubilaciones o bajas voluntarias incentivadas.

En la práctica, estas negociaciones suelen estar marcadas por la tensión y la desconfianza. En el caso de Amazon, los sindicatos denuncian que “la empresa ya tiene una hoja de ruta decidida y solo cumple el trámite formal”, mientras que desde la dirección aseguran que “el diálogo sigue abierto y se ofrecerán salidas razonables a todos los afectados”.

La autoridad laboral autonómica o estatal supervisa el proceso, solicita informes a la Inspección de Trabajo y puede mediar, aunque no tiene poder para impedir el ERE, salvo que detecte irregularidades graves.

La herencia de la reforma laboral de 2012

Antes de la reforma impulsada por el Gobierno del PP en 2012, los ERE requerían una autorización administrativa previa. La autoridad laboral podía vetar el despido si lo consideraba injustificado o desproporcionado. Desde su eliminación, las empresas tienen más libertad para ajustar plantillas, lo que ha multiplicado el uso de este instrumento.

Esta liberalización ha sido duramente criticada por los sindicatos, que consideran que “se abrió la puerta a despidos masivos injustificados, incluso en empresas con beneficios”. El Gobierno actual ha mantenido la norma, aunque ha fomentado el uso de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) como alternativa menos traumática durante crisis coyunturales.

Sí. Los trabajadores pueden impugnar el despido individualmente ante los tribunales o hacerlo colectivamente a través de sus representantes. También la autoridad laboral puede recurrir el expediente si aprecia indicios de fraude o abuso.

En estos casos, los jueces pueden declarar el ERE nulo o improcedente si no se acredita la causa alegada o si se demuestra que la empresa actuó de mala fe. Sin embargo, no basta con demostrar que hay beneficios: hay que probar que las razones organizativas o productivas invocadas no son reales o no justifican la medida.

Impacto social y reputacional

Más allá de la legalidad, el coste reputacional para Amazon puede ser alto. En un contexto en el que la opinión pública valora la responsabilidad social corporativa, despedir a 1.200 empleados mientras se reparten dividendos récord y se anuncian nuevas inversiones tecnológicas genera rechazo.

Analistas laborales apuntan que la automatización y la inteligencia artificial están transformando los perfiles demandados, y que Amazon podría estar anticipando un cambio estructural en su modelo laboral. Pero advierten: “una reestructuración puede ser legítima, pero no deja de ser cruel cuando hay beneficios de miles de millones detrás”.

En definitiva, el ERE de Amazon es legal según la legislación vigente, pero abre un debate necesario sobre el equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la responsabilidad social. La normativa española permite despidos en empresas con beneficios si existen causas justificadas, pero no impide que la sociedad cuestione su legitimidad moral.

Mientras los tribunales analizan posibles impugnaciones, Amazon se enfrenta a una tormenta de críticas que, más allá de lo jurídico, pone en el centro la eterna pregunta: ¿Hasta qué punto el derecho al beneficio puede imponerse sobre el derecho al trabajo?