Esta constructora entra en quiebra y subastan todos sus bienes
Estalla la megacausa por estafas inmobiliarias: cientos de familias afectadas y una firma que se derrumba
Foto: Freepik
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La constructora Márquez y Asociados, conocida por sus ambiciosos proyectos habitacionales en Córdoba, ha sido declarada oficialmente en quiebra, mientras avanza una investigación penal que involucra a sus directivos y varios familiares. El caso, que ya ha sido calificado como una de las mayores estafas inmobiliarias de los últimos años en Argentina, sigue sumando víctimas, y ahora se entra en la fase de remate de activos para intentar saldar parte de las deudas con los acreedores.
La Justicia ha dado inicio a las primeras subastas electrónicas, centradas por ahora en vehículos de carga pertenecientes a la empresa, que están siendo ofrecidos al mejor postor a través del portal judicial de Córdoba. Se trata de un esfuerzo por recuperar algo del dinero perdido por centenares de personas que confiaron en la firma para acceder a una vivienda propia.
Una red familiar bajo sospecha judicial
El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, lidera la investigación que ya mantiene a varios integrantes del clan Márquez tras las rejas. Entre los detenidos figuran los socios principales de la empresa, Ariel Hernán Márquez y Juan Pablo Márquez, además de otros tres familiares directos: Matías y Lucas Márquez (hermanos), y el contador Ramiro Sebastián “Capi” Nieva, quien es cuñado de Juan Pablo.
La lista de imputados se amplía con Matías Nieva, hermano de Ramiro, y no se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones. En particular, se han presentado denuncias solicitando que también se investigue a las esposas de los socios fundadores, Carolina Sánchez Astrada y Romina Vanesa Nieva, por su presunta participación en las maniobras fraudulentas.
Una estafa que afectó los sueños de cientos de familias
Márquez y Asociados operaba bajo un esquema que prometía a sus clientes la posibilidad de adquirir viviendas a precios accesibles y en plazos reducidos. Sin embargo, tras el desplome de varios de sus desarrollos inmobiliarios y las múltiples denuncias por incumplimientos, quedó al descubierto un entramado de operaciones dudosas, falta de garantías y desvío de fondos.
Los principales damnificados son familias que invirtieron los ahorros de su vida con la esperanza de acceder a su primera vivienda, muchas de las cuales ni siquiera llegaron a ver una sola piedra colocada en los terrenos prometidos. Algunos clientes incluso firmaron contratos sin saber que los lotes no estaban escriturados o que los permisos de obra estaban en trámite o directamente inexistentes.
Ante el colapso de la compañía, el proceso de quiebra ha abierto un nuevo capítulo: la subasta de todos los bienes registrables a nombre de la empresa. El objetivo es claro: liquidar los activos para generar un fondo que permita, aunque sea parcialmente, indemnizar a los afectados.
Las primeras subastas publicadas incluyen una flota de 14 vehículos de carga, en buen estado, que serán rematados a fines de agosto. Entre ellos hay camiones, camionetas utilitarias y maquinaria liviana, todas herramientas utilizadas por la empresa en sus obras, ahora paralizadas.
El portal judicial de Córdoba ha habilitado una sección específica para estas subastas electrónicas, donde cualquier interesado puede consultar los detalles de los bienes disponibles, hacer ofertas y seguir el proceso en tiempo real.
La Justicia sigue la pista del dinero faltante
Una de las principales preocupaciones del Ministerio Público es rastrear el destino de los fondos recaudados por la empresa. Se estima que el monto total defraudado podría superar varios millones de dólares, considerando que muchas de las operaciones se realizaron en efectivo, sin facturación o respaldo legal adecuado.
Los investigadores también analizan el posible ocultamiento de bienes y maniobras para el vaciamiento patrimonial previo a la declaración de quiebra. En este sentido, se están revisando movimientos bancarios, transferencias a empresas relacionadas y adquisiciones personales que habrían sido financiadas con dinero de los clientes.
Dado el volumen de afectados, la complejidad del entramado societario y la magnitud del daño económico, el proceso judicial promete ser extenso. No se descarta que la causa se federalice si se confirma que hubo transferencias de fondos fuera de la provincia o incluso del país.
Los abogados de los damnificados trabajan contrarreloj para reclamar indemnizaciones, embargos y medidas cautelares que eviten la fuga de capitales. Mientras tanto, la imagen de Márquez y Asociados, otrora símbolo de crecimiento inmobiliario, ha quedado sepultada por una de las crisis reputacionales más graves del sector.
