Fin a la polémica: el Supremo pone la piqueta para demoler El Algarrobico
Según el alto tribunal, los terrenos donde se levantó el hotel no son "urbanizables y carentes de interés ambiental", tal y como argumenta la promotora Azata. La sentencia exige su protección dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en el municipio almeriense de Carboneras

Una década después de que un juez decretara la paralización de las obras del hotel El Algarrobico, iniciadas en 2003 por la promotora Azata en el municipio almeriense de Carboneras, el Tribunal Supremo ha puesto fin al interminable proceso judicial abierto.
Se acabó la polémica. El terreno donde se levantó el hotel, en el Parque Natural de Cabo de Gata-NÃjar, es protegido y no urbanizable y, aunque la sentencia del Alto Tribunal no lo dice expresamente, el inmueble debe ser demolido para que la playa se quede como estaba hace 13 años. La Junta de AndalucÃa asà lo ha entendido, y ya ha iniciado el procedimiento para echar abajo el polémico hotel.
Demorar lo inevitable
El Supremo se expresa asà para dar la razón a Greenpeace y a la Junta de AndalucÃa, que habÃan presentado sendos recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de AndalucÃa, de 21 de marzo de 2014, que, tras un cambio de magistrados en relación a este tema, habÃa determinado que los terrenos sà eran urbanizables.
Dos años después de aquella sentencia, el tema de la demolición se retoma. De hecho, ya entonces, tanto el Ministerio de Fomento como la Junta de AndalucÃa habÃan suscrito un protocolo para proceder a la demolición.
Fomento y la Junta, reparto de tareas para la demolición
En el acuerdo se fijaba que Fomento –competente en materia de costas y dominio público marÃtimo terrestre– acarrearÃa con los costes del derribo propiamente dicho, y el Gobierno andaluz con las tareas de desescombro y restauración del emplazamiento al estado en el que estaba en 2003.
A partir de ahora, a Azata, la promotora del hotel, le quedan pocas agarraderas jurÃdicas. Únicamente, podrÃa recurrir contra la orden administrativa de demolición para demorar unos meses lo inevitable. Pero, poco más.