AVA-Asaja celebra el impulso de ayudas para acelerar las reparaciones agrarias de la DANA

AVA-ASAJA ha celebrado que el Gobierno atienda las reivindicaciones de la organización en cuanto a las ayudas para acelerar las reparaciones de infraestructuras agrarias afectadas por la DANA. Sin embargo, ha criticado que «siga limitando las ayudas» a los agricultores que están inscritos al Registro de Explotaciones Agrícolas (REA) y no a cualquier otro trámite que acredite su actividad agraria. En este sentido, ha puesto como ejemplo la contratación de un seguro agrario o recibir una línea de subvención agraria de la administración pública.

A ojos de la organización, la línea de ayudas beneficia a la administración pública, que destinará menos fondos públicos que si restaura unos terrenos que podrían volver a sufrir riadas en el futuro, pero también a los propietarios, que recibirán una compensación para poner en marcha otra explotación en una zona no inundable.

Reivindicaciones de AVA-Asaja

«El Gobierno publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden que atiende algunas de las principales reivindicaciones de AVA- Asaja», ha celebrado y ha señalado que concede la opción a los propietarios de elegir entre esperar a que la empresa pública Tragsa ejecute las reparaciones o que ellos mismos, directamente o contratando a terceros, reciban una compensación para encargarse de agilizar los arreglos de infraestructuras.

Entre las propuestas de la organización que recoge la orden también figura la aprobación de indemnizaciones para aquellas parcelas situadas junto a cauces y barrancos que quedaron arrasadas, así como la ampliación de las ayudas a los viveros con unas ayudas específicas debido a los mayores desperfectos en sus equipos e instalaciones.

Baremación de ayudas

También establece una baremación de ayudas por superficie, de 5.200 a 9.900 euros por hectárea en función de cuatro zonas asignadas con distinto grado de afección, para que los agricultores damnificados que lo prefieran lleven a cabo sus propias reparaciones de las infraestructuras dañadas con una cuantía máxima por beneficiario de 125.000 euros.

Teniendo en cuenta «el ingente trabajo acumulado» por parte de Tragsa y la urgencia que impera en los campos, la organización ha calificado de «totalmente necesaria» las medidas. «La mejor opción que siempre hemos defendido es que sean los propios agricultores, que son quienes saben mejor que nadie lo que necesitan y en qué orden de prioridad, arreglen los destrozos con el mismo dinero pero con más rapidez”.

Si se pone el foco sobre los viveros, el importe de la ayuda se calcula aplicando el 60% del coste de los daños valorados por Tragsa. La organización ha celebrado que el incremento de las ayudas a las empresas del sector verde tras calificar los importes de «irrisorios» en la mayor parte de los casos.

Para las parcelas que por proximidad a un cauce público hayan sido gravemente afectadas «hasta el extremo de que la administración pública no le compense financieramente su reparación», podrán pasar al Dominio Público Hidráulico y percibir una indemnización de 11.800 euros por hectárea para la totalidad de la superficie, si bien no podrá exceder los 200.000 euros.