La sanidad española arroja a dentistas y fisioterapeutas a la precariedad de las franquicias

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El abandono de esas especialidades por parte del sistema público empujan a los profesionales a trabajar como falsos autónomos y a vender productos y servicios innecesarios en cadenas de venta agresiva

Clínica Vitaldent, tomada por la Policía Nacional.

Madrid , 01 de marzo de 2016 (01:00 CET)

Las nuevas franquicias de dentistas y fisioterapeutas proliferan como setas en otoño allí donde la sanidad pública no ofrece cobertura médica. El nuevo modelo de negocio, que prima la rentabilidad sobre el servicio de salud, ha levantado una ola de quejas entre los trabajadores obligados a asumir condiciones mucho más precarias que el resto del personal médico protegido por el sistema de Seguridad Social.  

Dentistas de franquicias o cadenas como Vitaldent, Dentix o Idental aseguran que sus condiciones de trabajo rozan la precariedad y que el sistema los presiona para vender productos y servicios que el paciente no necesita.  

"Profesionales como los protésicos dentales o empresarios se han aprovechado de la excesiva permisividad de la legislación para trabajar como dentistas, como es el caso del fundador de Vitaldent. Eso es impensable en otros países de Europa. Contratan a dentistas autónomos que no tienen derecho a vacaciones y es una situación que la inspección laboral no ha controlado", explica Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España.  

El Colegio de Odontólogos de Valladolid denunció en septiembre pasado a la clínica iDental por operar en esa localidad en un centro sin autorización de funcionamiento ni registro sanitario. Y el Consejo General de Dentistas advierte que algunas cadenas como Dentix, que promociona Iker Casillas en televisión, anuncia implantes dentales por 222 euros cuando la realidad es que el precio de esos tratamientos se ubica entre los 1.400 y 1.500 euros.  

Pocas opciones laborales

Los fisioterapeutas recién graduados tienen una salida natural en las cadenas y las franquicias que se expanden por toda España. En Madrid, hay 8.700 profesionales en esta área pero sólo 800 trabajan en el colapsado sistema de salud público.  

Las posibilidades de inserción en el sistema público son limitadas y las posibilidades de éxito entre los que abren consulta al apenas reciben la tituación universitaria son casi nulas. Este año salen a oposición 76 plazas, pero no supondrán un crecimiento de plantilla sino que servirán para consolidar las plazas de interinos. Y mientras la sanidad pública restringe la entrada, las redes privadas se expanden con rápida velocidad.  

La burbuja 

"Es posible que estemos frente a un burbuja en el sector, porque vemos en las calles principales hasta 15 centros de fisioterapia. Algunos de los centros no han sido montados por profesionales sino por empresarios y se desvirtúa la salud como servicio público", explica José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.  

La rápida expansión de centros de fisioterapia bajo la modalidad de franquicia ha hecho emerger las primeras denuncias de franquiciados en contra de una marca. Se trata de Fisioquiros, una cadena que contó con 14 establecimientos en España pero que, tras los cierres y conflictos, sólo dispone cinco actualmente.  

"Nos vendieron el centro con una contabilidad falsa. Nos presentaron ganancias de hasta 5.000 euros cuando en realidad estaban en fuertes pérdidas", explica Anita Dreher, una de las franquiciadas afectadas.  

Recoger toallas o hacer depilaciones

La búsqueda de la máxima rentabilidad en estas franquicias ha hecho que algunas cadenas utilicen a los profesionales de la medicina para otras labores muy diferentes.  

"Son obligados a recoger las toallas o incluso hasta a hacer depilaciones. No es que ese trabajo no sea digno sino que no deberían hacer este tipo de trabajo ajeno a su formación", explica el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.  

El Colegio está preocupado por la merma en la credibilidad del gremio, por lo que trabaja para promover una certificación de calidad entre los centros que cumplan con los estándares, protocolos y servicios que debería disponer todo centro de fisioterapia. De momento será voluntaria, pero los profesionales propondrán que sea obligatoria. 
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