Promaga, al borde de la mayor quiebra del año en Andalucía: arrastra una deuda de 300 millones de euros
La histórica promotora del Campo de Gibraltar, fundada en los años ochenta, afronta su concurso de acreedores más crítico con una deuda que multiplica por ocho el valor de sus activos
Foto: Freepik
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Promaga vive su momento más difícil en casi cuatro décadas de trayectoria. La promotora inmobiliaria gaditana, que llegó a ser un símbolo del auge urbanístico en el sur de España, se encuentra inmersa en un concurso de acreedores que amenaza con convertirse en la mayor quiebra empresarial de Andalucía en 2025. El pasivo declarado supera los 294,7 millones de euros, aunque fuentes próximas al proceso reconocen que la cifra real podría acercarse o incluso rebasar los 300 millones cuando se sumen los intereses y créditos, aún en revisión.
Fundada en La Línea de la Concepción en 1986 por el empresario Manuel Gavira, Promaga se labró un nombre en los años del “boom” inmobiliario, participando en la construcción de miles de viviendas en Cádiz, Málaga y otras provincias del sur. Durante años, su modelo de expansión se basó en la promoción de grandes desarrollos residenciales, con una estructura empresarial que integraba constructoras, sociedades de gestión de suelo y participadas financieras.
Hoy, sin embargo, el escenario es muy distinto. Promaga no promueve nuevas obras desde hace tiempo y ha reducido su actividad a la gestión del patrimonio que conserva, principalmente locales, garajes y viviendas en régimen de alquiler. Los informes presentados al juzgado de lo mercantil número 2 de Cádiz muestran una empresa en situación de colapso financiero, con un activo valorado en apenas 35 millones de euros, frente a un pasivo cercano a los 300 millones.
Un agujero contable y un proceso judicial complejo
El procedimiento fue declarado como concurso necesario, a instancias de un acreedor extranjero, lo que refleja la magnitud del deterioro financiero. Según el informe provisional de la administración concursal, elaborada por Tato González Concursales, las cuentas presentadas por la compañía no reflejaban su situación real: los activos estarían inflados en más de 40 millones de euros y el pasivo infravalorado en unos 150 millones.
El desfase contable arroja un déficit patrimonial de 259 millones de euros, una cifra que sitúa a Promaga en una posición prácticamente irreversible si no se alcanza un acuerdo con los acreedores. El concurso afecta a 218 entidades y administraciones, una lista que incluye tanto a organismos públicos como a grandes bancos, fondos de inversión y constructoras.
El principal acreedor de Promaga es la Agencia Tributaria, con una deuda reconocida de 101,7 millones de euros, correspondiente a impuestos impagados durante varios ejercicios. A continuación figura la firma británica Monserrat Acquisitions, con 74,1 millones, seguida por Bank of America Europe, que reclama 28,8 millones.
Entre las entidades financieras españolas figuran Banco Santander, con 27,1 millones de euros, Unicaja, con 2,9 millones, y Caixabank, con algo más de un millón. También aparecen fondos de inversión luxemburgueses como Eco IV Talos Acquisitions, Cabot Securitasion Europe Limited o LC Asset 1, que suman de forma conjunta casi 10 millones de euros en reclamaciones.
Deudas con administraciones locales y empresas andaluzas
El impacto del concurso se extiende también al ámbito institucional. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, donde la promotora nació y mantuvo su sede durante décadas, reclama 5,5 millones de euros, principalmente en tasas y licencias urbanísticas pendientes. Por su parte, el Ayuntamiento de San Roque figura con 1,3 millones, y la Junta de Andalucía contabiliza 4,5 millones por impuestos como el de Actos Jurídicos Documentados. La Tesorería General de la Seguridad Social también aparece con casi un millón por cotizaciones no ingresadas.
En el ámbito privado, Sacyr figura como acreedor por 5,7 millones, e Inexnet, empresa tecnológica madrileña, reclama 5,3 millones. Otras compañías del propio grupo Promaga —como San Roque Club House o las sociedades Empire 2000, 3000, 4000 y 5000— acumulan deudas cruzadas que rondan los tres millones de euros.
Los administradores concursales han identificado más de 300 activos entre viviendas, locales, solares y plazas de garaje. Sin embargo, el valor de mercado de este patrimonio no alcanza ni el 15% del total de la deuda reconocida. El desplome del mercado inmobiliario en el Campo de Gibraltar y la pérdida de valor del suelo adquirido en la última década han reducido drásticamente el potencial de liquidación.
El informe también alerta de que la sociedad apenas genera ingresos por rentas, y que gran parte de los inmuebles arrastran cargas hipotecarias o se encuentran en situación jurídica compleja. “La viabilidad operativa es nula sin una reestructuración profunda”, concluye el documento.
Un fundador en el centro del huracán
Manuel Gavira, fundador y accionista único de Promaga, mantiene un capital social de 24 millones de euros tras trasladar la sede de la compañía a Almería en 2024. Durante años, Gavira fue una figura conocida en el sector urbanístico andaluz, vinculado a algunos de los desarrollos residenciales más ambiciosos de la provincia de Cádiz. Hoy, su legado se enfrenta a una posible liquidación judicial que podría borrar del mapa una de las promotoras más veteranas del sur.
Fuentes cercanas al empresario aseguran que no se descarta la venta de algunos activos estratégicos para intentar paliar la deuda o negociar una salida pactada con los principales acreedores. Sin embargo, el escenario más probable, según los expertos, es la liquidación ordenada de la compañía, con la venta progresiva de bienes y el pago parcial a los acreedores en los próximos ejercicios.
El colapso de Promaga no solo marca el fin de una empresa, sino también el cierre de un ciclo en el sector inmobiliario andaluz. La promotora fue una de las protagonistas de los años de expansión del ladrillo en el Campo de Gibraltar y su caída refleja las secuelas que aún persisten en un sector en transformación, cada vez más concentrado y dependiente de capital extranjero.
Con una deuda que supera los 300 millones de euros y un patrimonio en franco deterioro, Promaga se perfila como la mayor quiebra empresarial de Andalucía en 2025. Un epílogo amargo para una firma que durante décadas simbolizó el crecimiento y la ambición de la construcción andaluza.
