La izquierda desfonda a los sindicatos de educación para retrasarle a Llorca una semana los presupuestos

El marco político que afecta a las empresas ha dejado de estar condicionado por la DANA con todos los esfuerzos focalizados en la reconstrucción. Ahora el barro político se va hacia las protestas de funcionarios. Han empezado los de educación y vendrán más sectores públicos. Se descuenta ya que en septiembre se manifestarán contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y en diciembre le tocará el turno a la consellera de Justicia, Nuria Martinez. Estos enfrentamientos distraen el trabajo sobre el resto de sectores económicos. La clave tanto en el gobierno como en la oposición está en cómo gestionar estas movilizaciones.

El primer logro de la izquierda utilizando a los sindicatos (3 de izquierda y 2 conservadores) ha sido retrasar una semana la presentación de presupuestos que tenía prevista Juanfran Pérez Llorca. Lo hacen con el colectivo de profesores con notables síntomas de agotamiento. Cuatro de cada cinco van a trabajar ajenos a los paros, lo cual demuestra la desconexión de los profesores con las consignas politicas de PSOE y Compromís. 

La huelga de educación, convocada como indefinida y con bajísima participación, ha sido la primera demostración de fuerza. Un éxito en cuanto convertirse en tema de conversación en la Comunidad Valenciana pese a que los datos de seguimiento certifican el enorme deterioro y pobre capacidad de convocatoria que tienen los sindicatos. La reflexión en el gobierno debe ir sobre cómo gestionar las movilizaciones que sin ser representativas (esta semana ha tenido un seguimiento la huelga de entre el 17% y el 25%) son notablemente ruidosas.

La comparación con huelgas de estibadores en el Puerto de Valencia, movilizaciones en Ford Almussafes o las más recientes huelgas del transporte dejan en posición raquítica el músculo de los sindicatos de educación. Tampoco tiene nada que ver la movilización de educación con las vividas antaño por ETA o el agua o, más recientemente, por la DANA.

El primer día de huelga lograron un aprobado raspado, 52% de participación, aunque la semana la cerraron con un 34% de seguimiento, lo que significa que un 66% (mayoría reforzada) de los trabajadores no respaldan efectivamente la huelga. 

La oposición a la huelga acudiendo con normalidad al centro de trabajo se ha elevado por encima del 80% en cada una de las jornadas de la segunda semana de huelga que llaman indefinida. Ayuda a la confusión que se haya empujado a los alumnos hacia una huelga estudiantil, que los menores de edad han respaldado con el entusiasmo propio de los niños a los que se les supende la docencia para reducir su esfuerzo escolar.

La manifestación del viernes 15 de mayo fue la mayor en 10 años. Congregó a 35.000 personas mientras más de 41.000 trabajadores estaban dando clase. La menor manifestación de los últimos 10 años ocurrió el lunes 11 de mayo también de 2026. Ahí fueron 25.000 según los datos de Delegación de Gobierno, cuya delegada Pilar Bernabé anima a la huelga. En el resto de los 10 años no hubo manifestaciones ya que gobernaba la izquierda y sí que hubo reuniones para pedir equiparación salarial, que es el principal motivo de esta huelga. 

Motivos políticos

La huelga de educación está marcada por profundos motivos políticos, que se resumen en las elecciones de los sindicatos y la política lingüística. El principal motor de la movilización es salarial mientras que el resto de reivindicaciones, enormemente relevantes como la ratio de las clases y las inversiones en infraestructuras, hay más consenso de voluntades aunque la disponibilidad presupuestaria esté bloqueada por la infrafinanciación que el gobierno de Pedro Sánchez no va a solucionar tampoco ahora. 

La huelga en educación no se entiende sin la variable de que en octubre hay elecciones sindicales en educación. La convocan tres sindicatos de izquierda y dos conservadores y ninguno quiere firmar un acuerdo con la Generalitat en solitario por la penalización que esto pueda conllevar en los comicios de otoño. Grave equivocación fue pensar que se podría llegar a un acuerdo con parte de los sindicatos como parte de la consellería de Educación aventuró.

El señuelo fue pedir una subida de 500 euros al mes, que empezó con una oferta de la Generalitat de 75 euros que se elevó a 200. Alcanzada esta cantidad, que es notablemente generosa porque eleva los salarios de la educación española al podio de los mejores pagados y visto que el seguimiento de la huelga se desploma, los sindicatos crearon una ficticia medida de presión.

Aseguran que se va a producir una dimisión en bloque de los equipos directivos, lo que llevaría al sistema educativo de la Comunidad Valenciana al caos. Esto supondría, por ejemplo, que los directores de instituto mejor remunerados perdieran un plus de casi 1.000 euros.

Pese a las manifestaciones sindicales, la Generalitat Valenciana confirma que, a cierre de esta edición, no hay ningún registro de renuncia debidamente registrado. Nadie, por tanto, ha renunciado al complemento salarial que beneficia la junta directiva de los colegios e institutos públicos con pluses de entre 289 y 934 euros al mes. Si lo hicieran, previsiblemente, no lo volverían a cobrar jamás, lo que supondría una pérdida de retribución a la que los funcionarios no están acosumbrados.

El otro motivo político es la política lingüística. La libertad de elección de lengua del PP contrasta con los decretos de plurilingüísmo ilegales y vetados judicialmente que intentó imponer Compromís en el Botànic que dirigía el socialista Ximo Puig. Julia Llopis (Vox) preguntó en la última sesión de control si el PP iba a renunciar a ley de libertad educativa que había pactado con ellos. Obviamente, no.

En la misma cita, Juanfran Pérez Llorca coloreó a Gerard Fullana (Compromís) que en la huelga de educación promovió el lema «sin inversión, no hay inclusión, sólo es ficción”, cuando su propuesta cuando gobernó se basó que la «inclusión no supondrá aumento de gasto».

Esta fricción política y la necesidad de los sindicatos convocantes de ser los últimos en levantarse de la mesa como estrategia de su campaña electoral complica el acuerdo para el PP. La caída en el seguimiento de la huelga y las amenazas vacías de dimisiones en las direcciones de colegios e institutos, que se anuncia pero no se manda la solicitud para dejar de cobrar el plus, aumenta la debilidad sindical y acerca el acuerdo.

Si el movimiento en educación se mide por fotos de manifestantes, la izquierda acreditará su éxito. Para ello ha ayudado el espectacular aumento de bajas laborales que los profesores ante tenido repentinamente cuando si hacían huelga perdían salario. El Español ha cifrado en un 5.440% el incremento de bajas entre profesores con ocasión de la huelga. También conviene una reflexión sobre los datos de seguimiento porque la participación en la huelga dista mucho de tener un seguimiento mayoritario.

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