Nueva crisis en Muface: los médicos piden subir sus honorarios y denuncian a 17.000 falsos autónomos

El reciente acuerdo entre el Ministerio de Función Pública y las aseguradoras Adeslas y Asisa para renovar el concierto sanitario de Muface parecía haber puesto fin a meses de incertidumbre. Gracias a este pacto, más de un millón y medio de funcionarios y sus beneficiarios podrán seguir disfrutando de los servicios médicos privados ofrecidos a través de las mutualidades de funcionarios. Sin embargo, la tranquilidad ha durado poco.

Detrás de este aparente acuerdo se esconde un profundo malestar de los médicos autónomos que prestan sus servicios a través de estas aseguradoras. Pese al incremento del 41% en las primas pagadas por el Gobierno a las compañías en los últimos tres años, los honorarios que perciben los profesionales sanitarios no han experimentado un crecimiento proporcional.

Según denuncia la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), los honorarios que perciben los médicos por cada consulta están muy por debajo del mercado. «Menos de 8 euros por consulta en medicina general y entre 16 y 17 euros en las especialidades», explica su presidente, Ignacio Guerrero. Unos importes que, según señala, se asemejan más a lo que puede cobrar un peluquero que a lo que debería percibir un profesional sanitario.

Las grandes clínicas negocian, los médicos individuales sufren

Mientras los grandes grupos hospitalarios como Quirón o HM logran negociar mejores condiciones con las aseguradoras, los médicos autónomos e independientes ven cómo su situación se precariza aún más. Al no disponer de clínicas propias, su capacidad de presión es limitada. Estos profesionales son quienes atienden directamente a los pacientes, pero quedan al margen de las mejoras económicas acordadas entre las aseguradoras y el Estado.

Unipromel propone una vía de presión drástica si no se revisan los honorarios al alza: romper los baremos. Esto significaría que los médicos dejarían de aceptar los pagos estipulados y comenzarían a cobrar directamente a los pacientes, quienes deberían luego reclamar el reembolso a sus compañías. Esta medida pondría en serio riesgo el funcionamiento fluido del sistema de mutualidades, basado en la concertación previa de tarifas.

Además de la presión económica, Unipromel ha interpuesto acciones legales para impugnar los conciertos actuales suscritos con Muface, Isfas y Mugeju, alegando que excluyen de forma injusta a numerosos médicos y clínicas de menor tamaño. Según la asociación, este sistema beneficia a las grandes entidades sanitarias mientras margina a los profesionales individuales.

La denuncia de los falsos autónomos

El conflicto tiene además una vertiente laboral. Desde Unipromel denuncian la existencia de unos 17.000 médicos y sanitarios que ejercen como falsos autónomos. Se trata de profesionales que trabajan en exclusiva para las aseguradoras, bajo unas condiciones que, de facto, implican una relación laboral encubierta, pero sin los derechos laborales que ello debería conllevar.

Para defender a este colectivo, se ha constituido el sindicato médico Seplamed y se ha creado una mesa de trabajo en el Colegio de Médicos de Madrid. El objetivo es visibilizar esta realidad laboral y reclamar cambios estructurales en el modelo actual de mutualidades.

El modelo Muface, que funciona junto a Isfas (para militares) y Mugeju (para jueces y fiscales), acumula más de 50 años de trayectoria, pero cada vez está más cuestionado. Aunque sigue resultando atractivo para los mutualistas por la posibilidad de acceder a sanidad privada, la creciente presión de los médicos y los desequilibrios económicos amenazan su sostenibilidad.

El Gobierno en el centro del debate

El Ministerio de Función Pública, al frente de estas mutualidades, se enfrenta ahora a un nuevo foco de tensión. Aunque logró cerrar el nuevo concierto con las aseguradoras tras arduas negociaciones, los problemas estructurales del sistema continúan sin resolverse. La falta de revisión de los honorarios profesionales y la precarización laboral podrían desencadenar una crisis de mayor envergadura si no se actúa con rapidez.

Con las demandas judiciales en marcha, la amenaza de ruptura de baremos y la creciente presión de los colectivos médicos, el modelo de mutualidades afronta una encrucijada. Reformar el sistema para garantizar condiciones dignas a los profesionales y la calidad asistencial para los funcionarios parece imprescindible. Sin embargo, el reto no será sencillo en un contexto de tensión presupuestaria y fuerte oposición de los intereses contrapuestos.

Lo que comenzó como un acuerdo de renovación podría desembocar en una crisis de mayor alcance si no se alcanzan consensos que equilibren los intereses de todos los actores implicados.