Trama del jamón: la Guardia Civil encontró carne caducada hace cinco años

Una empresa investigada por vender carne en mal estado a las cárceles tenía productos caducados en 2013

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La trama del jamón que investigan dos juzgados en España (Fregenal de la Sierra, Badajoz; y Alcira, Valencia) gestionaba carne de cordero y pollo que había caducado hace cinco años.

La empresa Porkytrans, incluida en el listado de 30 empresas que presuntamente hacían negocio con la venta y colocación de carne en mal estado, mantenía grandes cantidades de carne caducada en las cámaras frigoríficas que fueron inspeccionadas por los técnicos sanitarios y por la Guardia Civil.

La empresa está siendo investigada por vender carne en mal estado y caducada a las cárceles, tal y como publicó Economía Digital en exclusiva. Porkytrans, una empresa distribuidora de ibéricos, llevó a casi todas las cárceles españolas productos alimentarios en mal estado, reenvasados y reetiquetados como nuevos por una trama empresarial con epicentro en Extremadura, según las investigaciones judiciales que contradicen la versión de la empresa que defiende su inocencia. 

Instituciones Penitenciarias confirmó a este medio que rescindió la adjudicación de la empresa por haber incumplido los términos del contrato. El ente encargado de la gestión de las cárceles aseguró que, antes de la rescisión, dio varios avisos a la compañía, que continuó incumpliendo los términos.

Inspección sorpresa

Las actas levantadas por la Guardia Civil en unas inspecciones sorpresa realizadas el 10 de mayo de este año en una nave de la localidad de Malpartida de Plasencia (Cáceres) reflejan que hubo decomisos a mercancías caducadas a principios de 2018, en 2017, 2015, 2014 y hasta 2013.

La documentación se encuentra en poder del juzgado de Fregenal de la Sierra (Badajoz). El tribunal está en proceso de instrucción y, por ahora, investiga a una decena de empresas y empresarios, aunque está prevista la ampliación de la lista de imputados en las próximas semanas.

Los agentes de la Guardia Civil inspeccionaron cerca de 20.000 kilos de carne. Encontraron 3.000 kilos de novillo caducados el año pasado, 500 kilos de mollejas de cordero caducada en 2013, 2.900 kilos de novillo caducados en 2017 y 1.200 kilos de pollo sin fecha de caducidad conocida pero en mal estado, quemada y con olor a podrido, según reflejan las actas de la Guardia Civil.

El propietario de la carne caducada asegura que es completamente inocente y culpa a los inspectores sanitarios

El propietario de la empresa, Andrés Narváez, asegura que es completamente inocente de los cargos que se le imputan. Reconoce que Instituciones Penitenciarias rescindió su contrato, pero asegura que fue una medida para beneficiar a la competencia. Además, culpa a los inspectores sanitarios de querer destruir mercancía en buen estado y asegura que sobreactuaron.

El encargado de la empresa incluso llega a culpar a los inspectores sanitarios de no haber descubierto con antelación la mercancía caducada en sus naves. “La carne antigua, la de hace cinco años, estaba congelada. Si no es apta para la venta corriente se puede vender para fábricas de comidas para perros y gatos o se lleva a plantas para grasa y harina animal. Todas proceden de mataderos de primer nivel. No son mercancías retiradas de los lineales de los supermercados”, explica el empresario, que ya solicitó a los juzgados el archivo de la causa, y que acusa a los inspectores de excederse en su trabajo. 

La Guardia Civil también ordenó la destrucción de mercancía sin identificación, etiquetado ni trazabilidad. La ley española obliga a dejar claro de donde procede todo producto alimentario con el fin de detectar rápidamente la procedencia de los productos en caso de focos infecciosos o enfermedades producidas por lotes de alimento en mal estado. Ningún alimento sin trazabilidad puede ser comercializado.

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