La startup valenciana que prometía revolucionar los viajes de estudiantes, al borde del adiós tras fracasar en su búsqueda de inversores
La compañía tuvo una oferta de compra que no prosperó, abocada a la liquidación al no conseguir un inversor. El administrador concursal señala la existencia de 2.600 clientes “estudiantes” que son acreedores

Compañía valenciana GrowPro Experience
Se trata de la compañía valenciana GrowPro Experience, especializada en la organización de viajes educativos internacionales, afronta su liquidación tras no haber logrado atraer a un inversor que asumiera la unidad productiva antes del despido de sus trabajadores. Así lo detalla el informe elaborado por el administrador concursal, que analiza la situación de la compañía desde que solicitara el concurso voluntario de acreedores en febrero de este año.
Según el documento, más de 2.670 acreedores se han visto afectados, de los cuales unos 2.600 son estudiantes que contrataron los servicios de la empresa.
El informe, fechado el 30 de junio, señala que tras la entrada en concurso se pudo cumplir parcialmente con 827 contratos, pero el resto de los acuerdos previos quedaron incumplidos.
Las cantidades entregadas por los clientes han sido reconocidas como créditos dentro del proceso concursal. Actualmente, la empresa se encuentra inactiva.
Durante sus años de expansión, GrowPro, dirigida por Goiko Llobet, llegó a consolidarse como una firma destacada en el sector de formación internacional.
Entre 2021 y 2024 multiplicó su facturación, pasando de 1 millón a 3,4 millones de euros, con un máximo alcanzado en 2023 de 4,5 millones. Pese a ello, en ocasiones la empresa reportó cifras cercanas a los 20 millones de euros, aunque estas incluían los resultados de otras cuatro sociedades vinculadas, con presencia en Australia, Canadá y Nueva Zelanda, cuya situación financiera no ha sido analizada en el informe.
Uno de los principales problemas señalados es el elevado nivel de gastos operativos, que impidió a la startup alcanzar la rentabilidad. Desde 2021, la empresa mostraba ya signos de debilidad, con un volumen de ventas insuficiente para cubrir sus costes estructurales.
A pesar de captar 3 millones de euros en inversión y cerrar una ronda liderada por Kfund en 2023 por 1,5 millones, la compañía acumulaba una deuda de 11,9 millones de euros frente a una masa activa de apenas 4,2 millones al declararse en concurso.
El informe también señala un golpe decisivo a su operativa: la drástica reducción de visados estudiantiles en Australia, su principal mercado, a partir de julio de 2024, con un recorte del 70% en las autorizaciones.
GrowPro Experience, abocada a la liquidación
Problemas similares en otros destinos clave como Nueva Zelanda agravaron aún más la crisis. Esta situación imprevista provocó el colapso del modelo de negocio y la pérdida masiva de ingresos.
En cuanto a las cifras, en 2024 la compañía registró gastos de personal por más de un millón de euros, el más alto en los años analizados, y los costes de explotación alcanzaron 4,2 millones, cifras que el informe tacha de “insostenibles” dada la facturación.
El ejercicio cerró con un resultado negativo de explotación de 1,2 millones, y un déficit total antes de impuestos de 1,3 millones de euros.
La memoria presentada ante el juez concluye que la empresa no logró superar su deteriorada situación financiera, agravada por la falta de liquidez, un alto endeudamiento y el descenso constante en ingresos.
Además, la empresa nunca llegó a recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia de la Covid-19, que interrumpió por completo su operativa y debilitó su base de negocio.
En un intento por evitar la disolución, se llegó a recibir una oferta de compra por parte de Lierali Investments S.L. antes del concurso, con validez hasta enero de 2025. Sin embargo, la falta de una prórroga por parte del comprador, sumado a la ausencia de nuevas propuestas tras un análisis de mercado, terminó por frustrar esa vía.
El administrador concursal destaca que, ante la falta de opciones viables, la empresa procedió al despido colectivo de una veintena de empleados mediante un ERE aprobado el 10 de junio, quedando así sin plantilla activa.
Tras conocerse la situación de insolvencia, numerosos clientes, mayoritariamente procedentes de América Latina y Europa, se organizaron para reclamar los anticipos entregados por servicios que finalmente no se prestaron.