Cementos Portland infringe el plazo para devolver parte de su deuda

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La filial de FCC pide a los bancos nuevas dispensas para evitar la ejecución de los préstamos sindicados

Béjar y Alcocer, en un acto de FCC

20 de julio de 2014 (21:35 CET)

Portland Valderrivas, la filial cementera que controla FCC con el 78% de su capital, lleva años inmersa en el círculo vicioso de no poder hacer frente a los compromisos adquiridos para devolver la deuda financiera a los bancos acreedores. Algo que le lleva a alcanzar permanentes acuerdos de novación para prorrogar el pago de los vencimientos una y otra vez.

Dispensas y más dispensas que, como recogía Deloitte en el informe de auditoría de 2013, denotan “una incertidumbre significativa para hacer frente al cumplimiento de las condiciones de los contratos de financiación”, como viene quedando de manifiesto cada vez que vence un plazo.

Nuevo impago

Pasó en diciembre, cuando el Grupo Cementos Portland Valderrivas (CPV) no cubrió con determinadas ratios financieras contempladas en el acuerdo financiero firmado en julio de 2012, y volvió a pasar el pasado 30 de junio, fecha en la que dejó de pagar los 50 millones que en esa fecha vencían, correspondientes a un sindicado total de 1.114 millones de euros.

Y es que aquel plan NewVal 2012-2013, la hoja de ruta elaborada en su día por Juan Béjar –entonces presidente de CPV y, desde enero de 2013, consejero delegado de FCC– no cumplió con su principal objetivo. El de lograr que el grupo cementero, después de los ajustes de plantilla y la reordenación de la actividad, entrara en beneficios en 2013. No se consiguió.

Siguen las deudas

Es verdad que se minoraron las pérdidas, pero siguieron siendo de 73,2 millones de euros en 2013, y en 2014 las cosas se mantienen en la misma línea. Hasta marzo ya se acumulaban 24 millones en rojo, y nada hace prever que la tendencia cambie al cierre del semestre. Tampoco la deuda se ha reducido en exceso. Aquellos 1.400 millones adeudados hace dos años son prácticamente los mismos que se deben hoy.

Unas cuentas, las del primer semestre, que vienen condicionadas por el impago de esos 50 millones el pasado 30 de junio, y la nueva fecha de amortización. Esas cuentas se iban a presentar el 24 de julio, pero en unas horas se cambió de idea para retrasar la publicación hasta el 31 de julio.

Prórrogas y más prórrogas

Desde CPV han dejado trascender que el impago no traería mayores consecuencias. Que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se firmaría una nueva prórroga y punto, a pesar de que en el fondo, tanto la empresa como los acreedores, saben que tampoco se haría frente al pago en la nueva fecha.

Pero siempre existen dudas de que, en algún momento, la unanimidad de los bancos se rompa, y de que alguna de las entidades exija la parte que le corresponde del pago vencido. Las dudas que han motivado el retraso en presentar las cuentas.

Unanimidad en entredicho

En principio, todo estaba atado y bien atado, según el acuerdo firmado el pasado martes, 15 de julio, para aplazar hasta el 30 de septiembre el pago de esos 50 millones. Pero uno de los puntos de la novación hace pensar que esa unanimidad de los bancos tiene una base muy poco sólida.

Es el que alude a la posibilidad de que el pago podría ser exigido ya, el próximo 31 de julio, si alguna entidad acreedora, con una participación superior al 5% en la deuda, pusiese de manifiesto, durante los días 28 y 29 de julio, que no se ha producido un avance significativo en la negociación del periodo de espera o “term sheet”.

Blindaje


Algo difícil de entender que se exija, teniendo en cuenta las apenas dos semanas que habrían transcurrido, pero que la propia empresa da por hecho que va a suceder. Por ello, Cementos Portland se ha cubierto las espaldas.

Lo ha hecho con un acuerdo de espera, hasta el 30 de septiembre, que impide a los acreedores que lo han suscrito iniciar procedimientos tendentes a declarar el vencimiento anticipado del contrato de financiación, la ejecución de las garantías asociadas o, incluso, la solicitud de concurso de acreedores de CPV antes de esa fecha.

El acuerdo de espera ha sido suscrito por entidades acreedoras que representan el 85,32% de la deuda bajo el contrato de financiación, por lo que habría superado el porcentaje mínimo de adhesiones requerido para su eficacia, dos tercios de la deuda. E impediría, por tanto, que esos acreedores, representativos del 14,68% del resto de la deuda, pudieran iniciar procedimiento alguno.

FCC, la matriz, tampoco cumplió con CPV

El impago de los 50 millones vencidos el 30 de junio no es el primer incumplimiento del calendario inicial de amortizaciones de CPV. FCC, la matriz, ya ha incumplido parte de sus obligaciones.

Inicialmente, el grupo presidido por Esther Alcocer Koplowitz, debía aportar 200 millones de euros caso de que el resultado bruto de explotación consolidado (ebitda) de CPV, entre el 30 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2014, fuera inferior a 162 millones de euros. Como no iba a ser posible, el pasado marzo, dentro del acuerdo refinanciación de su deuda, FCC alcanzó un acuerdo de aplazamiento de esta obligación.
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