España investigará a los ‘influencers’ que compren ‘likes’ o hagan publicidad encubierta

El Gobierno presentó en julio el anteproyecto con el que reformará varias leyes que garantizan la protección de los consumidores en internet y las redes sociales

Cuando se habla sobre cómo Europa pretende regular a las grandes tecnológicas, se tiende a pensar en los borradores de los nuevos reglamentos sobre Servicios Digitales y Mercado Digital, que la Comisión presentó a finales del año pasado.

Sin embargo, este no es el único frente que el Viejo Continente ha abierto sobre el papel que las plataformas y los negocios digitales juegan en el mercado comunitario. Tanto es así, que España tendrá que aprobar en los próximos meses dos leyes, ambos en fase de consulta, que buscan transponer dos directivas.

El plazo para transponer una de esas dos directivas ya ha caducado y España ya ha sido sancionada por llegar tarde a esta reforma legal.

Se trata de la Directiva de Servicios Audiovisuales que se transpondrá con la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que se volvió a presentar en fase de consulta pública semanas atrás después de que un primer borrador del anteproyecto viese la luz a finales de 2020.

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia lamentaba en un reciente informe que la nueva versión de dicho anteproyecto siguiese sin incluir una definición explícita de creador de contenido, sea este streamer de Twitch, youtuber, tiktoker o influencer de cualquier otra red social.

Competencia, precisamente, reconoció problemas este año para vigilar todo el contenido que se crea en las redes.

Organismos como el Consell de’l Audiovisual de Catalunya ya han alzado la voz sobre los problemas que supone seguir arrastrando una normativa obsoleta que no regule los contenidos audiovisuales que generan estas nuevas estrellas digitales, como ha reflejado este medio en varias ocasiones.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón. EFE/ Raúl Caro./Archivo
El ministro de Consumo, Alberto Garzón en rueda de prensa. Foto: EFE/ Raúl Caro./Archivo

Otro de los frentes tiene que ver con las peticiones del Consell catalán, aunque también con las demandas de asociaciones de consumidores, como la federación europea BEUC en la que se integra la española OCU. Y en el último Consejo de Ministros del presente curso político, el Ministerio de Consumo trató de dar respuesta.

El departamento de Alberto Garzón ya ha presentado el anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y Otras Leyes Complementarias. El documento lo puedes consultar aquí y presenta varias novedades tanto para influencers como para vendedores de marketplaces como el de Amazon.

Este anteproyecto, que tras su presentación tendrá que superar toda la fase legislativa y se espera que se apruebe durante la segunda mitad de 2021, transpone la Directiva europea que pretende modernizar las normas que protegen a consumidores.

El plazo para transponer dicha directiva vence el 28 de mayo de 2022. En el horizonte hay más reformas legislativas europeas en camino, como una directiva aprobada también el año pasado que pretende garantizar que se puedan ejercer demandas colectivas en todos los países miembros de la Unión.

Las nuevas prácticas desleales están en las redes


El anteproyecto de Ley que presentó Consumo en julio esboza varias novedades que podrían materializarse durante los próximos meses si la norma supera su travesía por las Cortes.

Por ejemplo, diferencia y define dos tipos de portales: mercados en línea y clasificados. Los vendedores que usen marketplaces como los de Amazon o AliExpress deberán detallar al consumidor su naturaleza comercial: si son empresarios o particulares.

Quienes usen un motor de búsqueda para mostrar catálogo tendrán que explicar por qué algunos productos aparecen antes y otros después.

La lista de novedades es amplia. Las empresas deberán ofrecer una dirección de correo electrónico como atención al cliente, y no podrán despachar las dudas mediante un chatbot en los que los clientes suelen frustrarse al comprobar que no pueden hablar con ningún ser humano.

Si el precio de un servicio se fija en función de la oferta y demanda mediante mecanismos automáticos (por ejemplo, un vuelo), deberá explicarse.

Los clientes que reciban en casa una falsificación, por ejemplo, podrán optar a una indemnización de mínimo del 10% del precio.

Las falsificaciones siguen siendo un problema a pesar de los esfuerzos de Amazon por ponerles coto o de los trabajos de startups españolas como RedPoints o Smart Protection, como reconocía el director del OEPM en una reciente entrevista.

