El Gobierno confina aves de corral en 197 municipios andaluces por riesgo de gripe aviar
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha tomado la decisión de confinar aves hasta en 1.200 municipios en toda España para evitar la creciente propagación de este virus
Desde este mismo lunes 10 de noviembre, el Gobierno central ha activado medidas excepcionales para prevenir la propagación de la influenza aviar en España, que incluyen el confinamiento de aves de corral en casi 1.200 municipios de todo el país, de la mano de una drástica medida con la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación busca poner una solución a un caso que resulta cada vez más preocupante.
Andalucía, con 197 localidades afectadas, se convierte en una de las regiones donde la medida tendrá mayor impacto, junto a Castilla y León y Cataluña, las comunidades con mayor número de municipios incluidos en la zona de especial riesgo, motivo que ha llevado a la toma de medidas inmediata, con el objetivo de minimizar los riesgos ante esta situación.
El Gobierno central toma una decisión preventiva tras el repunte de casos en Europa
Una medida que ha sido tomada por el mencionado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, encabezado por Luis Planas, ha anunciado estas medidas tras constatar un aumento del riesgo sanitario debido a la proliferación de casos de influenza aviar en Europa, especialmente en aves silvestres.
Son muchos los factores que han llevado a la toma de esta decisión, tales como los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas han incrementado la posibilidad de contagios entre especies, lo que ha motivado la adopción de un protocolo de emergencia coordinado con las comunidades autónomas, que requiere de la colaboración de todos los implicados para evitar que el caso vaya a mayores.
Precisamente, este confinamiento busca evitar el contacto directo entre aves domésticas y silvestres, principales transmisoras del virus, y frenar así un posible brote que afecte a las explotaciones avícolas españolas. Esta actuación preventiva se enmarca dentro de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, que regula las medidas de protección frente a la influenza aviar en España.
Tras esta medida, el Ministerio ha delimitado un total de 1.199 municipios considerados “zonas de especial riesgo y vigilancia”. La distribución de estas áreas refleja la amplitud del operativo: Castilla y León lidera la lista con 250 municipios, seguida de Cataluña con 224, Andalucía con 197, y Comunidad Valenciana con 138.
Más allá de estos, considerados los casos con mayor riesgo a corto plazo, también se incluyen Aragón (128), Extremadura (99), Galicia (40), Castilla-La Mancha (18) y otras regiones con menor afectación, como Madrid (16), Baleares (14), Navarra (12) o Murcia (11). Incluso Ceuta y Melilla forman parte de este plan preventivo, dada su ubicación estratégica en las rutas migratorias de aves.
¿Qué supone esta medida para los criadores de aves de corral?
Ahora bien, es importante recalcar que esta medida va mucho más allá del simple hecho de evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres. Y es que las medidas aprobadas por Agricultura implican restricciones estrictas para los criadores de aves de corral. La principal de ellas es la prohibición de mantener las aves al aire libre, con el objetivo de impedir el contacto con especies silvestres.
No obstante, y teniendo en cuenta que no se trata de una solución sencilla, cuando no sea posible el confinamiento total, la autoridad competente podrá autorizar la cría al aire libre solo si se instalan telas pajareras u otros dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres. Además, la alimentación y el agua deberán suministrarse en el interior de las instalaciones o en refugios protegidos, evitando así cualquier riesgo de contaminación.
Por otra parte, también se prohíbe utilizar aves de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo, así como la cría conjunta de patos y gansos con otras especies de corral. Todo ello obedece a una serie de medidas que buscan reducir al máximo la posibilidad de transmisión del virus entre diferentes tipos de aves.
Sin embargo, los criadores no serán los únicos que se verán sujetos a restricciones, ya que el Ministerio ha establecido además prohibiciones específicas en el uso del agua para las explotaciones avícolas. No se podrá suministrar agua procedente de depósitos accesibles a aves silvestres, salvo que haya sido tratada para garantizar la inactivación del virus.
Además, en los casos en los que sea necesario mantener depósitos exteriores por motivos de bienestar animal, estos deberán protegerse adecuadamente para evitar el acceso de aves acuáticas silvestres, lo cual limita en gran medida el cuidado de este tipo de animales.
Del mismo modo, el Gobierno ha recordado a todos los criadores la obligación de reforzar las medidas de bioseguridad, en especial aquellas dirigidas a evitar el contacto entre aves domésticas y fauna salvaje. También se pide intensificar la vigilancia pasiva y notificar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.
Para terminar con las restricciones, otra de las medidas relevantes es la prohibición de celebrar certámenes ganaderos, ferias, exposiciones o eventos culturales que impliquen la presencia de aves de corral o aves cautivas. El Ministerio considera que este tipo de concentraciones suponen un riesgo elevado de propagación del virus, especialmente en un contexto en el que el tránsito de animales y personas puede favorecer el contagio cruzado.
Sin embargo, y aunque la orden se aplica a nivel estatal, las comunidades autónomas mantienen la competencia directa en sanidad animal, por lo que podrán complementar estas medidas con otras adicionales adaptadas a su territorio. El Ministerio ha insistido en la importancia de la cooperación interadministrativa para garantizar una respuesta rápida y eficaz frente a cualquier foco de influenza aviar.
Una decisión de la mano de la cual el el Gobierno reafirma su compromiso con la bioseguridad y la prevención, conscientes de que una respuesta temprana es la mejor herramienta para proteger a los criadores, al sector agroalimentario y al propio equilibrio ecológico ante una amenaza que, de momento, sigue bajo control.