La inquiokupación llega ya a los apartamentos turísticos: un millón bajo amenaza
Los empresarios retiran viviendas del mercado porque "el Estado prefiere ponerse del lado de los delincuentes"
(Foto de ARCHIVO) Un piso turístico en Valencia, a 28 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La alcaldesa de Valencia ha anunciado hoy que aplicará en el conjunto de la ciudad la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales durante un año prorrogable a otro. Además, ha avanzado su idea de limitar en 2026 la llegada de megacruceros a la capital valenciana. Rober Solsona / Europa Press 28 MAYO 2024;COMUNITAT VALENCIANA;TURISMO;PSISOS;ECONOMÍA; 28/5/2024
La inquiokupación de apartamentos turísticos es la nueva amenaza de la vivienda. La inseguridad alcanza su nivel máximo ya que con un trámite tan sencillo con reservar y pagar dos días de hospedaje en un apartamento turístico ya es suficiente para dinamitar el derecho a la propiedad, inquiokupar el inmueble ajeno y despojar de su uso al legítimo propietario, que es el que paga los impuestos.
Hay un millón de apartamentos turísticos afectados por este nuevo fenómeno en el que las mafias están ya intentando extorsionar a empresarios, tal y como han explicado afectados a Economía Digital. Hay empresarios replanteándose qué hacer con sus viviendas ante la nueva amenaza en la que los juzgados están atados y no pueden reaccionar.
La primera medida que está encima de la mesa es blindar las viviendas con empresas de seguridad y cámaras de vigilancia para encapsular la propiedad privada fuera del mercado y las amenazas que la legislación permite. Los empresarios que han sufrido inquiokupación en apartamentos turísticos bajo ningún concepto se plantean dedicar estas viviendas al alquiler de larga duración ya que la amenaza de inquiokupación se dispara a partir del segundo mes de alquiler.
El resultado de esta tendencia será una mayor presión en el precio de la vivienda. Con menos unidades en el mercado y mayores riesgos por okupación, los precios aumentarán. Además, es en las unidades con menor precio en las que mayor riesgo de okupación hay y donde, según grandes tenedores de viviendas, mayor presión al alza en el precio va a producirse este fenómeno de la inquiocupación.
Uno de los hoteleros más importantes de la Comunidad Valenciana, que también cuenta con apartamentos turísticos, explica a Economía Digital la situación vivida hace sólo una semana. «Nos han okupado un apartamento turístico tras una reserva de dos días«, explica.
En el momento en el que el personal de la compañía intentó acceder al apartamento turístico después de que se acabara la reserva se dio cuenta que la cerradura había sido cambiada.
Una vez que el inquilino se reconoció como okupa se le pidió que abandonara el apartamento turístico. La respuesta fue: «Tengo muchos amigos por lo que si me molestas te okuparemos todo el edificio«. El empresario se encuentra indefenso ante esta nueva amenza.
El problema de la inquiokupación es que se realiza sin violencia y es casi imposible de prevenir. Los inquiokupas no realizan un delito y sólo se les puede acusar de incumplimiento de un contrato.
Esta situación que desespera a los propietarios llevó este viernes al Ayuntamiento de Benidorm a realizar una jornada en la que se abordó la situación de las «víctimas de la ocupación de viviendas». Entre los centenares de oyentes de la jornada, tomó la palabra Paco Delgado, propietario del camping Arena Blanca y referente del sector en Benidorm.
El empresario denunció que estamos «en el mundo al revés» ya que «los que tenemos viviendas preferimos no alquilaras porque nos metemos en un fregado en el que vamos a cobrar dos meses y a partir del tercero no vamos a cobrar. Estamos desamparados y el Estado prefiere ponerse del lado de los delicuentes».
Tras sufrir inquiookupaciones, y tal y como explicó públicamente, el empresario de campings apuntó una modificación que él ha realizado en los contratos como mecanismo de protección. «Cuando hago el contrato de check-in, incluyo una condición donde el cliente manifiesta que cuenta con domicilio habitual y que está de vacaciones. Si no tiene domicilio habitual, estaríamos ante una estafa y no un fraude, por lo que se puede presentar la correspondiente denuncia», aseguró.
En la jornada estuvo también Alberto Moral Prieto, magistrado titular del juzgado de lo Penal número 9 de Valencia que confirmó datos demoledores. «Llevo más de 2.000 causas y aún no he tenido un juicio rápido», dijo rebajar las expectativas de una solución rápida a una inquiokupación o una okupación. Cuestionado directamente por Economía Digital sobre qué podía hacer un empresario para proteger su apartamento turístico, el juez reconoció que la inquiokupación de los apartamentos turísticos es la que mayor desprotección tiene. «Las mirillas electrónicas son una solución», apuntó.
De manera más extensa, ante el auditorio, el juez afirmó: «El problema que nos hemos encontrado con las viviendas turísticas es que efectivamente se alquilan, se ocupan legalmente durante el periodo de tiempo que están siendo alquiladas y con posterioridad no se abandonan, con lo cual se ha producido, más que una ocupación, una inquiocupación. No existe delito porque existe un título jurídico previo. Existe un contrato de arrendamiento, con lo cual, si se le quiere echar, esta persona no ha cometido un delito. Lo que está haciendo es incumplir un contrato, en concreto no ha respetado la expiración del plazo contractual. Por lo tanto, no queda otra que ir a la vida civil». Y eso es largo. Muy largo.