La app de la Comunidad de Madrid

La 'app' oficial del covid-19 está ya en seis comunidades autónomas

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La aplicación móvil oficial de autodiagnóstico se puede usar en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de Madrid

Madrid, 06 de abril de 2020 (14:44 CET)

La aplicación móvil oficial de autodiagnóstico e información sobre el coronavirus en España ya está disponible en cinco nuevas comunidades autónomas. Se trata de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, nuevos puntos que se suman a la Comunidad de Madrid, donde se hizo el proyecto piloto.

Desde la secretaría de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, explican que el objetivo de esta aplicación es descongestionar los teléfonos de atención sanitaria de las diferentes comunidades autónomas, a la vez que ofrecer información oficial y de confianza a la ciudadanía.

Su uso es sencillo. Puede utilizarse a través del móvil o la web para realizar autodiagnósticos, acceder a recomendaciones de actuación, información actualizada y recibir recordatorios para realizar un seguimiento periódico del estado de salud.

No obstante, la Secretaría de Estado de Digitalización informa en su comunicado que la aplicación del coronovarus no constituye, en ningún caso, "un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos".

Uso de datos personales

La aplicación oficial podrá disponer de datos unificados y homogéneos, lo que ayudará a una mejor gestión de la epidemia a nivel nacional. Será una ayuda extra la liberación del código fuente, un propósito que el Gobierno tiene en mente para que otros organismos oficiales puedan implementar sus propias versiones de la aplicación, adaptando la herramienta a su protocolo sanitario de autoevaluación y triaje. 

Sobre los datos recogidos, el Gobierno ha explicado que a través del sistema de geolocalización vía GPS del teléfono móvil, con permiso del usuario, se validará la comunidad autónoma en la que se encuentra para personalizar las respuestas en función de los protocolos de cada una de ellas.

Solo se permitirá el acceso a los datos a los profesionales sanitarios y a las autoridades competentes autorizadas

"Todos los datos que recaba la aplicación son necesarios para poder asesorar a cada persona. En ningún caso se utilizan para realizar un control del cumplimiento de las medidas de contención. Solo se permitirá el acceso a los datos a los profesionales sanitarios y a las autoridades competentes autorizadas", explican desde el ministerio.

¿Un nuevo Gran Hermano en España?

Han sido varios países los que en el último mes han puesto la tecnología y la vigilancia a disposición del sistema de salud, lo que ha generado un debate en España sobre cuál era el límite de la administración para conocer información sensible, como datos de salud, de sus ciudadanos, sobre todo si se cruzaban con otros datos, como la ubicación. 

Sergio Carrasco, experto en derecho tecnológico, descartaba hace unos días, cuando fue preguntado por este medio, que la declaración de intenciones del Gobierno supusiera la puesta en marcha de un sistema de vigilancia masiva como ha sucedido en otros países que han vivido la epidemia, principalmente los asiáticos.

"La norma contempla dos cosas: uso agregado y anonimizado de los datos de las operadoras. Se trata de una comprobación de localización en la app para comprobar lo que se ha declarado. Por lo tanto, no es tanto una trazabilidad de los sujetos sino una trazabilidad de los movimientos de la masa".

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo que supervisa en España el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, también se pronunció hace días sobre el uso de las apps. 

Desde la agencia presidida por Mar España hicieron hincapié en que el uso de esta información solo podía realizarse con objetivos centrados en el control de la epidemia, mientras que su tratamiento debía ser exclusivo del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas.


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