Muchas de estas novedades las recoge el propio especialista Jorge Morell en un reciente artículo publicado en El Diario de Mallorca, en una pieza que puedes consultar aquí.

Morell destaca que muchas de las prácticas mencionadas (priorizar un producto en los resultados de búsqueda de un catálogo, revender entradas a espectáculos compradas con bots, o aceptar reseñas falsas) se considerarán prácticas desleales.

También comprar interacciones en redes sociales (likes o me gustas en Instagram o Facebook) o esas mismas reseñas. Y como prácticas desleales, estarán perseguidas.

El Ministerio conseguirá competencias

En el plano digital es habitual encontrarse con estafas, fraudes, publicidad engañosa, y muchos tipos distintos de abusos que sufren los consumidores.

Sin embargo, hasta ahora el Ministerio que dirige Alberto Garzón (que llegó al Gobierno de la mano de Unidas Podemos) no contaba con los suficientes mecanismos como para reglar y ordenar en unas competencias que están distribuidas por las comunidades autónomas.

No obstante, el Ministerio ha mostrado en los últimos meses su intención, en varias ocasiones, de legislar.

La cruzada contra las casas de apuestas ha sido lo más mediatizado, pero Alberto Garzón también se ha pronunciado sobre las cajas de botín que tan extendidas están en los videojuegos, con lo que España seguiría el camino de otros países europeos al intentar legislar sobre estos elementos de azar que aparecen en productos de ocio interactivo.

Lo mismo ocurre con los influencers en redes sociales. En febrero de este año varios creadores de contenido de Instagram compartieron una historia en sus cuentas que en apariencia era espontánea, pero al verla replicada idéntica en perfiles tan diversos levantó las sospechas de los usuarios.

Un móvil con varias aplicaciones, como Facebook o Signal, abiertas / EFE

Fue el propio Ministerio de Consumo quien abrió una investigación para determinar si detrás de la campaña había un operador del juego.

Ahora, con la futura reforma legal que se ha presentado en el Consejo de Ministros, el Gobierno podrá actuar contra ese tipo de acciones publicitarias que no se identifican adecuadamente en los perfiles sociales.

El propio Consell de’l Audiovisual de Catalunya denunció que varios creadores de contenido de TikTok amparaban prácticas similares, con la peculiaridad de que gran parte de su audiencia, además, era público infantil.

Otro caso es el de las reseñas falsas, un mal endémico en plataformas de comercio electrónico. Business Insider España ha contado cómo muchos usuarios españoles reciben las invitaciones de las propias marcas que venden sus productos en la plataforma: devuelven el dinero a cambio de una reseña de cinco estrellas.

Aunque el anteproyecto de Ley en el que trabaja el Gobierno supone una reforma de la Ley de Competencia Desleal, de facto implicará que creadores de contenidos que publiquen contenido publicitario sin avisarlo o empresarios que compren reseñas o likes serán señalados por sus prácticas “desleales”.

Pero Consumo se encargará de sancionar cuando se traten de casos de fraudes masivos que afecten a varios mercados, o bien cuando el infractor esté fuera de España.

En los servicios de compraventa de segunda mano, como Wallapop o Milanuncios, se pueden encontrar incluso productos que están al margen de sus propios términos del servicio, como reveló Business Insider España en este artículo.

Al respecto, Wallapop, como una de las plataformas digitales que también se enfrentan al problema de las falsificaciones que también persigue este anteproyecto, adujo que el 10% de su plantilla forma parte del equipo de Trust & Safety, que se encarga de monitorizar de forma activa todos esos objetos que no deban ser ni comprados ni vendidos (desde drogas y fármacos hasta marfil).

Desde Wallapop siempre animamos a nuestra comunidad a reportar cualquier contenido o comportamiento indebido: en caso de sospechar que un anuncio no cumple las normas de publicación, los usuarios pueden reportarlo a través de la app y estas incidencias son analizadas de forma manual por nuestro equipo de moderación”, enfatizaron.

Noticia original: Business Insider

Autor: Alberto R. Aguiar