El Gobierno plantea una prestación universal por crianza: así sería la nueva ayuda para familias

El Gobierno de España proponr una prestación universal por crianza, una ayuda económica de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años destinada a todas las familias.

La medida quiere transformar el modelo de apoyo familiar para combatir la alarmante tasa de pobreza infantil, la más alta de la Unión Europea, y marcar un cambio de paradigma en la protección social española.

Con un 29,2% de menores en situación de pobreza o exclusión social —más de 2,8 millones de niños y niñas—, España lidera la estadística negativa en la Unión Europea.

Organizaciones como Save the Children, Unicef y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza advierten de una problemática que se cronifica y que impacta, año tras año, en la salud, educación y oportunidades futuras de la infancia.

El umbral de pobreza se sitúa en 11.944,88 euros anuales para un hogar unipersonal, y se estima que uno de cada cuatro hogares vive en situación de extrema vulnerabilidad.

La Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030 evidencia lo estructural del problema y la necesidad de respuestas integrales para garantizar ingresos, acceso a vivienda y equidad educativa, entre otras prioridades.

La tasa AROPE —que mide la pobreza y/o exclusión social— ha comenzado a descender levemente en los últimos años, pero aún se mantiene cinco puntos por encima de la media europea.

La pobreza infantil implica peores indicadores de salud, menor acceso a oportunidades formativas y un círculo vicioso que amenaza con perpetuarse durante generaciones.

La prestación universal: en qué consiste

La propuesta de prestación universal por crianza consiste en el abono de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, sin tener en cuenta el nivel de renta de los progenitores.

De aprobarse definitivamente antes de que acabe 2025, implicaría un ingreso adicional de 2.400 euros anuales por cada menor y se situaría como uno de los ejes fundamentales de la política social de la próxima legislatura.

El único requisito sería residir legalmente en España y estar empadronado, facilitando así el acceso a todas las familias y rompiendo con el modelo anterior basado en deducciones fiscales, que dejaba fuera a los núcleos familiares más vulnerables e irregulares en materia tributaria.

La puesta en marcha de este mecanismo busca atacar el alza del coste de la vida y a la presión ejercida por formaciones políticas como Sumar, que lleva dos años defendiendo este modelo como condición para avanzar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

La medida se complementaría con el actual Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), destinado a familias beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV), y que oscila entre los 57 y 115 euros mensuales según el nivel de renta. Sin embargo, solo la mitad de los potenciales beneficiarios han accedido a este último apoyo, lo que reforzaría la conveniencia del carácter universal de la nueva prestación.

Simulaciones académicas y análisis institucionales prevén que la ayuda podría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil extrema, pasando del 14% actual al 8%, con un coste de la pobreza infantil crónica y persistente estimado en 63.100 millones de euros al año para el conjunto de la sociedad española.

Los modelos europeos

España se sumaría así a países como Bélgica y Suecia, donde la prestación por hijo es universal e independiente del nivel de ingresos familiares, a diferencia de las soluciones parcialmente condicionadas por renta de países como Francia o Italia.

Más de veinte países de la UE cuentan con medidas similares de carácter universal, con diferencias en las cuantías y formas de pago (ingresos directos, deducciones fiscales, etc.).

En los modelos más restrictivos, como el actual español, existen obstáculos administrativos y periodos de cobertura limitados que dificultan la efectividad de las ayudas en la lucha contra la desigualdad.