Andalucía se desmarca de las críticas de Ayuso al decreto de ahorro energético del Gobierno

El Gobierno de Moreno critica que estas medidas no se han consensuado con las comunidades ni con los sectores pero garantiza que las cumplirá a la vez que pide a Sánchez las inversiones necesarias para que Andalucía sea líder en producción de energías renovables

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, durante una la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en agosto de 2022.

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, durante una la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en agosto de 2022.

«Un recurso no exime del cumplimiento de la norma». Esta es la posición del Gobierno andaluz, formulada por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de Juanma Moreno, apenas unas horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que estudia llevar al Tribunal Constitucional el Decreto de Medidas de Ahorro Energético, aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que incluye algunas obligaciones, como una temperatura máxima y mínima de la calefacción y del aire acondicionado en edificios públicos y locales comerciales o el apagado de luces de escaparates además de recomendaciones como el teletrabajo en administraciones públicas y grandes empresas siempre que sea posible.

«Con independencia de su defensa en los tribunales o en el ámbito político», el Ejecutivo andaluz dará cumplimiento al plan de ahorro energético planteado por el Gobierno, ha expresado el que hasta ahora viene ejerciendo de portavoz político del nuevo Gobierno de Moreno.

Con esta nueva polémica, una vez más se escenifican las diferencias entre ambos líderes populares, Moreno y Ayuso, respecto a su relación con el Gobierno de la Nación. Desde un inicio, el Ejecutivo de Moreno ha entendido que «las cosas son como son», en palabras de Sanz en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.

https://www.economiadigital.es/politica/ayuso-quiere-llevar-al-constitucional-las-medidas-de-sanchez-de-ahorro-energetico.html

Por contra, el Ejecutivo de Ayuso ha ido reculando con el paso de las horas: del rechazo frontal este lunes al anuncio de que Madrid dará cumplimiento a aquellas medidas que sean obligatorias a una suerte de enmienda parcial a su posicionamiento inicial.

En un tuit, con un estilo que recuerda a la desobediencia expresada en los meses de los meses del decreto de alarma durante la pandemia que regulaban los horarios de los establecimientos de hostelería, Ayuso avisó que «Madrid no se apaga». Este martes por la mañana, su vicepresidente, Enrique Ossorio, matizó sus palabras y y dijo que primero analizarán el real decreto y, luego, «si creen que es inconstitucional» lo llevarán al Constitucional.

Entre sus obligaciones, con la puesta en marcha de este decreto, la Junta deberá limitar el aire acondicionado en todos los edificios de la administración como consecuencia de este decreto, y tendrá que velar por su cumplimiento en el sector privado.

Con todo, el Gobierno andaluz sí formula críticas a este decreto energético. En concreto, censura que no se ha consensuado con las comunidades autónomas ni tampoco con el sector pero antepone las prioridades, esto es, que el Gobierno de España ejecute las inversiones necesarias para hacer de Andalucía la comunidad líder en producción de energías renovables, como así solicitó el presidente Moreno al presidente Sánchez en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el pasado jueves.

Para Sanz, no estamos hablando de medidas en el «inmediato» sino a futuro. «Más allá de la corbata o la no corbata, lo que interesa es si Andalucía tiene un modelo y como lo vamos a desarrollar. Vamos a defender lo que le interesa a los andaluces», ha expuesto el consejero de la Presidencia que, desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Moreno está ejerciendo de portavoz del Gobierno, puesto que todavía no ha designado oficialmente el presidente andaluz. En este rueda de prensa, Sanz ha estado acompañado por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

El Gobierno andaluz reclama 736 millones de inversión de Red Eléctrica

En su comparecencia, Sanz ha defendido que Andalucía está entre las primeras comunidades en producción de energías renovables y vamos camino de ser la primera. «El objetivo es que en los próximos diez años la totalidad de la energía que consumamos sea renovable«, ha señalado. Según los datos actuales, Andalucía es la quinta región en potencia y renovación de energía eólica, la tercera en potencia y la segunda en generación de fotovoltaica.

No en vano, Moreno definió la pasada legislatura como la de la Revolución Verde -aunque el compromiso ecologista del Gobierno haya sido discutida desde distintos sectores- pero no ha sido hasta este segundo mandato cuando ha consagrado una consejería a las políticas medioambientales, que estarán bajo el mando de Ramón Fernández Pacheco, ex alcalde de Almería.

Al respecto del objetivo del Ejecutivo andaluz de trabajar a favor de las políticas que frenen la emergencia climática, la principal demanda es el compromiso del Gobierno central con las necesidades de Andalucía, comunidad especialmente afectada por la sequía, los incendios y las altas temperaturas.

