La petición del Ayuntamiento de Benidorm al Constitucional para esquivar la quiebra
Benidorm pide al Tribunal Constitucional suspender la sentencia sobre el pago de 283 millones a dueños de terrenos en Serra Gelada
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez
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El Ayuntamiento de Benidorm ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar del pago de más de 340 millones de euros a la familia Murcia Puchades, propietaria de los terrenos del sector APR-7 en Serra Gelada, una indemnización que, según advierte el consistorio, podría llevar a la ciudad a la quiebra técnica.
La sentencia en firme obliga a abonar 283 millones de euros más intereses acumulados cercanos a los 60 millones, una cifra que equivale a dos años y medio del presupuesto municipal y que, en palabras del alcalde Toni Pérez, causaría un «perjuicio de imposible o difícil reparación» si se ejecuta sin apoyo económico estatal o autonómico.
En una comparecencia pública, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha asegurado que la ejecución forzosa del fallo judicial obligaría al Ayuntamiento a adoptar medidas drásticas como el despido de trabajadores municipales o la supresión de servicios públicos esenciales.
Pérez ha insistido en que, de no obtener una respuesta favorable del Constitucional, Benidorm necesitará ayuda financiera urgente de otras administraciones para afrontar la sentencia.
En paralelo, el consistorio mantiene abiertos otros litigios relacionados con este caso que, según el alcalde, “están dando la razón a la defensa del interés general de Benidorm”.
Toni Pérez declaraba: «El pueblo de Benidorm pide al Tribunal Constitucional que declare que se ha vulnerado el derecho fundamental del ayuntamiento de Benidorm a la tutela judicial efectiva sin indefensión y hay consecuencias».
«Que se anule esa sentencia por la cual el Ayuntamiento debía pagar esa cifra multimillonaria, como digo histórica sin precedentes en el urbanismo español», añadía Pérez.
La sentencia judicial se refiere al conocido conflicto urbanístico por los terrenos del APR-7 en la Serra Gelada, una zona de alto valor ambiental cuyos derechos urbanísticos fueron anulados hace años, generando un largo proceso de reclamaciones por parte de los propietarios.
Desde la oposición, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, ha exigido la dimisión del alcalde, al que culpa directamente de la situación. «El responsable de la quiebra técnica es Toni Pérez y su hoja de ruta», ha sentenciado, pidiendo que «asuma sus responsabilidades».
Este nuevo frente judicial añade presión al consistorio y coloca en el foco la gestión urbanística de los últimos años.
Benidorm frente a la posible quiebra técnica si el TC no frena el pago millonario
Mientras el recurso de amparo sigue su curso en el Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento se enfrenta a la amenaza inminente de una crisis financiera sin precedentes si no logra frenar la ejecución de la sentencia o articular un rescate económico a tiempo.
Además, el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional alega una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución, al considerarse que tanto la sentencia firme como el auto del TSJ de junio incurrieron en «razonamientos manifiestamente contradictorios e inconsistentes».
Según el Ayuntamiento, dichas resoluciones impusieron una indemnización sin precedentes, 283 millones más intereses, a pesar de que no se demostraron los requisitos legales para ello, como cesiones, equidistribución o urbanización del suelo del APR‑7.
Resolución del Tribunal Consititucional
La Intervención municipal también advierte que un calendario de pagos parciales de la deuda, que ya supera los 344 millones, agravaría los perjuicios al municipio en ausencia de financiación externa, lo que respalda aún más la petición de suspensión cautelar de la ejecución.
La resolución del Tribunal Constitucional será clave para el futuro financiero del Ayuntamiento de Benidorm, que afronta uno de los mayores desafíos económicos de su historia reciente.
Con una sentencia firme que multiplica por más de dos su presupuesto anual y sin respaldo presupuestario inmediato para hacer frente a la indemnización, el consistorio pone ahora su esperanza en la suspensión cautelar como única vía para evitar la quiebra técnica.
Mientras tanto, las tensiones políticas y sociales se intensifican en el municipio, a la espera de una respuesta judicial que podría marcar un antes y un después en la gestión urbanística y financiera de las administraciones locales.
