Mazón evalúa su plan de vivienda: Un 29% de las 10.000 VPO a falta de año y medio de legislatura
Con los trámites publicos que permiten que se construyan viviendas VPO y con interés confirmado de empresas por levantar las viviendas ya hay 2.900 inmuebles en marcha
Firmantes del pacto de la vivienda
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El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo ayer balance de su política de vivienda, que reconoce que es su principal preocupación desde el inicio de la legislatura. Va camino de asegurarse el aprobado y con opciones de sacar nota. Los datos, a grosso modo, dicen que ha consumido la mitad del tiempo que se marcó para lograr el objetivo y que tiene realizado el 29% del camino. Sus expectativas es que llegará en breve al 50% en un sector económico como el de la vivienda en el que el arranque de la maquinaria cuesta mucho más que acelerar o mantener velocidad.
La vivienda, junto a la estrategia transversal de la simplificación administrativa, está marcada por Mazón desde el inicio de su legislatura como el tema prioritario y sólo la catástrofe sobrevenida del 29 de octubre ha hecho que la reconstrucción le adelante como prioridad. En ambos aspectos, la «prueba del algodón» sobre su utilidad como político la ha querido someter al rigor de los datos.
Con las ayudas de la DANA, la velocidad y volumen de entregas de los pagos reales se han convertido en los indicadores que miden su eficacia. La comparación con el Gobierno de España es abrumadora (sobre todo, en los coches) hasta el punto de que Mazón ha reincidido en aquello en lo que se ha demostrado más eficaz, que es en la entrega de subvenciones a los damnificados por la DANA sin papeleo.
La comparación entre el Gobierno de España y el valenciano en su eficacia en la política de vivienda no es que sea más complicado es que es como comparar peras con manzanas. El análisis parte del problema estadístico de que ambos gobiernos tienen objetivos diametralmente opuestos. Mientras la parte de Sumar empuja (y Sánchez cede) para que el indicador medible sea el grado de intervención que ejerce el gobierno en los precios de la vivienda, en la Comunidad Valenciana se pone como variable a certificar el número de viviendas que se aporta al mercado.
Agnés Noguera, consejera delegada de Libertas 7, decía este martes en una jornada de Aprova que el negocio promotor trascendía de las legislaturas porque el plazo habitual entre la compra de un solar y la entrega de llaves al propietario es de cuatro años. Con esta premisa, si un plan de vivienda se midiera por llaves entregadas tendría un 0% de ejecución en cualquier tipo de legislatura.
Otro parámetro a medir, que consistiría en el menos riguroso, es baremar según el tamaño de la promesa del político. El anuncio de Carlos Mazón de ayer, que fue que “en dos años de Gobierno hemos licitado, adjudicado o iniciado la construcción de más de 4.000 viviendas de protección pública” mezcla viviendas claramente iniciadas con otras en proceso.
El problema de este cómputo es que hace falta indicadores con mayor grado de avance administrativo para considerar que realmente se ha impulsado una vivienda. Esta necesaria prudencia se requiere tras las licitaciones fracasadas que distintos políticos de izquierda tuvieron en el periodo 2015-2023 en la Comunitat Valenciana, desde el fiasco de María Oliver, de la sucursal de Podemos que se denominó Valencia en Comú en el ‘Cap i casal’ cuando exigió presupuesto para construir viviendas que nunca supo gastar, a las últimas licitaciones del Botànic que han quedado bloqueadas sin que la construcción si inicie.
Los datos que tienen mayor consistencia son los de viviendas que realmente se pueden empezar a construir, es decir, que han acabado el proceso público necesario consisten en el acuerdo entre Generalitat y ayuntamiento, cesión de suelo y licitación del proyecto (Plan Vive), y también que tiene un adjudicatario real. El balance que presenta Carlos Mazón es que tiene 192 viviendas finalizadas entre La Torre y otra promoción pequeña, lo cual equivale a cumplir el 1,92% de lo prometido. Además, hay 1.500 viviendas que están adjudicadas con o sin la construcción iniciada.
Al respecto, cabe recordar que en abril de 2023, cuando se dió el pistoletazo de salida al plan Vive, se anunció que el programa contaba con «suelo protegido finalista para VPP, titularidad de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes donde podrían construirse más de 9.200 viviendas: 562 en la provincia de Castellón, 6.200 en la provincia de Valencia y 2.466 en la provincia de Alicante».
Es decir, no sólo se contaba para alcanzar las 10.000 viviendas con fórmulas de colaboración público-privada porque se inicidió en que además, «en solares para VPP de titularidad privada pendientes de desarrollo, podrían albergar, según esos primeros datos preliminares, más de 4.000 viviendas».
El balance, por tanto, es que del potencial de 9.200 viviendas en suelo público hay ahora con opciones de acabar la legislatura construidas unas 1.700, es decir, el 18,5%. Sin embargo, de las 4.000 que se estimó que los promotoras podían iniciar sólo por que la Generalitat Valenciana crear un marco proclive a la construcción de viviendas protegida se ha alcanzado ya el 30% de las expectativas. En comparación con el objetivo que tenía el plan, las aproximadamente 2.900 viviendas en marcha suponen el 29% del plan de 10.000 viviendas.
Hay que tener en cuenta que, además, Mazón apuntó ayer que más de 1.000 viviendas (equivalentes al 10% del objetivo del plan) en proceso de licitación más otras 1.000 viviendas que «se activarán» antes de finalizar el año. «Y estamos en octubre», matizó. De este modo, tiene alcance cumplir con el 50% de la viviendas prometidas durante el 50% del tiempo que tenía para ello y con la parte final de la legislatura con la maquinaria rodada para incrementar la oferta de vivienda protegida.
El emotivo abrazo Sabadell-CaixaBank (y Sabadell-Mazón)
En la presentación de este balance también pasaron cosas poco habituales en los actos públicos en la Comunidad Valenciana porque no es cotidiano congregar a 10 entidades financieras bajo el mismo techo y a la luz pública. Entre los asistentes al pacto de vivienda estuvieron un nutrido grupo de entidades financieras pero ninguno tenía una sonrisa tan grande como la de Fernando Canós, delegado territorial en la Comunitat Valenciana y Murcia de Banco Sabadell, que confirmó que todavía seguía con la euforia que se desató la semana pasada cuando se puso punto final al intento de opa hostil por parte del BBVA.
Jaime Casas, director de instituciones de Caixabank, se fundió con Fernando Canós, en un prolongado y emotivo abrazo, que fue ampliamente comentado por patronales, colegios profesionales y banca durante el inicio del acto en la recepción a pie de calle. Es muy habitual verlos juntos porque, de hecho, Caixabank y Sabadell son los bancos más visibles en los actos públicos de la Comunidad Valenciana.
Luego se subió al Saló de Corts, donde Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, fue llamando uno a uno a los que iban a firmar el pacto por la vivienda dándose una curiosa sucesión de acontecimientos. El número 26 de la lista, y sin que mediara hastío pero sí una lógica automatización en los saludos protocolarios, fue «el director de banca instituciones del BBVA, Enrique Vergara«.
El 27 de la lista fue el «director territorial del Sabadell, Fernando Canós», con el que Carlos Mazón se fundió también en efusivo abrazo, cuestión que no paso desapercibida. Después Fernando Canós (Sabadell) volvió a su sitio, la silla que estaba al lado de Enrique Vergara (BBVA) y no hizo falta hacer más comentarios. Cada uno tenía su silla.