En su reunión la pasada semana en Moncloa, Moreno trasladó a Sánchez que el plan de inversiones en infraestructuras de la red de transporte del sistema eléctrico hasta 2026, aprobado por el Ministerio de Transición Energética de Teresa Ribera, deja fuera inversiones necesarias para desarrollar el potencial de energías renovables en Andalucía, aspecto que, según dijo, «lastra también el crecimiento industrial y socioeconómico de la región».

La decisión del Gobierno de España es que Red Eléctrica de España (REE) ejecute en el periodo 2021-2026 515 millones de euros, una cuantía inferior a los 780 millones que le corresponderían a la comunidad autónoma atendiendo a criterios objetivos de población, superficie o consumo eléctrico. Pero es que además el 60% de las actuaciones previstas por el Ministerio, en concreto por valor de 309 millones en Andalucía, son heredadas de la anterior planificación (2015-2020) y corresponde a obras que no se han llegado a ejecutar.

«Desde Andalucía solicitamos que, para atender las necesidades de mejora y refuerzo de su red de transporte eléctrico para dar una mejor cobertura a las zonas más desatendidas, se eleve la inversión en Andalucía hasta los 736 millones de euros para garantizar el adecuado desarrollo de la red de transporte durante los próximos años y que se atienda a los proyectos de inversión prioritarios».

Según los cálculos del Gobierno andaluz, la densidad de nuestra red de transporte de energía por habitante es un 42% inferior a los valores medios peninsulares, es decir, en Andalucía la media es de 712 kilómetros de red por cada millón de habitantes frente a los 1.231 kilómetros de media en la península.

España abordará la financiación autonómica con Montero a la vuelta del verano

Al margen del debate en torno al decreto de medidas de ahorro energético, el otro asunto que está sobre la mesa -realmente no ha desaparecido de la agenda mediática de Moreno desde su llegada al Gobierno de la Junta de Andalucía en 2019- es el de la necesidad de consensuar un nuevo modelo de reparto de fondos para las comunidades autónomas acogidas al actual sistema de financiación autonómica, que data de 2009, en tiempos del presidente Rodríguez Zapatero y acordado con ERC.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante la rueda de prensa en el Palacio de San Telmo.

Para Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, es urgente una revisión de este modelo de financiación por el que Andalucía sufre un menoscabo de entre 800 y 1.000 millones de euros anuales para las cuentas autonómicas. En su primer encuentro como consejera del ramo con María Jesús Montero, en el marco de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada el pasado miércoles, España ya trasladó, de manera informal, su petición a la ministra de Hacienda de una reunión para abordar este asunto. Según España, su departamento debe hacer la petición de manera formal pero confía en que sea recibida a la vuelta del verano.

Asimismo, sobre la petición formulada formalmente por Juanma Moreno el pasado jueves en Moncloa al presidente Sánchez de la creación de un Fondo Transitorio de Nivelación, dotado con 1731 millones de euros, a repartir entre las comunidades más castigadas por el actual sistema de reparto, España ha detallado que ya se han mantenido contactos con los consejeros de Hacienda de Murcia, que habló de este asunto con el consejero de Castilla La Mancha en el marco de la CPFF y que no ha mantenido contactos aún con su homólogo en Valencia pero que la postura ya quedó fijada por parte del presidente Ximo Puig en su reunión con el presidente Moreno en San Telmo el pasado septiembre.

Sobre la orientación que tendrá el proyecto de Presupuestos para 2023 ante el hecho de que la vicepresidenta Nadia Calviño empieza a reconocer la llegada de una recesión en otoño, la consejera ha valorado que serán «muy prudentes en las previsiones presupuestarias» a la vez que ha pedido cautela porque «todavía no estamos en recesión». «Iremos tomando las decisiones oportunas», ha dicho, aun cuando ha reconocido que «la situación no es buena, lo dicen los expertos, que hablan de una posible recesión en invierno».

El calendario de la Ley de Presupuestos,  «acorde a la situación económica», según la consejera, será el de entrar a finales de octubre en el Parlamento para que el debate de totalidad se celebre en noviembre y esté aprobado en diciembre.

Asimismo, la consejera ha anunciado que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en su reunión de este martes volver a enviar al Parlamento el proyecto de ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta de Andalucía. Se trata de una iniciativa ya adoptada por el Gobierno andaluz durante la anterior legislatura, pero que no pudo salir adelante debido al disolverse el Parlamento antes de su aprobación definitiva.

La ley tiene como objetivo dotar a la Administración andaluza de un cuerpo de funcionarios de la máxima cualificación y especialización en el ejercicio del control interno y la contabilidad pública y contribuir de esa manera al desarrollo de un modelo de control interno de la actividad financiera pública más eficaz.

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