Jordi Hereu visita el concesionario JR Valle (Seat-Cupra) y observa el desastre de la DANA
Jordi Hereu visita el concesionario JR Valle (Seat-Cupra) y observa el desastre de la DANA
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El material difundido por la patronal autonómica y el Consell exhibe pasillos anegados, talleres colapsados y vehículos inutilizados, como marco visual de la visita del ministro Jordi Hereu a un concesionario de Sedaví, y sirve de apoyo a la denuncia sobre el alcance real de los daños y la eficacia de las ayudas públicas tras la riada de octubre de 2024.
La pieza sirve como herramienta de presión política para poner ante la agenda estatal la reposición de flotas, la situación de cientos de clientes sin coche y la saturación de servicios de postventa, más de once meses después del episodio de lluvias extremas que golpeó el área metropolitana de Valencia.
La respuesta valenciana
La Generalitat sostiene que el plan estatal Renicia Auto+ —aprobado el 28 de noviembre de 2024 con 465 millones— no ha agotado la mitad del presupuesto: a 6 de octubre de 2025 se habrían abonado 196,5 millones, un 42,2% del total, con 39.310 ayudas concedidas de 41.088 solicitudes registradas, cifras que el propio ministro habría confirmado durante su visita al indicar “más de 38.000 solicitudes” abonadas por cerca de 200 millones de euros.
El Consell atribuye esta ejecución parcial a requisitos “restrictivos” que condicionaban la ayuda a la compra de un vehículo nuevo y, además, a cierto tipo, una limitación relevante para familias y autónomos con liquidez comprometida tras la catástrofe.
Frente a ese marco, la Generalitat reivindica su programa específico por pérdida de vehículo, abierto a personas físicas y jurídicas, para todo tipo de vehículos, sin obligación de compra y “sin impuestos”, que ya habría abonado 320 millones y alcanzado a 85.692 beneficiarios, de los que 81.760 recibieron la última ampliación sin trámites extra.
En paralelo, la Conselleria pide a la DGT un procedimiento extraordinario de baja definitiva para titulares de vehículos desaparecidos o no peritados, con el fin de evitar devoluciones de ayudas por imposibilidad material de acreditar el siniestro total, una casuística frecuente tras avenidas súbitas como la del 29 de octubre de 2024.
El capítulo fiscal es otro frente: la Conselleria reprocha al Gobierno no haber aplicado exención o IVA 0 con carácter retroactivo a compras de reposición, sosteniendo que en muchos casos la ayuda estatal es igual o menor que el IVA soportado en el vehículo nuevo, lo que convertiría la operación en un mero alivio contable sin recuperar capacidad de movilidad para los hogares damnificados.
Esta crítica fiscal se inscribe en la práctica de emergencias en las que se flexibiliza la carga impositiva para acelerar la vuelta a la normalidad, y será una de las claves del debate tras la visita ministerial, junto con la extensión de plazos y la simplificación de requisitos.
Lo que piden los concesionarios y el sector
El vídeo del concesionario JR Valle pone rostro al impacto en el retail de automoción. Pérdidas de stock, inmovilizado dañado, retrasos en cadena de suministro y picos de demanda de V.O. y posventa en un mercado ya tensionado por falta de unidades y cuellos de botella, lo que afecta a márgenes y ciclos de caja de las empresas locales.
Para la red oficial, el mensaje al ministro Hereu pasa por tres líneas: acelerar pagos pendientes, flexibilizar criterios de elegibilidad —especialmente en vehículos de trabajo— y habilitar vías de compensación cuando no exista posibilidad de peritar por desaparición o destrucción total, aspectos que marcarán la viabilidad de talleres y puntos de venta más pequeños.
A la administración central, la Generalitat le demanda también revisar la arquitectura del plan Renicia Auto+, tanto en sus topes y tipologías como en la coordinación con aseguradoras y peritos, para que la ayuda no dependa en exceso de condicionantes que en un contexto de DANA resultan inabordables para parte de los afectados.
La visita del ministro, con el respaldo del material gráfico del JR Valle, abre una ventana para ajustar el diseño de los programas: desde el blindaje de ayudas cuando no haya cuerpo del delito —el vehículo— hasta la armonización fiscal que evite que el IVA neutralice el impacto de la subvención en las compras de reposición.
